Madres y padres de familia de los 11 estudiantes capturados arbitrariamente el pasado 11 de Abril en la Colonia Nueva Cruzadilla de San Juan, municipio de Jiquilisco en Usulután, dieron su versión de los hechos y desmintieron las declaraciones del Ministro de Seguridad, Guillermo Villatoro y de la Policía Nacional Civil que les acusaron de pertenecer a agrupaciones ilícitas.
Por: Ana Gómez
Madres y padres de familia de los 11 estudiantes que fueron capturados arbitrariamente el pasado 11 de abril en la Colonia Nueva Cruzadilla de San Juan, municipio de Jiquilisco en Usulután, desmintieron las declaraciones del Ministro de Seguridad, Guillermo Villatoro y de la Policía Nacional Civil.
Según los hechos, el 11 de abril, sus hijos fueron a estudiar con normalidad hasta que a las 10:00 a.m., fueron enviados de los centros escolares a sus casas.
Esa mañana, los agentes policiales entre 10:00 a.m. hasta las 12:00 m.d. sacaron a los estudiantes uno por uno de sus domicilios, sin explicaciones se los llevaron y sin orden de captura.
Erick Rivera, uno de los padres, narró que los agentes policiales buscaron a su hijo y le ordenaron que se subiera al carro porque irían a la escuela.
Erick Rivera, uno de los padres, narró que los agentes policiales buscaron a su hijo y le ordenaron que se subiera al carro porque irían a la escuela.
– ¿Para dónde lo lleva señor agente?
– A la escuela. – respondió-
– Entonces, si me permite solo me voy a poner algo adecuado y voy con ustedes. – dijo Erick.
“No me esperaron, solo dieron la vuelta […] de nuestros propios medios buscamos un transporte para que nos llevará rapidito a la delegación […] cuando llegamos, ya estaba como todo un criminal” narró Erick.
En la noche del 11 de abril, el Ministro Guillermo Villatoro publicó en X la captura de 11 menores acusados de realizar grafitis alusivos a agrupaciones ilícitas. Lo que generó una serie de reacciones criminalizando y estigmatizando a los estudiantes.
En la audiencia inicial que se realizó el pasado 25 de abril, se verificó que no hay pruebas que sustenten las acusaciones contra los estudiantes. El 3 de mayo llevaron a cabo una revisión corporal para verificar si portan marcas o tatuajes, no se encontró ninguna marca ; y el 4 de mayo fueron trasladados al penal de Ilobasco.
“Ellos no son unos criminales, son unos adolescentes que estudian. Yo al niño le estaba enseñando a trabajar en mi casa. Yo no lo dejaba salir a la calle”, dijo Elsy Fuentes, madre de uno de los estudiantes, quien el agente policial se lo llevó para hacerle unas preguntas, pero ya no regresó, fue capturado.
En el territorio del Bajo Lempa, son 110 niños y niñas que por el Régimen de Excepción están en orfandad y ahora, son doblemente reprimidos, con las capturas que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, sin medir las consecuencias.
Salvador Ruiz, integrante de la Comunidades Eclesiales de Base (CEB) del Bajo Lempa, señaló que los 11 estudiantes fueron una prueba del relanzamiento de la política de control para amedrentar a los y las estudiantes en los centros escolares, ya que el mismo día de las capturas, la Dirección Departamental de Educación del departamento de Usulután giró la orden de registrar a «alumnos rebeldes, antisociales».
“La Dirección Departamental de Educación a través de sus lineamientos ha actuado de forma irresponsable y en complicidad en la captura de nuestros hijos. Por tanto les hacemos responsables de la vulneración causada a sus derechos, de los daños psicológicos, físicos que les pueda suceder”, señalaron las madres y los padres afectados
Existe el temor de que los centros escolares hayan colaborado en la captura arbitraria de los estudiantes, puesto que han abierto las puertas para que la PNC den charlas a los alumnos y alumnas.
Los padres y las madres señalan que si los estudiantes tienen algún tipo de conflicto en los centros escolares deben consultarles, “para eso estamos los padres, que nos convoquen a una reunión y nos digan: su hijo está faltando en esto, y como padres vemos qué hacer con ellos” comentó Erick Rivera.