En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, diversas organizaciones y comunidades se unieron en la vigésima cuarta Caminata Ecológica, en San Salvador. Las organizaciones se han dirigido los últimos dos años consecutivos hacia el presidente de la República y este año caminan a la Asamblea Legislativa. En ambos espacios no han sido escuchadas sus propuestas de políticas públicas para un medio ambiente sano, justicia ambiental, seguridad y soberanía alimentaria.
Por Fátima Cruz
Multimedia Ana Gómez
Se llevó a cabo la vigésima cuarta edición de la Caminata Ecológica, que recorrió del Parque Cuscatlán a la Asamblea Legislativa. Ahí, presentaron propuestas ciudadanas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la justicia ambiental, frente a la crisis hídrica, de seguridad y soberanía alimentaria, y riesgos de biodiversidad.
Las organizaciones piden incluir en la agenda legislativa, con carácter urgente, un marco legal para combatir el hambre y adaptación al cambio climático desde la Ley de Soberanía Alimentaria; actualizar la ley de Protección Civil para prevenir y mitigar desastres, así como modificar la Ley General de Recursos Hídricos para que permita integrar un marco de trabajo sobre la protección de las cuencas hidrográficas con responsabilidades establecidas para la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y para otras instancias involucradas en estas actividades.
También, exigen incorporar mecanismos para una gobernanza eficiente, que promueva y asegure una participación ciudadana efectiva en la administración de bienes hídricos, que permita transparentar la función pública en todo lo relacionado con la Ley General de recursos hídricos.
La movilización contó con la participación de iglesias históricas, comunidades religiosas, organizaciones sociales, ambientalistas, estudiantes, sindicalistas, grupos de mujeres, comunidades indígenas y otros sectores.
«Las mujeres estamos presentes para decir que el Estado debe poner atención a políticas públicas vinculantes a la soberanía alimentaria y al cambio climático, y promover una agricultura ecológica», declaró una de las representantes de las organizaciones ambientalistas.
La discusión de la Ley de Cambio Climático, presentada en 2016, también fue un tema central. A pesar de que el riesgo climático ha aumentado en El Salvador, con impactos evidentes en la temperatura, la disponibilidad de agua y la producción de alimentos, esta ley no ha sido discutida en las comisiones respectivas. La propuesta de ley incluye medidas de mitigación, adaptación y manejo de pérdidas y daños frente a eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en el país.
Las propuestas de las organizaciones también abordan temas cruciales como la tenencia de la tierra, la eliminación de agrotóxicos y la producción de transgénicos.
«El reporte sobre crisis alimentaria mundial 2023 que presentó FAO, advierte que hay cerca de un millón de salvadoreños y salvadoreñas en fase 3: crisis en seguridad alimentaria, eso es el 16% de la población. El Salvador es uno de los 18 puntos de hambre en el mundo desde el 2022. Este mismo reporte menciona que el PIB a 2023 se verá disminuido en al menos el 7% a causa de los impactos climáticos extremos sobre la agricultura», según comunicado brindado por Caminata Ecológica.
Por otro lado, las organizaciones criticaron la actual medida gubernamental de entrega del bono agrícola, la cual consideran insuficiente y perjudicial para la producción sostenible de alimentos. También, mostraron su preocupación sobre la crisis hídrica, la seguridad y soberanía alimentaria, y los riesgos a la biodiversidad. Exigieron a los tomadores de decisiones que retomen estos temas en beneficio de las comunidades más vulnerables.
En ediciones anteriores, la Caminata Ecológica ha llegado hasta la Casa Presidencial, sin mayores resultados. «Nos han atendido bien, pero no hemos tenido respuesta alguna a nuestras exigencias. Frente a la magnitud de la crisis ambiental, el modelo económico extractivista solo ha otorgado más permisos a empresas privadas, en detrimento de las comunidades», lamentaron las organizaciones.
Este año se dirigieron a la recién juramentada Asamblea Legislativa, en su mayoría conformada por el partido Nuevas Ideas. Sin embargo, solo el grupo parlamentario VAMOS recibió sus propuestas. La caminata buscó recordar a los diputados y diputadas la importancia de los temas ambientales, los cuales han sido relegados en la agenda legislativa.
