Un estudio analiza 1,019 casos de violencia hacia la población LGBTIQ+ en Centroamérica. En El Salvador, el Estado emerge como uno de los principales agresores, según denuncias recogidas entre 2000 y 2024.
Por Fátima Cruz
Las organizaciones Asociación Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica AMATE El Salvador (AMATE) y la Asociación Aspidh Arcoiris Trans (ASPIDH) presentaron la investigación: Evidenciando la violencia por prejuicio hacia personas LGBTIQ+ en Centroamérica, que contempla la estandarización y análisis de casos, con datos de cinco organizaciones de la Sociedad Civil a nivel regional.
Son 1,019 casos documentados en países de la región, los cuales evidencian cómo la discriminación y violencia por prejuicio afectan de manera sistemática a las personas LGBTIQ+.
En El Salvador, se han registrado 364 casos de violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+, de los cuales el 30% de las personas se identifican como gay, el 15% como bisexuales y el 11% como lesbianas, mientras que el 38% no reporta su orientación sexual.
En cuanto a la identidad de género, el 41% son hombres cisgénero, el 40% son mujeres trans, un 16% mujeres cisgénero. Un 3% de los casos corresponden a hombres trans y el 1% no compartió su identidad de género.
El 98% de los casos reportan violaciones a derechos como a la no discriminación y el derecho a no ser detenidos arbitrariamente. Los perpetradores incluyen a policías, autoridades y funcionarios en el 45% de los casos, mientras que el 12% fueron cometidos por desconocidos. El 27% de las víctimas tenían entre 19 y 29 años.
Tatiana Marroquín, investigadora del proyecto, explicó que en El Salvador las mujeres trans son uno de los grupos más vulnerables en el actual régimen de excepción. Señaló que muchas de estas detenciones son arbitrarias, basadas en la discordancia entre la identidad de género y los documentos legales.
“El Estado, que debería garantizar nuestros derechos, aparece como un actor que violenta, principalmente a través de instituciones como la Policía Nacional y la Fuerza Armada”, destacó.
El documento señala que en El Salvador, la población LGBTIQ+ enfrenta un contexto hostil caracterizado por una ola de narrativas y acciones que atacan su existencia y derechos, particularmente desde discursos oficiales del Estado.
Asimismo, muchas de las personas que han compartido su información con las organizaciones han denunciado ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, bajo el Régimen de Excepción.
Gonzalo Montano, de AMATE, explicó la importancia de estos datos: “Es fundamental porque dan un hecho objetivo de lo que denunciamos: la violencia y la discriminación. Los datos nos brindan evidencia de cuántas personas somos afectadas por la violencia basada en prejuicios”.
Mencionó que este proceso permitió compartir una metodología común con otras organizaciones centroamericanas, reforzando la importancia de generar cifras concretas para poder incidir políticamente.
La población más afectada en El Salvador incluye a hombres gay y mujeres trans, siendo estos los grupos que enfrentan los niveles más altos de violencia física, psicológica y sexual, de acuerdo al informe. La informalidad laboral, mencionada como un desafío particular para estas poblaciones, agrava su vulnerabilidad.
Montano recalca que “muchas de las personas víctimas de violencia no tienen trabajo o se encuentran en trabajos informales, lo que las deja aún más expuestas”. La falta de empleo formal también es un factor clave para entender cómo la violencia se perpetúa.
Para Montano estos datos también son una oportunidad para generar cambios. «Este tipo de estudios nos ayuda a visibilizar y reconocer la violencia como una problemática real, y lo más importante, a generar herramientas para incidir en las políticas públicas», afirmó.
Además, agregó que es fundamental generar una reflexión colectiva sobre las diversas problemáticas que afectan a los países, incluyendo aquellas que impactan de manera particular a grupos vulnerables como la población LGBTIQ+.
«Es un llamado a la sociedad centroamericana en general a reflexionar cómo esto también impacta la vida, que ahí está lo más determinante. Al final, el objetivo es claro: hacer que los datos hablen para transformar realidades, concluyó.
