El Salvador sigue siendo un país donde reina la impunidad en casos de violencia contra las mujeres, pese a las luchas y demandas feministas. Recordamos cuatro casos donde el sistema judicial salvadoreña no ha garantizado justicia a las víctimas y sus familiares.
La falta de acceso a la justicia para las mujeres en El Salvador sigue siendo una deuda. Solo existen seis Juzgados y una Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en todo el país. Ni siquiera hay uno por departamento. Esto ha provocado una mora judicial, debido al colapso en dichas instancias.
Dicha situación tiene como consecuencia «que se maquile la justicia para las mujeres». En una entrevista televisiva de 2020, Ismenia Méndez, de la Asociación de abogadas salvadoreñas, explicó este problema «Se están produciendo cantidades de resoluciones como si no fueran derechos de las mujeres, la saturación de trabajo está conllevando a que de una u otra manera se tenga que dar respuesta aunque no sea la adecuada”.
La impunidad en estos casos también está relacionado a la corrupción dentro del mismo sistema de justicia, la falta de la aplicación del debido proceso y la separación de poderes, esto se ve reflejado en el caso de Lorena Saravia, periodista asesinada en 1997, la niña Katya Miranda en 1999, Carla Ayala en 2017 y Fernanda Nájera en 2019. En estos cuatro casos están involucrados altos mandos de fuerzas de seguridad, exfiscales y agentes de la Policía Nacional Civil. Ninguno ha sido resuelto. Aún reina la impunidad.
Por: Clanci Rosa, Eugenia Olán, Reiny Ponce, Krissia Girón.
Lorena Saravia: primer periodista asesinada en la postguerra (1997)
A sus 34 años, María Lorena Saravia estaba destacando en el periodismo salvadoreño de la postguerra. Para 1997, presentaba noticias en Megavisión y Radio Corporación Salvadoreña (RCS). Además participaba en el programa TV Mujer y laboraba en Radio Cadena YSKL.
Según notas periodísticas de la época, el domingo 24 de agosto de 1997, Lorena se presentó a las instalaciones de RCS para cumplir con sus labores periodísticas. Sin embargo, esa noche no volvió a casa con sus dos hijos, de 6 y 8 años. La mañana del 25 de agosto, el país amaneció con la noticia de su desaparición: ni ella ni su vehículo, un Mitsubishi Lancer, habían dejado rastro alguno. Las autoridades inician con la búsqueda.
24 horas después de la denuncia, un campesino encontró el cuerpo de Lorena en el Km 15 de la calle al volcán, en los alrededores de la Finca Buena Vista. Su cuerpo fue abandonado con signos de violencia y una lesión de bala en su cabeza. Dos días después, el 28 de agosto, su vehículo fue encontrado parqueado en la 12 ave sur, en Santa Ana. Este, según testigos, fue abandonado a las 9 de la noche del día domingo 24 de agosto, momentos en que aún no se daba la alerta de búsqueda por parte de las autoridades.
Para ese entonces, la Policía Nacional Civil había recuperado tanto el vehículo como la mayoría de pertenencias de Lorena, por lo que concluyeron que el móvil del crimen no fue el robo de estas. Además, en los análisis al automóvil se determinó que los captores de la locutora se dedicaron minuciosamente a eliminar cualquier tipo de huella digital o señal que diera con su captura. Las autoridades rodearon el caso de varias hipótesis sobre el móvil del asesinato: relación entre crímen organizado y narcotráfico, e incluso ligado al escándalo financiero de FINSEPRO e INSEPRO, sin embargo, la Fiscalía apuntó a que el hecho fue cometido por estructuras del crimen organizado.
En febrero de 1998, fueron capturadas 14 personas en calidad de autores materiales del asesinato de la locutora: 10 de estos eran pertenecientes a bandas criminales que realizaban robos de camiones, los otros 4 eran policías, dos administrativos y dos operativos.
El 14 de abril de 1998 también se realizó la captura de 11 policías, acusados de fraude procesal penal en este y otros casos. En este contexto, se declaró reserva del caso de Lorena, para mayo de ese mismo año, ya que se consideraba que “cualquier declaración podría entorpecer la investigación”.
Pocos meses después, en septiembre de 1998, todos los acusados en el caso de Lorena Saravia fueron sobreseídos y puestos en libertad. La resolución se basó en otras declaraciones que desestimaron la versión de un testigo clave, quien habría declarado en contra de los agentes involucrados.
Hasta la fecha, el caso sigue archivado, luego de intensas investigaciones que involucran, incluso, a agentes policiales de la época. Lorena Saravia, sus hijos y su familia, continúan esperando justicia.
