Desde la madrugada del 11 de enero de 2023, cinco líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta fueron capturados bajo una acusación que, según diversas organizaciones, se demostró infundada. Denuncian que el objetivo de las detenciones fue criminalizar su labor en defensa del territorio y su oposición a la reactivación de la minería en El Salvador.
Por: Redacción
A 30 meses de la captura arbitraria de los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han denunciado una serie de violaciones al debido proceso, así como un patrón de persecución judicial contra quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos en El Salvador.
En octubre de 2023, los líderes de Santa Marta fueron sobreseídos definitivamente por falta de pruebas. Sin embargo, un mes después, a solicitud de la Fiscalía General de la República, el fallo absolutorio fue anulado, ordenando la repetición del juicio. Desde entonces, la nueva vista pública ha sido suspendida en al menos cinco ocasiones y ahora está programada para los días 29, 30 y 31 de julio de 2025 en el Juzgado de Sentencia de San Vicente.
Durante su detención, los líderes fueron víctimas de condiciones inhumanas dentro del sistema penitenciario, sufriendo sed, hambre y hacinamiento. A esto se suma el impacto económico y social de su encarcelamiento, ya que han estado imposibilitados de trabajar y de sostener a sus familias, así como de continuar su lucha contra la minería metálica en el territorio de Cabañas.
Casos en reserva y hostigamiento a defensores
El caso de Fidel Zavala, reconocido defensor comunitario, se mantiene actualmente bajo reserva judicial, lo que impide el acceso a información clave sobre su situación legal. Las organizaciones advierten que este tipo de prácticas oscurece la transparencia judicial y vulnera su derecho a la defensa.
También se pronunciaron por el caso del abogado Alejandro Henriquez y el pastor José Ángel Pérez, que fueron arrestados en la madrugada del 12 y 13 de mayo luego de participar en una protesta pacífica de la comunidad Cooperativa El Bosque, que exigía detener un desalojo previsto para más de 300 familias. Según la Fiscalía, se les acusa de desórdenes públicos y resistencia agresiva, acusaciones que la defensa califica de infundadas, dado que las movilizaciones no involucran violencia ni perturbación del orden público.
Asimismo, las organizaciones se refirieron al caso de Ruth López, abogada constitucionalista y jefa de la Unidad de Anticorrupción de Cristosal, quien fue detenida de forma arbitraria el pasado 18 de mayo.
Ruth fue presentada ante el juzgado más de dos semanas después de su detención, en clara violación del plazo constitucional de 72 horas. Desde entonces, permanece en prisión bajo un proceso judicial en reserva.
El 4 de julio, la abogada fue trasladada de manera arbitraria desde las bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil en San Salvador al centro penal de Izalco.
Según Cristosal, ni su familia ni sus abogados fueron notificados del traslado, durante varios días, su paradero permaneció desconocido para su defensa, lo que generó denuncias de incomunicación e incertidumbre sobre su integridad física y emocional .
Ante esta situación, Amnistía Internacional se pronunció el pasado 12 de julio, declarando a Ruth López como presa de conciencia, junto con el abogado Alejandro Henríquez y el defensor ambiental José Ángel Pérez. La organización considera que sus detenciones se deben exclusivamente a su labor pacífica en defensa de los derechos humanos y voces críticas frente al actual gobierno salvadoreño.
Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública”.
Estas detenciones al igual que la de los líderes de Santa Marta, refleja un contexto preocupante en el que el sistema penal es utilizado como herramienta de represalia política, mencionaron las organizaciones.
«No es justicia, es persecución»
Frente a este panorama, las organizaciones han reiterado su preocupación por el uso del sistema penal como mecanismo de represión política. Denuncian que las actuaciones judiciales contra los líderes de Santa Marta y otros defensores forman parte de un patrón sistemático de criminalización.
“Esto no es justicia, es persecución. Quieren castigar a quienes defienden el territorio y los bienes comunes”, señaló el Bloque de Resistencia Popular.
Aseguran que continuarán con las denuncias públicas y acompañamiento legal, así como con las exigencias ante organismos internacionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el cese de la persecución política en El Salvador.
