Por Reiny Ponce
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres de la RED FEM realizó una encuesta sobre la percepción de seguridad para las mujeres en El Salvador, el estudio reveló que un 82% de las mujeres encuestadas enfrentó algún tipo de violencia en el 2024.
La violencia física fue la más identificada, con un porcentaje del 34 %, seguida de la violencia económica con el 23 % y feminicida con un 12 %. Sin embargo, un 65 % manifestó que no denuncia por temor a represalias de sus perpetradores o incluso de las autoridades. Mientras que un 45 % expresó no denunciar por desconfiar en el sistema de justicia.
De acuerdo a la RED FEM, a pesar de que existe una baja en los homicidios, la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se mantiene casi invariable debido a que existe una ausencia de políticas públicas y acciones de seguridad con enfoque de género. Un 14% de las encuestadas manifestó que políticas como el régimen de excepción no permiten que El Salvador se pueda sentir como un país seguro.
Además, la RED FEM manifiesta que abordar la violencia desde un enfoque integral sigue siendo un reto para el país.
Para María Teresa Trejo, directora de Las Dignas, es importante abordar la violencia desde un enfoque integral pero explica que primero se debe reconocer. “Es indispensable que el Estado reconozca que es un problema estructural, que no son hechos violentos aislados. Por lo tanto, se requiere de políticas públicas, de programas y presupuestos para la prevención, la atención y el acceso a la justicia a las víctima solo entonces podremos decir que se está trabajando por erradicar las causas que perpetúan esta violencia”.
Trejo destaca cuatro aspectos para un abordaje integral: la prevención y educación que incluya un enfoque no sexista; la atención y protección a las víctimas que cumpla su rol de institución rectora de la normativa nacional de género, que implica fortalecer, no debilitar al ISDEMU y otras instituciones; la justicia y sanción efectiva: implica combatir la impunidad asegurando que los agresores sean investigados y sancionados.
Es fundamental que el sistema judicial incorpore perspectiva de género; y la transformación cultural y social para desafiar las normas patriarcales que normalizan la violencia contra las mujeres, promoviendo cambios en las narrativas oficiales mediáticas y en las políticas públicas.
Un 26 % demanda el cumplimiento de leyes, políticas de seguridad, servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, educación para la paz y derechos humanos.
La RED FEM exhorta al Estado a diseñar, presupuestar y ejecutar acciones de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Abordar los hechos de violencia de manera diferenciada y con un presupuesto específico. Además de prevenir acciones para erradicar la violencia.