El pasado 16 de agosto, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Alexia Rivas junto a otras diputadas de Nuevas Ideas en la Comisión, presentaron una propuesta para reformar el artículo 51 de la LEIV que actualmente condena con pena de 4 a 8 años a quienes difundan pornografía. Dicha propuesta busca reducir la pena de 3 a 5 años.
El Art. 51 de la LEIV define como difusión de pornografía cuando se publique, comparta, envíe o se distribuya material pornográfico por cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su consentimiento.
Revista La Brújula publicó en mayo un reportaje donde se evidencian los impactos graves de estas violencias. Datos de Fiscalía General de la Republica (FGR) muestran que de 2019 a mayo de 2021 hubo 254 denuncias por el delito de difusión de pornografía, pero solo hubo tres condenas. Una por cada año.
Estos datos reflejan una clara deuda de la justicia salvadoreña con las mujeres que son víctimas de este delito. Para activistas feministas, esta propuesta obstaculiza más la justicia y protege a los agresores, pues una pena de 3 a 5 años, como indica la Ley, puede ser excarcelable.
Desconocimiento que expone a las mujeres
La propuesta de las diputadas no hace alusión a la reforma de 2019 que precisamente estableció las penas que hoy contempla la LEIV en el delito de difusión de pornografía. “Ojala se trate de un desconocimiento y no sea una estrategia para socavar los avances que se han logrado en materia de derechos humanos de las mujeres”. opina Silvia Elizondo, de la Asociación de Mujeres Ixchel.
Keyla Cáceres, activista feminista de la Colectiva Amorales y Asesora Legislativa en DDHH, considera que la propuesta busca beneficiar a los agresores. “Lamentablemente las diputadas no conocen la LEIV y mucho menos los procesos de reformas de Ley. Pasan hablando que les interesa legislar para las mujeres pero su propuesta se encamina a cuidar a los agresores que exponen los cuerpos de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas sin su consentimiento”, expresó.
En este sentido, Krissia Aquino, también de la Asociación de Mujeres Ixchel, plantea que, al obviar la reforma realizada en el 2019 donde se aumenta la pena a ocho años de prisión, da la impresión que las diputadas no tienen una asesoría pertinente.
“Parece que las diputadas no están bien asesoradas en materia de legislación en favor de los derechos de las mujeres y no están estableciendo diálogo con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil que tienen experiencia de muchos años en la incidencia para la propuesta de leyes que favorezcan a las mujeres con base a la desigualdad con la que somos tratadas en los sistemas de justicia”, dijo.
Aquino, además, expone que hay reformas que se tienen que considerar en la LEIV y no se están estudiando y discutiendo en la comisión de la mujer, entre éstas señala la inclusión de la desaparición forzada por razones de género, la incorporación de la violencia obstétrica como tipo de violencia, la reparación a las familias de las víctimas de feminicidios y de desaparición forzada.
“Las mujeres salvadoreñas requerimos que se legisle a nuestro favor en muchos temas que se han quedado en el olvido o archivados” Krissia Aquino.
La LEIV es fruto de las demandas de las organizaciones de mujeres y feministas. Y su fin último es garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es decir, todo lo que se proponga en dicha ley debe estar encaminado a ese fin. Pero, para Silvia Elizondo, tanto esta propuesta, como la decisión de mandar a archivo la Ley de Identidad y las reformas por 4 causales, “solo demuestran que la N sigue pesando sobre los derechos de las mujeres”.
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