En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, las madres y familiares organizadas en diferentes colectivos que buscan respuestas por las personas desaparecidas, recordaron al Estado su responsabilidad ante la falta de respuesta sobre estos casos.
Por: Krissia Girón / Revista La Brújula
Una voz fuerte y armoniosa traspasa el salón. Al escucharla, periodistas apuntan sus cámaras y reflectores a Miriam Elizondo, quien canta un poema de su autoría, inspirado en la lucha diaria de las madres de las y los desaparecidos, y en su historia misma:
“La madre que busca, conoce el desprecio
La madre que busca, conoce el dolor
De un amanecer y que del cielo no salga,
Para ella, nunca el sol.
La madre que busca, finge alegría
La madre que busca, retoma valor
Venciendo el miedo, a través del dolor,
Porque han traspasado su corazón.”
“Yo escuchaba ese canto y de repente comencé a cantar con esa letra. Pensé: ‘el Bloque (de Búsqueda) necesita una canción y de ahí nació la inspiración, con esas palabras. Es también una protesta al Estado, de ver que los casos no se resuelven. Sé que es muy difícil cuando se habla del tema de los desaparecidos, pero el Estado es responsable de apoyarnos a investigar qué pasó con ellos y que no queden en el olvido”, expresó.
Miriam enfatiza en que “el sufrimiento de una madre no es fácil” y lo dice con conocimiento de causa: Ella lleva 11 años buscando a su hijo, Josué Eliazar Elizondo, desaparecido el 4 de junio de 2011, en Santa Ana. A sus ansias por encontrar a su hijo las compara con la sed. “Yo lo busco desde el primer día y cada día lucho por él”, expresó.
Su dolor es latente en cada una de sus palabras. Y también su esperanza. Para ella, cantar es “una liberación”, implica soltar el impacto emocional y poder expresar a la población la carga que significa para las madres la desaparición de sus familiares. “A pesar de los años, yo sé que los vamos a encontrar y sé que las autoridades nos van a ayudar”, señala.
Lamentablemente, muchos de los casos a los que da seguimiento el Bloque de Búsqueda de personas desaparecidas aún no reciben respuesta por parte del Estado. Así lo denunciaron las organizaciones que conforman este conglomerado cuyo objetivo es encontrar a sus familiares.
Solamente en los primeros cinco meses del 2022, se conoce de 577 personas desaparecidas, según información proporcionada por la PNC a las organizaciones de derechos humanos que dan seguimiento a estos casos. “Aunado a los casos de capturas arbitrarias s, que en muchos tienen características de detenciones secretas, se convierten en una modalidad de desaparición forzada, cuando las autoridades no reconocen la detención o se niegan a dar información sobre la persona detenida”, expresa el comunicado del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador.
Por su parte, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas destacó que si bien existen avances en el ramo de seguridad y justicia, como el Protocolo de Acción Urgente (PAU) aprobado en 2018, y las reformas al Código Penal donde se incluye el delito de desaparición de personas por parte de particulares, aún no hay acciones concretas de prevención y resolución de estos casos.
El impacto más profundo, asegura Miriam, es para las madres de las personas desaparecidas. Asegura que sobreviven “de milagro”, ya que las consecuencias en su salud física, emocional y en su situación económica, son muchas. “Nosotras no dormimos, no comemos, dejamos de comprar nuestras cosas por invertir en algún documento, fotografías, cosas que preparamos para cualquier evento o conmemoración. Nuestros recursos económicos se ven afectados y lo que ganamos lo invertimos en saldo para los teléfonos, para pasajes, taxis. Cuando yo me encuentro con otras madres, veo que ellas están en la misma condición”, comentó.
«No nos quieren brindar estadísticas recientes sobre desapariciones»
Las organizaciones de derechos humanos lamentaron que instituciones como la Policía Nacional Civil o la Fiscalía General de la República no brindan estadísticas sobre las personas desaparecidas de los últimos meses. En algunos casos, indicaron, la información se “ha declarado en reserva». Las últimas estadísticas oficiales a la que tuvieron acceso fue por parte de la PNC, que identificaba los casos de enero a mayo.
“Como organizaciones hemos pedido estadísticas para medir si es que han aumentado o disminuido las desapariciones. Lastimosamente no se nos ha querido brindar. Luego presentamos otras solicitudes de información, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, y se nos dice ha sido declarado en reserva, tanto en la Fiscalía como la Policía, incluso el tema de las fosas clandestinas. No tenemos, por el momento, parámetros con cifras oficiales para poder determinar esta situación”, expresó Kerlin Belloso, de FESPAD.
Además, señalaron que la ausencia de prácticas que permitan velar por el respeto de los derechos humanos, «permite que sigan sucediendo situaciones como las desapariciones. No existe tampoco un sistema de protección para las familias».
Para Miriam, todas las madres y familiares demuestran, día con día, un interés genuino por encontrar a sus hijas e hijos, pero ¿quién tiene que invertir en la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Las familias? ¿O el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado respecto a la búsqueda de estas víctimas? Hasta la fecha, muchas de esas preguntas aún siguen en espera de respuestas.
La «canción por los desaparecidos», fue interpretada por Miriam durante la proyección del documental «Hasta encontrarte», que muestra la realidad de las madres de las personas desaparecidas durante el conflicto armado y de la actualidad, y de cómo el Estado aún tiene cuentas pendientes con las víctimas de este flagelo.
El documental es una producción de Revista La Brújula, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, FEDAC. Implementado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – Agencia GIZ San Salvador