“La anterior legislatura, de la cual muchos de los 60 diputados actuales forman parte, quedan deudas con la población al no ratificar la reforma constitucional que reconocía como fundamentales los Derechos Humanos al agua, el saneamiento y la alimentación”, afirma el comunicado brindado por Caminata Ecológica.
Durante la caminata, recordaron la necesidad de una reforma constitucional que reconozca el derecho humano al agua y a la alimentación. «El primer bastión que debemos tener, un derecho constitucional. Puede haber muchas leyes, pero sin respaldo constitucional, no tenemos protección real», afirmaron, destacando que esta es una recomendación de la ONU.
5,061 permisos ambientales otorgados en cinco años
Las organizaciones afirman que se han otorgado 5,061 permisos ambientales en cinco años. Por ello, cuestionaron la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente para procesar estos permisos sin afectar la vida de las poblaciones. «No queremos más desplazamientos por proyectos extractivistas. Nos dirigimos a la Asamblea Legislativa para ser escuchados y que nuestras propuestas de ley sean discutidas y aprobadas», exigieron.
Sidia Cortez, integrante de Mujeres Ambientalistas de El Salvador y Ecofeminismo, explicó que las «mujeres feministas, junto con el movimiento social, exigimos al gobierno soberanía alimentaria, derechos al agua y derechos a la tierra». Estas demandas surgen en un contexto en el que, según las activistas, la situación ambiental ha empeorado significativamente en comparación con el año anterior.
«El Gobierno ha otorgado muchos más permisos ambientales que en años anteriores. Desde que comenzó esta administración, los permisos se han triplicado, lo que nos preocupa de gran manera», afirmó. Este aumento de permisos, facilita la implementación de megaproyectos que desplazan comunidades y transforman tierras agrícolas en otros usos, exacerbando la crisis alimentaria en el país.
Crisis ambiental y desplazamientos por Megaproyectos en El Salvador
La situación ambiental en El Salvador continúa siendo crítica. La actual administración gubernamental enfrenta acusaciones de agravar la crisis ambiental mediante megaproyectos que desplazan a las comunidades y exacerban la inseguridad alimentaria.
Según representantes del Foro del Agua, la situación ambiental en el país sigue siendo alarmante. «A lo largo de las diferentes administraciones gubernamentales, no ha habido un compromiso serio con los temas ambientales, y la administración actual no es la excepción. Los últimos cinco años y los próximos que nos esperan se caracterizan por un modelo económico que incrementa la injusticia climática y ambiental para las comunidades», afirmaron.
Consideran que el gobierno central impulsa megaproyectos financiados con dinero público, que desplazan a las personas y transforman territorios destinados a la producción de alimentos en áreas destinadas a otros usos, como el turismo. Lo anterior, agrava la crisis alimentaria en el país, afectando especialmente a las mujeres en zonas rurales, quienes en muchos casos deben renunciar a una comida diaria para alimentar a sus hijos e hijas.
«Hemos traído propuestas de ley bien estudiadas y fundamentadas, que permitirían combatir esta crisis de hambre. Por eso pedimos una Ley de Cambio Climático y una Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional para el país», declararon.
La falta de información oficial sobre los desplazamientos causados por estos megaproyectos es notoria. Sin embargo, exponen que solo basta con visitar áreas como La Libertad y La Paz para observar el desplazamiento de comerciantes locales y comunidades enteras. Avisos de nuevos propietarios en terrenos donde antes vivían estas comunidades son comunes, como en Isla Tasajera y la Isla Espíritu Santo. Además, el régimen de excepción ha intimidado a la población, evitando que se pronuncie contra esta situación.
Las mujeres y los menores de edad son los más afectados en esta crisis, como señala Naciones Unidas. En situaciones de escasez de alimentos y recursos naturales, son las mujeres quienes deben afrontar la situación con escasos recursos y sin ingresos fijos. En muchas comunidades, con hombres mayores y jóvenes presos, las mujeres son las que deben generar recursos y alimentar a sus familias.
La crisis ambiental y alimentaria en El Salvador es evidente y requiere atención inmediata. Las comunidades desplazadas y afectadas esperan que sus voces sean escuchadas y que se tomen medidas concretas para abordar estos problemas urgentes, afirman.
Por ello, las organizaciones insisten en la importancia de reconocer constitucionalmente el derecho al agua y a la alimentación. Asimismo, solicitan que al ser el agua un bien estratégico para el país, no debe administrarse a espaldas de la ciudadanía.