Feminicidio de Katya Miranda: 23 años de impunidad
Katya Miranda, una niña de 9 años a la que la justicia salvadoreña aún le debe justicia
Las razones de impunidad en el caso de Katya Miranda van más allá de quiénes investigan o de a quién deben procesar judicialmente. Ser familiar de altos mandos de seguridad nunca será garantía para que la justicia sea inmediata.
En abril de 1999, Katya Miranda de 9 años fue asesinada mientras se encontraba junto a su familia paterna vacacionando en un rancho privado en playa Los Blancos, bajo la tutela de su padre, Edwin Miranda, un miembro de seguridad del ex presidente Armando Calderón Sol, su abuelo Carlos Miranda y su tío Godofredo Miranda, segundo al mando de la División de Investigación Criminal.
Los primeros índices de impunidad de este hecho se dan en enero del año 2000, cuando fueron capturados Carlos Miranda, acusado de homicidio y violación, y Edwin Miranda, por los cargos de abandono quien posteriormente fue sobreseído. En 2001, la Fiscalía cerró el caso y Carlos Miranda fue absuelto, pues no se presentaron más pruebas que lo incriminan.
La investigadora, Zaira Navas, quien participó en la elaboración del informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, afirma que durante el devenir del caso hubo interés por ser personas influyentes como Godofredo Miranda, quien aún cuestionado de omisiones en la investigación de su sobrina, sigue teniendo puestos de dirección dentro de la Policía Nacional Civil.
“Este es un caso emblemático en la medida que probó en aquel momento y sigue probando cómo funcionan las instituciones cuando hay personas que tienen poder y que están dentro de las mismas estructuras, esto afecta en casos como éste porque todo hubiese apuntado a que iba haber una investigación pronta, una justicia pronta, donde la investigación tendría que haber sido muy fuerte porque había personas que tenían el conocimiento (formación policial) como para generar la investigación adecuada”.
Para el caso de Katya, el acceso de instituciones y personas con un tipo de poder que tuvieron la posibilidad para distorsionar y manipular la prueba, afectó en como judicializar el caso y que hasta la fecha no garantiza una reparación adecuada.
Carla Ayala: Un caso de violencia institucional ejercida desde el Estado que favoreció la impunidad
“Los días 28 y 29 diciembre de 2017, importó todo menos la vida de Carla y que los miembros del GRP no quisieron capturar a Samurai”, expresó Arnau Baulenas, abogado querellante, al finalizar el juicio de Carla Ayala.
Los miembros de instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) que deben respetar los derechos humanos se ven vinculados en hechos delictivos ejerciendo violencia institucional y simbólica contra las mujeres hasta el grado de llegar al feminicidio en casos como el de Carla.
La madrugada del 29 de diciembre fue asesinada la agente Carla Ayala, luego desaparecida. Fue encontrada hasta septiembre de 2018 en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, Usulután.
Un sabor agridulce dejó la sentencia del caso de feminicidio en octubre de 2020 al condenar a 9 de las 13 personas procesadas. Entre ellos 6 miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) y tres civiles. Juan José Castillo Arévalo alias “Samurai” exagente del extinto GRP, considerado el feminicida, se encuentra en calidad de “Rebelde” y a más de 4 años del crimen sigue sin pagar condena, esta de las deudas que tiene el sistema de justicia.
Silvia Juárez coordinadora del Programa para una vida libre de violencia para las mujeres, de Ormusa, considera que sentencias como la de Carla Ayala sientan un precedente porque no solo se ven vinculados particulares sino agentes del Estado.
“Una sentencia de este nivel dejaría un mensaje claro que es incompatible ser un servidor público y ejercer violencia contra las mujeres, por lo tanto, el caso de Carla Ayala representaba este precedente que pudiera marcar el mensaje de cero tolerancia de violencia hacia las mujeres desde el Estado”, sin embargo este no fue el caso.
La parte querellante estuvo en desacuerdo con el fallo del Juzgado Especializado para una vida libre de violencia de San Salvador por la absolución de Julio Flores Castro al ser el jefe del GRP en ese momento al no supervisar el proceso de captura de Samurai. Además, considera que la responsabilidad civil pudo ser mayor.
Feminicidio de Fernanda Nájera: una madre que lucha contra el sistema injusto
En 2019, María de los ángeles recibió uno de los golpes más duros de la vida. Su hija, Fernanda Nájera, fue víctima de feminicidio. El principal sospechoso es Michael Alejandro Castillo Murga, expareja de Fernanda. De acuerdo con el testimonio de la madre de Fernanda, Michael llegó a traer a su hija el jueves 31 de enero de 2019 para ver una casa, donde pretendía que viviera Fernanda y su hijo de un año y medio. Sin embargo, Fernanda jamás regresó.
