Foto tomada del Facebook de Mujeres Ixchel
Por Clanci Rosa y Reina Ponce
Yessenia Menjívar fue brutalmente asesinada en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria establecida por el gobierno. La joven tenía que salir a trabajar por necesidad, cuidaba niñas y niños. En el trayecto a su casa, el martes 31 de marzo de este año, Francisco Alberto Martínez, que vivía en el mismo municipio que Yesenia, le quitó la vida.
Este fue el primer caso de feminicidio reportado en la cuarentena domiciliar, evidenciando que las muertes violentas contra mujeres siguen ocurriendo, pese a la emergencia.
Foto tomada de las redes sociales de Yesenia.
El Salvador está en cuarentena desde el miércoles 11 de marzo, debido a la emergencia del COVID-19, aunque el presidente ha informado cero homicidios en algunos días de la Pandemia, no ha sucedido lo mismo con los feminicidios, hasta hoy, se contabilizan tres feminicidios durante la emergencia y no existe ninguna declaración por parte de autoridades gubernamentales sobre los casos.
En esta segunda parte del especial: Feminicidios, lo que las cifras no cuentan, analizaremos los feminicidios desde las estadísticas, las desapariciones de mujeres, y los retos que enfrenta el actual sistema de justicia para garantizar justicia y una vida libre de violencia para las mujeres.
¿Feminicidios a la baja?
En en los últimos dos años las cifras de los feminicidios han mostrado una baja de acuerdo a los datos de la Fiscalía General de la República (FGR), pero varían en instituciones no gubernamentales como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), pues el Observatorio de violencia presenta índices más altos.
Sin embargo, existen otros datos que maneja el Instituto de Medicina Legal (IML) que concuerdan con ORMUSA, debido a que la organización considera “todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios, las que ocurren en contextos de discriminación, violencia generalizada, porque son muertes que se pudieron prevenir” afirma Silvia Juárez, abogada de ORMUSA.
Las instituciones del Estado salvadoreño aún carecen del enfoque de género
El 29 de diciembre de 2017 desaparece la agente Carla Ayala luego de asistir a una fiesta de fin de año del extinto Grupo de Reacción Policial. A Carla le dispararon mientras la llevaban para su casa tres de sus compañeros, quienes luego la desaparecieron para ocultar cualquier evidencia, según las investigaciones. Su familia no supo de ella hasta nueve meses después (septiembre de 2018) que encontraron su cuerpo oculto en una fosa de Usulután.
Al inicio la muerte de Carla Ayala no era considerada feminicidio, el juez Carlos Béndix del Juzgado Octavo de Paz dijo que no todos los asesinatos de mujeres eran feminicidio, “para que ese delito se cumpla debe ocurrir una agresión progresiva de un hombre hacia una mujer hasta matarla y no fue el caso del agente Juan Josué Castillo Arévalo, el principal acusado del caso, hacia la agente Ayala” de acuerdo a una publicación de un medio digital.
Sin embargo, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) es clara y como se ha mencionado en la primera parte de este reportaje, el Art. 45, tipifica como feminicidio, la muerte a una mujer mediando motivos de odio, o menosprecio por su condición de mujer. Por tanto, el Juzgado Octavo de Paz tuvo que corregir la plana y ratificar el delito de feminicidio como Fiscalía lo había solicitado y en junio de 2018 fue enviado al Juzgado Especializado.
El caso de Carla refleja la carencia de enfoque de género en el sistema judicial. La abogada feminista, Paola Sosa, considera que persiste el machismo a la hora de tipificar y judicializar los casos, por eso algunos feminicidios sufren cambio en la tipificación y se juzgan como homicidio agravado:
“Muchas veces la tipificación cambia porque no consideran que las muertes de las mujeres sean por odio, por misoginia o que realmente sea por el hecho de ser mujer, para facilidad califican como homicidio simple o agravado, sin tomar en cuenta que su pareja o la persona que ejercía poder sobre ella le tenía odio, no aceptan que la Fiscalía lleve esa clase de denuncias” afirma.
Foto/Reina Ponce
Para Sosa, las personas que tienen la potestad de aplicar la ley, en muchos casos fallan por comodidad, porque no conocen, no quieren o tienen una especie de conducta agresiva y misógina, comenta.
En esta línea, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Doris Luz Rivas, explica que la Fiscalía es la encargada de mostrarle al juez con todas las pruebas que se trata de un feminicidio, pero son los jueces y las juezas quienes deben resolver con perspectiva de género.
