Por: Fátima Cruz
El miércoles 12 de mayo fue condenado a seis años de cárcel David Alejandro Menéndez Acosta, por el delito de violación. La condena llegó mediante un proceso lleno de inconsistencias, revictimización y que duró tres años. La Vista Pública se realizó con una hora de retraso, en el Centro Judicial Isidro Menéndez y la sentencia fue declarada durante horas de la tarde.
Pese a los obstáculos, Mayela Zelaya expresa que se siente satisfecha frente a la resolución. – El resultado de la sentencia condenatoria hace retornar la paz a mi familia y amigxs para quienes ha sido nada fácil llevar este proceso a lo largo de tres años.- comenta.
Zelaya explica que decidió denunciar porque para ella es una forma de sanar es buscar justicia y que no quería que más mujeres pasaran lo mismo, (que el agresor no violentara a otra mujer).
Pienso que este caso sienta un precedente. A aquellas mujeres que no han podido denunciar por miedo a ser parte de las estadísticas de impunidad de este país: sepan que pueden hacerlo y encontrar una sentencia favorable que aunque no restituye todos los daños causados por la violencia sufrida, sí da la posibilidad de tener un alivio y poder sanar las heridas que se llevan dentro, esperando que deje de ser normal la violencia ejercida hacia las mujeres- , agrega.
Mayela Zelaya enfrentó violación sexual en 2018, con menos de 20 años. El 16 de abril de ese año interpuso la denuncia contra el agresor por el delito de violación y en junio, casi tres meses después, David fue capturado.
Desde que me dijeron que lo habían capturado vivía con miedo a represalias. Me daba miedo pasar por donde él trabaja, por encontrarme con sus amigos y que ellos también tomarán represalias.- Las autoridades no les explicaron ni asistieron con ningún resguardo o protección para ella y su familia, menciona.
Revictimización y abandono del Estado en el proceso
Zelaya recuerda que junto a un familiar antes de tomarle la denuncia asistió a un centro judicial y a una fiscalía hasta que llegó a otra fiscalía en la que remitieron el caso a otro lugar. Menciona que durante el peritaje la mayoría de personas que la asistieron fueron hombres, expresa que debido a esto no se sintió muy cómoda por el tipo de agresión que había sufrido. Debido al miedo salió del país. Sin embargo, regresó por justicia.
Declaraciones antes de realizarse la Vista Pública / Video cortesía: Colectiva Amorales
Además, menciona que el proceso es de revictimización ya que contó lo sucedido un sin fin de veces: – repetir y repetir te agota y te desgasta-, asegura. Además, agrega que las instituciones deben cerciorarse que las mujeres conozcan sus derechos y las leyes que las protegen ya que no se le explicó sobre las legislaciones que abordan esos casos. Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) no la mantuvo informada sobre el caso. Mayela no tenía conocimiento sobre su proceso (exámenes y expediente) por parte de la fiscalía hasta la audiencia inicial.
A esto se sumó que su segunda fiscal omitió su solicitud de retomar su proceso psicológico, que había iniciado debido a un oficio brindado por su primera fiscal. La negligencia de las autoridades llegó hasta el punto de no notificarle que el acusado había sido puesto en libertad mientras se realizaba el proceso, ya que había transcurrido el tiempo que la ley estima para estar detenido sin resolución. Fue hasta que la FGR, meses después, le notificó a Zelaya que el agresor estaba en libertad.
He experimentado revictimización y abandono de el Estado al padecer de aplazamiento de audiencias, fallas de comunicación de parte de la fiscalía con respecto a la información que necesité a lo largo del proceso. Nunca se me notificó que mi agresor fue puesto en libertad condicional. Pienso que las prácticas judiciales mantienen vivo un sistema que en lugar de velar por la integridad de las víctimas, termina encubriendo agresores, permitiendo que miles de casos queden en impunidad cada año. –
Redes de apoyo
-Mis amigas feministas siempre estuvieron ahí para apoyarme y escucharme, mi pareja y mi familia.- ellas fueron mi red de apoyo.
Zelaya se encontró apoyo en organizaciones y en otras mujeres. Keyla Cáceres, Colectiva Amorales, explica que conocieron el caso hace más de un año. Se encontraron con un proceso viciado desde primer momento ya que para ellas no existía mucho interés de parte de la fiscalía.
Acompañar este caso significó un reto era una de nuestras compañeras, con la que marchamos, gritamos y bailamos, significó poner lo que tenemos para que el caso saliera. Fue doloroso en muchos momentos y frustrante. La fiscal del caso no quiso ni entregarnos una copia del expediente, las medidas de protección y en varias ocasiones trataba de minimizar el caso.
Cáceres agrega que la jueza de instrucción en varias ocasiones repetía a Mayela que si no sentía pena por el acusado: –le repetía que si no sentía pena por el niño, refiriéndose al agresor sexual, que ya había pagado suficiente con los dos años de cárcel, era necesario dejar que continuará con su vida, agrega.
Para Keyla esas palabras demuestran lo revictimizante que es el sistema para las víctimas en El Salvador y asegura que por eso es necesario contar cómo se viven los procesos judicial de violencia sexual – para que le dé vergüenza al empleado del sistema de justicia y que la otra niña y mujer que denuncien no tenga que pasar por esto-.
La Colectiva Amorales emitió un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación de agresiones sexuales y exige a las autoridades e instituciones la rápida y eficiente acción en estos casos.
