El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra el decreto legislativo 308, que dio vida a la Ley de Agentes Extranjeros. La normativa, aprobada con dispensa de trámite por una Asamblea Legislativa en su mayoría por el partido Nuevas Ideas, en mayo de 2025, es señalada por criminalizar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos.
Redacción
Organizaciones sociales y populares agrupadas en el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, contenida en el decreto legislativo número 308, aprobado el pasado 20 de mayo por la Asamblea Legislativa con mayoría del partido Nuevas Ideas.
La normativa, conocida como LAEX, es señalada por restringir los derechos fundamentales de libertad de expresión, asociación, organización y participación ciudadana. “Después de un estudio exhaustivo y a profundidad del proceso de aprobación, contenido y su reglamento, consideramos que violenta al menos una decena de artículos de la Constitución de la República, principalmente los referidos a la legalidad, igualdad, derechos de expresión, organización y participación. Representando un grave retroceso en materia de derechos humanos y debilitamiento del Estado de Derecho ”, aseguraron los representantes del movimiento durante la presentación.
Entre los artículos constitucionales que se alegan como vulnerados están los números 1, 2, 6, 7, 11, 18, 85, 103, 135, y 144. Además, los demandantes señalaron vicios de forma graves como la aprobación exprés sin consulta ciudadana y sin estudio técnico, así como disposiciones “discrecionales y desproporcionadas” como el impuesto del 30 % a fondos provenientes del extranjero.
Es preocupante que la Ley de Agentes Extranjeros se atribuya con discrecionalidad el registro, excepción y funcionamiento de las organizaciones sociales. Donde, también se atribuye confiscar bienes e imponer multas desproporcionadas a las organizaciones, principalmente aquellas que les incomodan porque hacen denuncia de violaciones de derechos humanos, hacen críticas al desmantelamiento del Estado de derecho y la independencia de poderes.
En su demanda, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la ley mientras la Sala analiza su constitucionalidad. También, hicieron un llamado a la ciudadanía a exigir su derogación y denunciaron que la normativa ya ha tenido efectos graves, como la salida del país de más de 130 personas defensoras de derechos humanos, 80 de ellas en los últimos tres meses, por temor a ser perseguidas o encarceladas.
Mencionaron que esta ley se propone por Nayib Bukele luego que la cooperativa El Bosque solicitara su ayuda para evitar el desalojo de sus tierras. Tras la protesta pacífica fueron criminalizados Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque y el abogado defensor de derechos humanos, Alejandro Henriquez.
Ley de Agentes Extranjeros
La Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) fue aprobada el 20 de mayo de 2025 por la Asamblea Legislativa, integrada en su mayoría por el partido Nuevas Ideas, mediante un proceso exprés con dispensa de trámite, sin consultas previas ni discusión técnica. Su propósito es regular las actividades y el financiamiento de personas naturales y jurídicas que reciban fondos del exterior para “proteger los intereses y la seguridad nacional”.
Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han advertido que esta ley criminaliza y restringe el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes, defensoras y defensores de derechos humanos, imponiéndoles cargas desproporcionadas y discrecionales.
Entre los puntos más críticos de la ley se encuentra la obligación de registrarse como «agentes extranjeros», la posibilidad de cancelar personerías jurídicas, confiscar bienes y establecer un impuesto del 30 % sobre los fondos externos recibidos.
Además, la LAEX otorga amplias facultades al Ejecutivo para autorizar o negar operaciones de organizaciones que reciben financiamiento internacional, sin mecanismos de control independientes ni posibilidad de defensa adecuada.
La aprobación de esta normativa ocurre en un contexto de creciente autoritarismo y concentración de poder. Para muchas organizaciones, la LAEX representa un grave retroceso democrático y una herramienta para silenciar la crítica y desmantelar la sociedad civil independiente en El Salvador.