“Cuando estamos en presencia de un hecho donde la mujer ha sido violentada por su condición de mujer, cuando es el resultado de relaciones de dominación, del aprovechamiento, de la vulnerabilidad, de la violencia sistemática que se haya ejercido como expresión de discriminación, odio y menosprecio, se debe resolver con el enfoque de género, con base a la LEIV” expresa.
La LEIV en los artículos 45 y 46 establece el feminicidio y el feminicidios agravado. El primero lo define como la muerte de la mujer cuando existe odio o menosprecio por su condición, y el feminicidio agravado es el que ocurre bajo la superioridad de una persona originada por relaciones de confianza. Como se ha podido constatar en los casos más mediáticos, la mayor parte de femicidios que se reconocen son los asesinatos cometidos por las parejas de las víctimas, pero la LEIV no legisla sólo los crímenes “privados”.
En este sentido, la antropóloga feminista, Mariana Moisa, demanda a las autoridades ampliar el concepto de feminicidio porque si solamente se tipifica los cometidos en las parejas se queda corto “nuestra vida no gira alrededor de nuestras parejas, cualquiera por la calle puede usar tu cuerpo, puede matarte por ser mujer” señala.
Como se explica en la primera parte de este reportaje, actualmente hay nuevas propuestas para diferenciar los feminicidios que ocurren en la vida privada y los que se dan en público, por desconocidos, y es la categoría de femigenocidio que propone Rita Segato.
En El Salvador las muertes de mujeres que ocurren en entornos como el de las pandillas o que son cometidos por personas alejadas de la familia, desconocidos, no se consideran feminicidios, no están siendo contabilizadas en las estadísticas de feminicidios, esto se demuestra con el registro que tiene IML, FGR y las organizaciones como ORMUSA, que registran toda muerte violenta como feminicidio pero otras instituciones no, como se explicó anteriormente.
“El Estado, por un lado reconoce la existencia de la pandillas, pero las muertes violentas a mujeres dentro de esas estructuras no las reconoce como feminicidio, esas muertes son ejecutadas por sus compañeros, “su familia,” como se consideran dentro de la pandilla, son relaciones de confianza, así lo establece la LEIV en el Art. 46, por tanto deben tipificarse como feminicidio, recordemos que los cuerpos de las mujeres son motines de guerra” explica.
En El Salvador existe una mora judicial para los casos de violencia contra las mujeres
Se maquila la justicia para las mujeres
La mora judicial son aquellos casos que no se han logrado llevar a juicio, y algunos están por vencer el plazo para judicializarse y dictar sentencia. Esta mora impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia para las mujeres y sus familias. Según explicó la abogada Ismenia Méndez, de la Asociación de abogadas salvadoreñas, en un programa televisivo.
“La mora judicial perpetúa la impunidad, porque debido a la saturación de los tribunales especializados, a las juezas y los jueces se les demanda un pronto despacho y esto impacta negativamente en las resoluciones, son de mala calidad, no parecen de un juzgado especializado, las podría dar cualquier otro juzgado” afirmó.
“Esto da un mal mensaje de un sistema que no da respuesta a los crímenes de odio que están sufriendo las mujeres” comenta Ismenia Méndez.
Para la profesional del derecho, la saturación de casos y el poco equipo profesional y sensibilizado para atenderlos provoca que se “maquile la justicia”. “Se están produciendo cantidades de resoluciones como si no fueran derechos de las mujeres, la saturación de trabajo está conllevando a que de una u otra manera se tenga que dar respuesta aunque no sea la adecuada” manifiesta.
Según datos del IML en 2019 se realizaron 2,894 reconocimientos por violencia sexual, es decir, 8 casos diarios. Y en El Salvador solo existen seis tribunales especializados en temas de violencia contra las mujeres, distribuidos en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, lo que conlleva a movilizarse hasta esas zonas y no dan a basto.
¿Cuántos recomiendan las expertas para atender la pronta justicia para las mujeres?
Ismenia Méndez considera que debe haber un juzgado por cada departamento y es necesario instalarlos a la menor brevedad posible. “San Salvador debería tener por lo menos 6 juzgados de instrucción, 4 de sentencia; Santa Ana y San Miguel también deberían tener 4. Tener más tribunales permitirá que la mora judicial camine y se evitará el colapso total de los juzgados especializados” explica.
