El discurso presidencial de Nayib Bukele del 1 de junio de 2025 no solo marcó el inicio de su segundo mandato, este inconstitucional, sino que también reafirmó una narrativa oficial centrada en la seguridad y el orden, que contrasta con las denuncias persistentes sobre violaciones a derechos humanos.
El discurso presidencial reforzó una visión autoritaria del poder, debilitando el Estado de derecho y restringiendo espacios fundamentales para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador, lo prefiero a que maten a salvadoreños en la calle», dijo Nayib Bukele durante su primer discurso al asumir un segundo mandato presidencial consecutivo, desafiando abiertamente el límite constitucional de cinco años establecido en el artículo 152 de la Constitución de El Salvador.
Su estrategia discursiva se enmarca en presentar la seguridad como un valor superior a la democracia y los derechos fundamentales.
Rodeado de un imponente operativo militar y policial, además de las calles cerradas desde tempranas horas de la tarde, Bukele ingresó al Teatro Nacional entre simpatizantes congregados en la Plaza Morazán. Sin embargo, en lugar de presentar el informe anual de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, como lo exige la ley, optó por dar un discurso político que se extendió por aproximadamente 1 hora y 16 minutos.
Desde el inicio, Bukele desacreditó las evaluaciones internacionales sobre el estado de la democracia en El Salvador. Hizo referencia al Índice de Democracia publicado por The Economist en febrero de 2024, donde el país aparece en el puesto 95 de 167 naciones evaluadas.
The Economist evalúa las democracias a partir de proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultural política y libertades sociales, esta evaluación las clasifica de acuerdo a notas, en un rango de 1 a 10, en cuatro categorías: Democracias plenas, democracias debilitadas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Con una calificación inferior a 5 se sitúa a El Salvador dentro del grupo de “regímenes híbridos”, es decir, países con elecciones formales pero debilitamiento de instituciones democráticas.
Bukele rechazó estos indicadores, calificándolos como parte de agendas «globalistas» que -según él- manipulan conceptos como Estado de derecho y derechos humanos para imponer modelos, «Prefiero la seguridad que la democracia. Quien diga que es un país democrático pero nada seguro, entonces no tiene ninguna de las dos», expresó Este tipo de afirmación refuerza su narrativa y las instituciones de gobierno que tratan de presentar a la democracia como incompatible con la seguridad, justificando así políticas autoritarias.
Las desapariciones de hoy que el gobierno no quiere hablar
Bukele afirmó que las desapariciones han disminuido significativamente durante su gestión. Sin embargo, este discurso se contrapone con las cifras de las organizaciones sociales. Para las mujeres la violencia no ha dado tregua, incluso, durante el periodo de confinamiento se registraron 541 desapariciones de mujeres. Las mujeres continúan desapareciendo, organizaciones continúan emitiendo alertas de niñas y mujeres desaparecidas en El Salvador, las madres siguen buscando a sus hijas e hijos, siguen esperando a que sean encontrados.
Asimismo, organizaciones sociales en el informe “3 años del Régimen de Excepción: tortura sistemática en las cárceles de El Salvador” contabilizan 540 desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción, entre marzo de 2022 a febrero de 2025. Además de una suma de hechos violatorios de derechos humanos ocurridos durante el régimen. Por lo que su política de seguridad no es más que una violación a los derechos humanos que incumple estándares internacionales, según las mismas organizaciones.
Criminalización de organizaciones sociales y vigilancia al financiamiento
Uno de los ejes más preocupantes del discurso fue la defensa de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el pasado 20 de mayo. Esta ley otorga al Ejecutivo amplios poderes para decidir qué organizaciones pueden operar legalmente en el país y además les impone un 30% de impuesto sobre los ingresos recibidos desde el extranjero. La Ley fue publicada en la edición del 30 de mayo de El Diario Oficial, entrará en vigencia el 7 de junio.
Aunque Bukele ha expresado que las organizaciones humanitarias estarían exentas, estableció un criterio ambiguo al afirmar que las que realicen actividades políticas deberán pagar. Este punto abre la puerta a interpretaciones que permiten al gobierno restringir o castigar a organizaciones que fiscalicen su gestión o denuncien abusos de poder.
La vaguedad del término «actividades políticas» deja en manos del Ejecutivo la capacidad de censurar, vigilar o incluso cerrar espacios fundamentales para la defensa de derechos humanos, atención a víctimas, justicia ambiental o acompañamiento a poblaciones históricamente vulneradas.
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto de creciente hostilidad contra las organizaciones sociales, acusadas constantemente por funcionarios y medios afines al oficialismo de responder a “intereses extranjeros”, “defender criminales” o ser parte de conspiraciones contra el gobierno. Este tipo de discurso estigmatizante no sólo deslegitima su trabajo, sino que coloca en riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos.
El periodismo crítico como enemigo
“Activistas disfrazados de periodista”, Bukele expresó que el periodismo, que antes consideraba una carrera noble, ahora lo ve como propaganda. Argumentó que la mayoría de los medios tienen una agenda, lo que cuestiona su objetividad. El presidente acusó a la prensa internacional de difundir narrativas que buscan desestabilizar gobiernos que no se alinean con sus intereses.
Sin embargo, Bukele ha dirigido ataques directos a medios independientes salvadoreños y a periodistas que han investigado su administración. Estos ataques incluyen descalificaciones públicas, acusaciones y restricciones al ejercicio periodístico, lo que ha generado un ambiente de hostilidad hacia la prensa independiente en el país.
Según el Informe de Libertad de Prensa 2024 de la Asociaciòn Salvadoreña de Periodistas, El Salvador ha experimentado un retroceso sin precedentes en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Frontera, pasando del puesto 66 en 2018 al lugar 133 de 180 países en 2024, lo que representa un descenso de 47 posiciones bajo la administración de Bukele.
Gran parte de su discurso fue dedicado a la prensa independiente, la que por un lado dice que no le importa porque no tienen relevancia. Su discurso buscó responder desde la manipulación y la matonería a trabajos periodísticos que han dejado al descubierto las falacias en las que se fundamentan sus estrategias de seguridad, como el pacto con pandillas que le permitió llegar al primer y único mandato constitucional.
No hay nada nuevo en su discurso, persiste la falta de datos, la rendición de cuentas y abundan las amenazas a quien llama opositores. Esta vez, sin embargo, la concentración de personas frente al Teatro Nacional lucía más vacía, muchas personas se fueron antes de que terminara el discurso, otras tantas ni sabían de qué era el evento. La prensa, tras los trámites que implicó la cobertura, sin embargo ahí estaba, otra vez, escuchando, y dejando constancia del paso de un dictador en tiempos que deberían ser de democracia. Porque incluso en contextos de represión, escribir, documentar y contar también es resistir.
