El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas junto a organizaciones de sociedad civil realizaron una evaluación de El Salvador en tema de derechos humanos.
El séptimo informe periódico de El Salvador sobre el cumplimiento del Estado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) fue examinado por el Comité en mayo de 2018. Como resultado del examen, realizaron una serie de recomendaciones al Estado.
A raíz de este informe, el Comité insta al Estado a que revise de manera urgente su legislación con respecto al aborto para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer embarazada este en riesgo.
Sara García de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, informó que 195 mujeres han enfrentado procesos o condenas por emergencia obstétrica ya que en El Salvador los abortos siguen tipificados como delito en el Código Penal vigente sin causales de exclusión.
“La reforma Beatriz buscaba la despenalización del aborto en tres causales y fue archivada en menos de dos semanas, sin dialogo y sin debate, lo que demuestra una falta de interés por parte del Estado”, mencionó.
En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó la responsabilidad del Estado Salvadoreño en el Caso de Manuela y otros Vs. El Salvador, por no haber establecido servicios eficientes de salud y educación sexual y reproductiva, por haber violentado el privilegio paciente-médico y no procurar servicios para emergencias obstétricas y abortos seguros.
Al respecto, el Comité reiteró que se debe revisar todos los casos de las mujeres que han sido encarceladas por delitos relacionados con el aborto, con le objetivo de asegurar su puesta en libertad y garantizar el acceso a asistencia jurídica y el cumplimiento del debido proceso, deben garantizar que se respete el secreto profesional del personal médico y la confidencialidad de las pacientes.
En cuanto a desapariciones forzadas, el Comité recomendó al Estado acelerar la búsqueda de personas y proporcionar recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para llevar a cabo las investigaciones, también debe fortalecer el rol de la Policía Nacional Civil en sus funciones de mantenimiento del orden público.
Las desapariciones forzadas entre 2020 y 2021 han aumentado un 19.4%. Para el 2022, el presupuesto asignado tiene una reducción de $91,675, lo que significa un recorte de 15.5%.
Para el IDHUCA, las autoridades siguen siendo ineficientes en la búsqueda y tildan los casos de “ausencias voluntarias” incluso cuando la persona desaparecida ha sido encontrada sin vida.
El Estado ha tomado medidas contrarias a las recomendaciones, la falta de mecanismos de control de poder y el régimen de excepción crea un panorama incierto con la violación de los derechos humanos.
Las organizaciones de sociedad civil, enfatizaron que el rol del Estado salvadoreño es garantizar y trabajar por la seguridad jurídica, el bien común y la justicia.
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