Acceder a estos tribunales especializados también es un proceso que muchas desconocen. El procedimiento manda a iniciar el proceso en un juzgado de Paz, éste de acuerdo a la valoración del caso lo puede remitir al especializado. Sin embargo, las mujeres al conocer de la creación de estos tribunales especializados en 2016 acudieron directamente, porque prometía ser más factible, así lo explicó una fuente cercana al trabajo de los Juzgados Especializados que prefirió no identificarse.
“Cuando las mujeres se dieron cuenta que había un Juzgado Especializado se fueron a poner las denuncias, sin acudir antes al Juzgado de Paz. En 2017 y 2018 rebalsaron de casos, ya no tenían la capacidad, la gente estaba enferma, llegaban sábados y domingos a trabajar para tratar de darle procesos al caso, porque si tiene mucho trabajo: análisis jurídico, análisis social y psicológico para iniciar el proceso en etapa de instrucción y pasar a una fase de sentencia. Es un trabajo complejo” expresó.
La saturación de casos en los Juzgados Especializados provocó que ya no se recibieron las denuncias directamente en dicha instancia, se enviaban al Juzgado de Paz y si calificaba los regresaban al Especializado, como norma la ley “El no recibir las denuncias generó incomodidad y comentarios negativos respecto a cómo está funcionando el sistema de justicia en el país, pero era imposible atender todos los casos” explica dicha fuente.
Agrega que hay retos: “lo primero es acceso físico como la cercanía de los servicios, la favorabilidad, la atención especializada. Es importante que les crean a las víctimas y no las culpen, pero muchas veces es lo contrario, es decir, que todavía a la gente les cuesta creer que las mujeres están viviendo violencia” detalla.
Foto/Reina Ponce
El acceso a la justicia debe considerar la pronta respuesta, una de las razones por la que las mujeres acuden a los Juzgados Especializados es obtener de forma inmediata las medidas de protección, sin embargo, muchas veces son procesos tardados, y en ocasiones no son las suficientes.
En abril de 2018, Ana Miriam González, regresaba de interponer una denuncia en el Juzgado de Paz de El Congo, Santa Ana, contra su pareja, Angel Quijano, por maltrato físico y psicológico; pero camino a su casa fue atacada por Quijano con un corvo haciéndole una lesión en el cuello que le causó la muerte.
La abogada, Ismenia Méndez, considera que la Corte Suprema de Justicia puede mejorar la atención a estos casos debido a que es una de las instituciones del Estado con mayor presupuesto “La Corte tiene mayor presupuesto incluso que FGR, PGR, en teoría deberíamos haber visto la creación de más tribunales, al menos uno por departamento” considera. Además afirma que esto aportaría a bajar la mora judicial.
Estas medidas son urgentes para evitar el colapso total en los juzgados afirma Ismedia Méndez “la Corte debe capacitar a su personal, hacer propuestas efectivas e instalar a la mayor brevedad posible nuevos tribunales, es decir, agregar a los que ya están más juzgadores para dar respuestas, porque si no se da una respuesta inmediata tendremos el colapso total” enfatiza.
“No es un tema solo de presupuesto, si hubiera sensibilización en el Sistema Judicial se pondrían la mano en la conciencia y dirían: sí es necesaria la creación de más tribunales” Ismenia Méndez.
La antropóloga feminista, Mariana Moisa, abona a este punto y explica que la discusión debe salir del pensamiento que los juzgados están saturados y centrarse en que la violencia a las mujeres sobrepasa a este país. “El Salvador no está preparado para atender la violencia contra las mujeres. Los gobiernos invierten mucho en campañas para decirle a las mujeres que denuncien. Pero el sistema no está fortalecido para atenderlas. Las mujeres ni siquiera tenemos acceso a la justicia” señala.
Foto/Reina Ponce
El feminicidio de Jocelyn Abarca fue en julio de 2018, es decir, en julio de este año se cumple el plazo máximo de la detención provisional mientras se dicta sentencia contra su feminicida, Ronald Urbina, si para esa fecha no hay juicio y sentencia, el agresor podría llevar el proceso en libertad, de acuerdo al Código Procesal Penal, lo que implica que puede huir del país y la familia de Abarca nunca obtener justicia.
También, se puede configurar otra escenario, llegar a judicialización a punto de vencerse y si la Fiscalía no tuviera suficientes elementos que prueben el feminicidios podría salir una sentencia que no tenga la profundidad y el enfoque de género necesario, debido a lo que las expertas mencionaba anteriormente, “la maquilación de las resoluciones, por el poco tiempo que tienen para sacar el caso y no dejar en libertad al agresor”.