Después de cuatro días de la desaparición de Fernanda su cuerpo fue encontrado en una finca. Su pequeño hijo había sobrevivido. Familiares de Fernanda creen que el feminicida lo dejó en los terrenos para que muriera. Pero el pequeño fue encontrado vivo y lleno de picaduras de insectos. “Fue un milagro que él sobreviviera”, dice María.
Desde enero de 2019, María de los Angeles, de 50 años, no ha descansado exigiendo justicia. Pero el sistema salvadoreño le ha negado este derecho.
Inicialmente, cuatro personas fueron procesadas por fraude procesal y encubrimiento: Edith del Carmen Rivas de Murga (abuela de Michael) Jacqueline Alejandra Martínez Herrera (novia de Murga), Donald Augusto Valdivieso López (El exjefe de la Unidad de Vida de la Oficina de la Fiscalía General de la República en Ahuachapán) Roberto Arturo Valdivieso López (médico).
Al exfiscal, Donald Augusto Valdivieso, la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en Santa Ana, le cambió el delito a encubrimiento y lo puso en libertad con medidas sustitutivas. Las demás personas detenidas también fueron puestas en libertad.
“Cuando dejaron libre al doctor y a la muchacha que habían participado en cubrirlo yo fui a ver al juez, me dijo que tuviera fé, que nada se queda impune en esta vida, que esperará la justicia divina. Me dio una cólera. Yo sé que Dios siempre hace justicia, pero yo también quiero que el asesino pague aquí en la tierra. No es posible que un juez me diga eso”, expresó María.
El pasado 18 de enero de 2022, el ex fiscal Valdivieso, admitió el encubrimiento del feminicidio de Fernanda, como parte de un acuerdo con la FGR. Valdivieso solicitó la suspensión condicional del procedimiento a cambio de admitir los hechos y la fiscalía aceptó. Además, entregó $1,800 a la madre de Nájera, “como medida de reparación».
La audiencia inicial por el feminicidio de Fernanda no se ha realizado aún. Ha sido suspendida en cuatro ocasiones. El principal sospechoso, Michael Castillo Murga es prófugo de la justicia, con alerta de INTERPOL, pero las autoridades salvadoreñas no dan con su paradero.
Para Guadalupe Hernández, activista de la Colectiva Amorales, este retraso en el proceso es violencia institucional al no haber una comunicación con la familia de la víctima y una forma de desgastar tanto a la familia como a las organizaciones y colectivas feministas que acompañan.
Pese al acompañamiento, los plantones fuera del juzgado, las denuncias en redes sociales, la justicia salvadoreña no instala la audiencia preliminar en el caso de feminicidio de Fernanda. María de los Ángeles ha dejado claro que no desistirá de luchar, a más de tres años de impunidad en el feminicidio de su hija.
“Yo les digo a los padres de familia, jueces, políticos que si un hijo de ellos pierde la vida así como la perdió mi hija, les pregunto: ¿ustedes se quedarían de brazos cruzados? No, yo no me voy a cansar, ni voy a cruzar los brazos ante este hecho (…) ”.
María de los Angeles, madre de Fernanda.
La impunidad solo perpetúa la violencia contra las mujeres
La impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas solo perpetua las violencias, coinciden feministas y abogadas. Silvia Juárez explica que, cuando las instituciones no realicen la debida diligencia, implica una violación sistemática a los derechos humanos. Además, instala una desconfianza de las mujeres hacia las instituciones públicas.
“Hay una desconfianza hacia esos sistemas pero también habla de todos esos hechos perpetrados que no tienen respuesta, no son abordados, no son castigados también está diciendo que esa violencia también va ir escalada, acabando incluso con la muertes, es decir, con feminicidios”.
Para la abogada constitucionalista, Ruth López, el acceso a la justicia no solo se limita a la actividad judicial “Hay otros factores que hay que tener en cuenta dentro de este derecho a la justicia y deben promover garantías para que ese derecho sea debidamente ejercido, no solo se limita a la actividad judicial, es decir, hay desigualdades en cuanto a temas sociales, económicos y culturales”.
Juárez considera necesarios tres elementos para el funcionamiento de la administración de justicia y se evite la impunidad: la independencia de los poderes, un sistema con alta especialización de crímenes de violencia contra las mujeres y un subsistema de protección social hacia las familias y sobrevivientes.
Actualmente en El Salvador hay mora judicial en los casos de violencia contra las mujeres. Esto es debido en gran parte a la falta de juzgados especializados para una vida libre de violencia.