Dar seguimiento a las políticas públicas que marcan la pauta de los derechos humanos de la población en general, y en particular de las niñas y las mujeres en el tema de los cuidados, es parte de los objetivos de la Red de Corresponsabilidad de Cuidados en El Salvador, conformada por diez organizaciones que trabajan por la igualdad y el reconocimiento del valor del trabajo de los cuidados. Ellas impulsan la creación de políticas públicas que reconozcan estas actividades económica y socialmente.
Por: Eugenia Olán
En noviembre de 2023, se impulsó la Política Nacional de Cuidados, que busca establecer espacios y ampliar los servicios que respondan a las necesidades básicas de cuidados, existencia de lugares para la atención a personas en situación de dependencia, que sean seguros, higiénicos y de calidad. El trabajo asociado a producir el bienestar físico, emocional y afectivo, históricamente ha sido asignado en las familias y ejecutados principalmente por las mujeres, independientemente del rango de edad en el que se encuentren, y de forma no remunerada.
Para la Red de Corresponsabilidad de Cuidados, la apuesta es el monitoreo del cumplimiento de la política en los diferentes sectores e impulsar cambios estructurales que posibiliten el reparto más equilibrado entre el tiempo y la riqueza, contribuyendo a una mayor responsabilidad colectiva y profundizar en la transformación del modelo de los cuidados, en un espacio de articulación entre las instituciones responsables de la ejecución de la política y las organizaciones que se suman a la Red.
América Romualdo, representante de Las Dignas y coordinadora de Concertación Feminista Prudencia Ayala, expresó que la articulación consiste en contribuir a la promoción de la corresponsabilidad de las tareas de los cuidados como un derecho, e insistir en la responsabilidad social del Estado, la sociedad, el sector privado y las familias. También, en la implementación de la política desde una perspectiva de derechos humanos.
“Políticamente hubo un modelo que recae en las mujeres, ahora sí queremos hablar de un modelo que permita hablar de la corresponsabilidad y lo que eso implica en materia a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de la empresa privada y al nivel del Estado y otro de los resultados es ubicar que hay una necesidad de la profesionalización de los cuidados, insistiendo en la necesidad de implementar un modelo de gobernanza y un sistema financiero sostenible de el tema de los cuidados”, enfatizó.
Crear las condiciones necesarias en el país es parte del eje central de la corresponsabilidad, por ello buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los cuidados como un derecho y como un deber compartido por todas y todos.
Otra de las condiciones es dar a conocer los tres ámbitos de la economía del cuidado: Autocuidado, Cuidado de personas que necesitan cuidado y Cuido de la naturaleza. Para el caso de los bienes naturales, existen diferentes organizaciones de mujeres que dedican parte de su tiempo al cuido y lucha por la conservación de los territorios, por el acceso al agua en sus comunidades e impulsar demandas ante el incremento de la canasta básica y el impacto en los bolsillos de las trabajadoras. Todas estas acciones no cuentan con el respaldo de protección por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía y Ministerio de Salud, que son las entidades responsables de realizar la protección y cuidado del territorio. Sin embargo, la realidad es otra: incumplen y reprimen las acciones de las mujeres y juventudes defensoras ambientales que realizan esfuerzos por un bienestar en común.
En ese sentido, promover la economía del cuidado es una de las medidas para romper con las formas tradicionales como la brecha de género y la brecha social, ya que en El Salvador el 80% de las personas adultas mayores no tienen una pensión de vejez, es decir sólo el 20% tiene pensión; el 46% de las personas adultas mayores no cuenta con una red de protección familiar y el 83% de estas no tienen vivienda propia o no tienen un lugar donde vivir.
Según una investigación del periodico Voz Pública, alrededor de 36,700 adultos mayores en condición de extrema pobreza tienen derecho a una pensión no contributiva de $50 mensuales y el requisito para recibirla es que carezcan de una fuente de ingreso. Sin embargo, el Gobierno debe un año de esta pensión.
Para la economista y analista política, Julia Evelyn Martinez, las exigencias de cuidado para el sector adulto mayor incrementa ante la falta de instituciones que cumplan con los trabajos de cuido. En El Salvador existen únicamente tres centros de atención al adulto mayor en el sector público y que debido a la falta presupuestaria no cumplen con las necesidades del 80% que no cuentan con una pensión. “Aquí se marca una brecha social, porque en su mayoría estas personas han dedicado toda su vida a trabajos jornaleros, trabajos del hogar y cuido de terceros, y ningún Gobierno les ha reconocido esos trabajos y no tienen una seguridad social contributiva”, agregó.
En cuanto al trabajo de hogar y de cuidados no remunerados, mencionó que el 75% de ellos los realizan las mujeres y el 25% lo realizan los hombres, estos datos se incrementaron durante el período de pandemia y actualmente con las reducción en los presupuestos públicos de salud y educación, el trabajo directo e indirecto de cuidados los siguen asumiendo las mujeres.
Si a las mujeres nos pagaran por ese trabajo, la sociedad, las empresas y el Estado tendrían una enorme deuda con las mujeres salvadoreñas porque se estimaría que el 18.3% del Producto Interno Bruto, o sea $4,400 millones de dólares, es lo que tendrían que haber pagado de los trabajos, bienes y servicios que se producen en la economía de los cuidados. Pero no nos lo pagaron porque las mujeres lo hemos y nos hacen asumirlo gratuitamente y entonces se amplía la brecha social y la brecha de género de nuevo, porque las mujeres les hemos ahorrado en la partida presupuestaria al Ministerio de Salud, al Instituto del Seguro Social y otras instituciones”.
Martínez agregó que los contextos de represión en los últimos años también han incidido en el incremento de la deserción escolar donde las niñas y adolescentes asumen el rol de cuidado de sus hogares. La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2022, muestra que una de cada cuatro niñas en El Salvador se encuentra en condición de abandono, por muerte de uno o ambos padres o por migración, y actualmente por encarcelamiento de su padre o madre. “Cuando esta situación pasa quienes son las que asumen esa responsabilidad, quienes se hacen cargo son, las hermanas mayores independientemente la edad que tengan, las abuelas y las vecinas”.
¿Quienes monitorean la Política de Cuidados en El Salvador?
El documento de Politica Nacional de -Ciudadanos-, menciona que el monitoreo, seguimiento y evaluación pretende registrar datos, procesarlos y transformarlos en información útil que permita medir los avances en los objetivos y metas que se plantean a partir del diseño del Plan de Acción, la segregación de estos será responsabilidad del Sistema de Estadísticas y Monitoreo para la Igualdad del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el encargado de coordinar las acciones de implementación de la política corre bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL).
Sin embargo, las representantes de las organizaciones que conforman la Red de Corresponsabilidad de Cuidados, hacen un llamado a que el ISDEMU cumpla con la ejecución efectiva de la política, “Esperamos que el ISDEMU cumpla con esta responsabilidad, porque en teoría, es el ente rector de las políticas públicas a favor de las mujeres pero últimamente no está funcionando. Las mujeres rurales están denunciando graves retrocesos en los programas sociales y no podemos dejar que otra vez pase que una política solo quede en papel y no se esté ejecutando nada”.
A cuatro meses de la aprobación de la política, la Red expresó su preocupación por la falta de implementación, sobre todo por la reducción del presupuesto 2024 del Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) donde hubo una reducción de $13.1 millones, es decir, la partida presupuestaria del MINDEL para el año 2023 fue de $53.1 millones y para este año se le asignó $40 millones. Dentro de este monto, se realiza el pago mensual de $50 de pensión básica para adultos mayores.