Por Roxana Rodríguez
En mayo de 2013, por una conversación con cooperantes, me enteré que en El Salvador había una joven madre de 22 años que estaba solicitando un procedimiento médico para interrumpir su segundo embarazo, debido a que por sus padecimientos de salud (lupus eritematoso sistémicor, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea) el embarazo ponía en riesgo su vida; además algunos análisis indicaban que el feto no tenía posibilidades de vivir fuera del útero porque no había desarrollado cráneo ni cerebro.
Yo pensé: ¡Ah! Bueno está fácil, el embarazo es incompatible con la vida fuera del útero y además pone en riesgo la vida de la madre, sin duda le hacen el procedimiento médico, además, por primera vez en el país tenemos al frente del Ministerio de Salud a una mujer profesional de la salud, con experiencia internacional y contactos en la Organización Mundial de la Salud (OMS), que además ha sido maestra de muchos médicos y médicas del sistema público de salud salvadoreño.
Estaba equivocada en mi percepción y además, profundamente desinformada. Desinformada porque, aunque sabía que en El Salvador el aborto está penalizado totalmente desde 1998, suponía que en casos extremos como el que se planteaba con Beatriz había consideraciones jurídicas que le permitirían someterse en el sistema público a un aborto por razones eugenésicas y terapéuticas. Equivocada, porque en este país hablar a favor del aborto por la vida de las mujeres es chocar con grupos fanatizados de personas que defienden el derecho a nacer, sin importar la vida de las mujeres y menos de las mujeres pobres, esos grupos tienen mucho poder, tanto como para impedir que se practique la interrupción terapéutica de un embarazo.
La historia de Beatriz me ayudó a entender las implicaciones inhumanas de la prohibición absoluta del aborto gestada en 1998 por esos grupos fanatizados pro nacimiento. Además, comprendí que en El Salvador hay ciudadanía de primera y segunda clase, y por último están las mujeres pobres embarazadas que viven en zonas rurales del país, como era la situación de Beatriz, quien pese a su sencillez y humildad, marcó un antes y un después en El Salvador con una sola demanda: “yo quiero vivir, por mi otro hijo…”
Beatriz que ya era madre de un niño de un año, quería ver crecer a su hijo, seguir adelante con su matrimonio, quería vivir, por eso solicitó el procedimiento recomendado por los expertos. El personal médico que la atendía se negó a interrumpir el embarazo porque ellos no podían infringir las leyes del país. La ministra de salud habló públicamente en favor de la interrupción del embarazo de Beatriz, pero también dijo que el Estado tenía las manos atadas mientras no contaran con una autorización judicial, o al menos con una nota aclaratoria de que no habría motivos para perseguir penalmente a nadie.
En una macabra carrera contra el tiempo, Beatriz acudió a la Procuraduría General de la República y a la Corte Suprema de Justicia donde, con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, presentó el 11 de abril de 2013 una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo a efectos de salvar su vida, la Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo de 2013 esa misma Sala declaró “no ha lugar” la demanda de amparo, ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz.
Mientras tanto, Beatriz tuvo que permanecer hospitalizada por 38 días para buscar formas de paliar su delicada salud, hasta que el 3 de junio comenzó con trabajo de parto y fue sometida a una cesárea, el feto anencefálico falleció cinco horas después. Durante 81 días Beatriz fue sometida a tortura física y psicológica, llevando adelante un embarazo que sabía que sería fallido y que solo ponía en riesgo su vida, pese a las leyes inhumanas ella desafió a todo el sistema repitiendo con firmeza “yo quiero vivir, por mi otro hijo…”
Una semana después de la cesárea le dieron el alta, ella regresó a su casa con su esposo y su hijo para retomar su vida, debía cumplir con las fechas de sus tratamientos sin falta, debido a que su salud se había deteriorado muchísimo por el esfuerzo físico de aquellos 81 días. Precisamente, en uno de esos viajes al hospital para atender su salud tuvo un accidente de tránsito, fue hospitalizada de nuevo para atender sus lesiones, adquirió una infección nosocomial y murió el 8 de octubre de 2017, cuatro años después de su calvario.
Siete meses después de desafiar las leyes salvadoreñas, el 29 de noviembre de 2013, Beatriz apoyada por las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado salvadoreño por haberle violentado su derecho a la salud y a la vida, solicitando medidas de reparación por los daños sufridos en especial para atender su salud y la de su hijo, además de impulsar cambios legislativos y prácticas estatales que eviten la repetición de situaciones como las que ella vivió, para que no existan más mujeres jóvenes pobres que deban rogar al Estado por su vida. El 7 de septiembre de 2017 la CIDH declaró admisible el caso y se espera que en 2023 emita una resolución.
Han pasado casi 10 años desde que Beatriz conmocionó al país y al mundo, colocando a El Salvador en una vitrina internacional por ser uno de los pocos países que tienen una penalización absoluta del aborto, sin importar la vida de las mujeres. Aunque ella ya no está físicamente con nosotras, su legado y su fuerza para defender la vida nos sigue inspirando para exigir Justicia para Beatriz y para todas las mujeres que enfrentan situaciones de vulneración de sus derechos a la salud y la vida.
La historia de Beatriz me mostró lo fundamental que es defender la vida de las mujeres en una sociedad patriarcal como la salvadoreña, exigiendo condiciones para vidas plenas, largas y felices; condiciones que sigue adeudando el Estado salvadoreño a la mayoría de niñas, adolescentes y mujeres. Esa defensa de la vida debemos hacerla nosotras, porque los estados pensados por hombres y para hombres, como el Estado salvadoreño, lo menos que hacen es defender la vida de las mujeres.
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Roxana Rodríguez es educadora, luchadora social y feminista comprometida con la promoción y garantía de los derechos humanos, especialmente de población en situación de vulnerabilidad, así como con el reconocimiento del aporte fundamental del trabajo de cuidados a la sociedad salvadoreña.