Por Reiny Ponce
La Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RED FEM) demanda la garantía de la vida, seguridad y bienestar de las mujeres. Asimismo, en conferencia de prensa, expuso los retrocesos a los derechos humanos de las mujeres en El Salvador.
La RED FEM manifestó que las mujeres enfrentan un debilitamiento del sistema de protección, con múltiples obstáculos para el acceso a la justicia y defensa de los derechos humanos.
Además señalaron los impactos en la vida de las mujeres de la disminución o eliminación de presupuestos como el FODES. Agregaron que las políticas de seguridad no han logrado disminuir la violencia contra las mujeres.
De acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República, 20 950 hechos de violencia ocurrieron en el periodo de junio de 2023 al mayo de 2024, clasificados en violencia feminicida, sexual, psicológica, física y patrimonial. Además de un incremento del 15 % de hechos de violencia en comparación con el periodo de junio de 2022 a mayo de 2023.
Para Silvia Juárez, coordinadora del programa para una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, las mujeres sostienen las redes de la vida por lo que no se debería estar conmemorando un 8 de marzo si el Estado garantizara los derechos.
“Las mujeres son las que están sosteniendo a las familias desde los cuidados. Defienden todas las fuentes de vida incluyendo el agua, la tierra, las causas justas y abogan por la justicia. Mantienen organizaciones comunitarias para su propio desarrollo”.
La RED FEM relevó que en el 2024 se registraron 38 feminicidios. Además, que la violencia estructural avecina una catástrofe ambiental como es la aprobación de la minería metálica; mientras que el régimen de excepción sigue impactando.
María Teresa Trejo, directora de Las Dignas, explica que actualmente existe un retroceso de 30 años en materia de derechos para las mujeres porque no hay estadísticas sobre la violencia.
“Al movimiento feminista nos tocaba documentar (casos) para visisibilizar ante el Estado que había violencia ejercida hacia los cuerpos por su condición de ser mujeres. Producto de las luchas de organizaciones de mujeres y de la aprobación de normativas como la LEIV y la LIE, el estado estaba obligado a registrar la violencia. Consideramos que debido a que se está vendiendo la imagen de un país seguro se está escondiendo este tipo de violencia”.
La militarización y detenciones arbitrarias han expuesto a las mujeres a violaciones de derechos, a una carga adicional de los cuidados y disminución de ingresos. Se reportan 25 mujeres privadas de libertad que perdieron la vida bajo custodia del Estado.
Las organizaciones que integran la RED FEM expresaron que brindan acompañamiento con asesoría legal y atenciones psicológicas.
Amarante Portillo, integrante de Las Mélidas, considera que la salud mental ha sido una deuda del Estado y tiene importancia cuando las mujeres inician la ruta por el acceso a la justicias porque se enfrentan a obstáculos y revictimización. “Es importante poder brindar un acompañamiento que garantice que la mujer pueda superar esos obstáculos”.
Ante este contexto, la RED FEM demanda el cumplimiento de la Ley Integral para una vida de violencia para las mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), estrategias para reducir la violencia; la prohibición de la minería; protección de personas defensoras y el fin de las detenciones arbitrarias; y dejar de ocultar datos sobre violencia contra las mujeres.
