Siete de los 14 departamentos de El Salvador no contarán con participación política de mujeres para el período 2024-2027 de la Asamblea Legislativa, cuya pérdida más significativa se produjo en San Miguel, donde en los últimos seis períodos siempre hubo al menos una diputada ocupando un escaño.
Por: Astrid Mejía
Siete de los 14 departamentos de El Salvador no tendrán representación de mujeres en el período 2024-2027 de la Asamblea Legislativa, tras los resultados proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 15 días después de las elecciones del 4 de febrero, lo cual representa un gran desafío para la democracia paritaria salvadoreña, a pesar de que desde 2013 se aprobó el 30 % como cuota mínima obligatoria para que los partidos políticos incluyan a mujeres en sus planillas electorales.
La participación política de las mujeres verá una disminución en los próximos tres años al no tener representación en la mitad del territorio nacional, luego de que en San Miguel, La Unión, Morazán, Chalatenango, Sonsonate, Ahuachapán y La Paz no ganara ninguna candidata a diputada.
La pérdida más significativa se produjo en San Miguel, una de las ciudades más importantes del país, y en la que en los últimos seis períodos legislativos, es decir en los últimos 18 años, siempre hubo una mujer ocupando al menos un escaño desde las elecciones de 2006. Los otros dos departamentos que se quedan sin representatividad de mujeres son Sonsonate y La Paz.
Esto ha trastocado principalmente a los partidos de oposición que verán disminuido el porcentaje de diputadas propietarias, pasando del 9.52 % con ocho curules en 2021, al 3.33 % en 2024 con los únicos triunfos de Claudia Ortiz, del partido Vamos, y de Marcela Villatoro, de Arena, quienes recibieron la mayor cantidad de marcas en sus partidos por el departamento de San Salvador, preferencia que no pudo ocultarse en unas elecciones irregulares, señaladas por múltiples anomalías por diferentes misiones de observación, como la de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El pasado 1 de junio de 2023, la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó una reforma al Código Electoral para reducir el número de diputados y diputadas de 84 a 60, sin dar mayores explicaciones técnicas a la población. Con el cambio de reglas, se produjo un leve incremento en el porcentaje de mujeres electas como diputadas propietarias en general, al pasar a ocupar ahora el 31 %, con 19 escaños; mientras que en las elecciones de 2021 la representación fue del 28.57 %, con 24 curules. Sin embargo, la cuota representa menos de la tercera parte de un universo en el que el 68.33 % de las decisiones serán tomadas por 41 hombres.
Pero el leve incremento en la participación de mujeres no podrá traducirse en aplicación de políticas orientadas a favorecer este sector, debido a que 17 de las 19 diputadas electas son del partido oficialista, lo que implica para ellas seguir una agenda bien marcada, como se ha observado en los últimos tres años.
“Un incremento no necesariamente se va a traducir en mejores políticas para las mujeres, porque la agenda legislativa está dictada por el oficialismo, y el oficialismo no tiene una perspectiva de género, como ya lo demostró estos años”, manifiesta Ruth López, jefa anticorrupción de la fundación Cristosal.
“Ven a las mujeres como una amenaza”
Lo mismo comparte la diputada Claudia Ortiz. “En el contexto actual, lo que hemos visto de parte del oficialismo es mujeres defendiendo una agenda que representa intereses y decisiones de alguien más, siendo instrumentos de las decisiones de otros”, sostiene.
Para la legisladora reelecta por el partido Vamos, que la mitad del territorio nacional no tenga representación de mujeres en la Asamblea Legislativa, “evidentemente es un retroceso” y lamenta que desde la Comisión de La Mujer e Igualdad de Género no se haya hecho ningún esfuerzo para promover la participación de este sector ni para protegerlas de la violencia política.
Las reformas electorales abanderadas por el oficialismo para la reducción de escaños legislativos y de sillas en los consejos municipales, también profundizará más, según Ortiz, la falta de participación política de las mujeres debido a que “ahora hay menos espacios”.
La violencia política es otro factor que la diputada cataloga como una “táctica baja” para alejar a las mujeres de cualquier liderazgo en el ring político.
“Este tipo de violencia política, que es violencia simbólica y discurso de odio, afecta los incentivos que puedan tener otras mujeres que quieran entrar a trabajar en política… Buscan que las mujeres nos desanimemos o queramos abandonar la política al sentir un desgaste, al sentirnos atacadas y es bastante bajo; entonces yo lo tomo desde ahí, como una confirmación de que el trabajo que se está haciendo es relevante y en la medida arrecian los ataques es porque cada vez es más relevante”, sostiene.
“Esto habla también de un proyecto político (del oficialismo) que ve a las mujeres como una amenaza. Yo creo que es el momento de las mujeres y creo que eso ha quedado claro”, añade.
Pese a todo, la legisladora que ha llegado a convertirse en el rostro de la oposición en el país, se mantiene positiva con que el panorama cambiará para las mujeres en la política. “Algo se está gestando en la sociedad salvadoreña donde hay una mayor demanda de liderazgos de mujeres y apoyo hacia esos liderazgos”, indica.
La cuota del 30 % ha demostrado que no es suficiente para abrir espacios a las mujeres en la política, y menos si se hace de forma obligatoria. Se requiere de otras condiciones, por lo que Ortiz invita a los partidos políticos a abrir procesos de formación política, a realizar esfuerzos para que las mujeres tengan su propio capital político y que les permitan ejercer un liderazgo genuino y desarrollar su propia agenda de acuerdo a las necesidades de este sector que representa la mayoría de la población salvadoreña, con el 53 %, según datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2019).