Por eso, la presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, cree que el sistema tiene retos “La respuesta a la violencia contra las mujeres debe ser pronta y cumplida, fortalecer con perspectiva de género” además agrega un elemento fundamental “tiene que haber reparación para las víctimas, es una deuda histórica que se tiene que trabajar”. En este apartado, es importante mencionar la deuda con los hijos e hijas que estas mujeres asesinadas por sus parejas dejan en la orfandad.
Para el feminicidio de Saira Abigail Ayala todavía no se ha encontrado culpable, su pareja Carlos Gilberto Tobías Ayala, quien al encontrarse solo con ella la estranguló la mañana del 23 de enero de este año y luego de cometer el crimen huyó.
Los casos ingresados por delitos de feminicidio y feminicidio agravado muestran que en 2018 fueron 192 y en 2019, 111. Mientras que la cantidad de feminicidas condenados fueron 53 en 2018 y 39 en 2019, hubo una disminución, de acuerdo a la información de la Fiscalía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las condenas no se dan en el año que se comete el hecho, por lo tardado que resultan ser los procesos. Es decir, los feminicidios cometidos en 2017 se judicializan, en 2019, en el mejor de los casos tardarían un año, o sea se hubieran judicializado en 2018. Pero como ya se ha explicado, por la saturación en los juzgados, la mayoría de casos llega antes de vencerse el plazo de los dos años para emitir condena.
Si bien la cifra de feminicidios se redujo en 2019, los hechos de violencia continuaron en alza, de enero a junio se cometieron 12,642 hechos violentos contra las mujeres, esto significa alrededor de 70 agresiones diarias, de acuerdo al Informe Semestral sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres del Sistema Nacional de Datos, Estadística e Información de Violencia contra las Mujeres (SNDVM).
Silvia Juárez, abogada de ORMUSA explica que la baja de los feminicidios no significa una disminución automática de la violencia contra las mujeres, pues desde 2018 las cifras de los feminicidios han bajado pero han aumentado las desapariciones, en ese estado no se tiene la certeza de que la persona esté viva o muerta.
“Un país no puede hablar de estar en situaciones de paz o de disminución de indicadores si solo es uno del que estamos dando cuenta, en ese caso tendríamos una sociedad en la que la violencia contra la mujeres está disminuida, sin embargo tendría que dar cuenta de todos los indicadores, incluyendo las desapariciones. No podemos hablar de estar con tranquilidad al decir que hay menos muertes pero siguen habiendo desapariciones” afirma.
Foto/Reina Ponce
¿Qué pasa en El Salvador con las mujeres desaparecidas?
Realizando un análisis de los casos mediáticos de feminicidios encontramos que los feminicidas son quienes reportan a sus víctimas como desaparecidas. Entre de los casos emblemáticos está el de Karla Turcios, mujer periodista que fue asesinada por su pareja, Mario Huezo, ahora condenado a 50 años de prisión por feminicidio agravado, en este caso él denunció la desaparición de Karla. Asimismo, sucedió con el feminicidio Jocelyn Abarca, fue Ronald Urbina, quien de acuerdo a las investigaciones de Fiscalía, la asesinó y luego dio aviso de la supuesta desaparición.
Estas acciones por parte de los perpetuadores, dejan importantes reflexiones, sobre todo de la forma cómo los medios de comunicación informan los casos y cómo las mismas autoridades brindan la información, se podría estar fomentando la violencia. Al respecto, Rita Segato ha señalado precisamente que “Se glamorizan los feminicidios en el sentido de que se transforma en un espectáculo. Se lo repite, se lo analiza, se buscan detalles, sin ningún cuidado para el mimetismo que produce en la gente. Los medios están con una deuda con la sociedad” considera.
¿Qué pasa en El Salvador con las mujeres desaparecidas?
A pesar que las estadísticas de la Fiscalía muestran que los feminicidios bajaron, las desapariciones de mujeres aumentaron considerablemente en 2019, así lo reveló el informe de la Asociación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Organizaciones feministas manifiestan que los datos no se pueden tomar a la ligera, que no se puede celebrar la baja de feminicidio cuando la cifra de mujeres desaparecidas ha aumentado.
“Hay una zona gris en que quedan los datos de las desapariciones, es una alerta frente a los datos de feminicidios, por la intervención que hace Fiscalía y la Policía para identificar los asesinatos, entonces la lectura de los datos es una nebulosa. No estamos mirando a las mujeres jóvenes, niñas que desaparecen, es impresionante todas las personas que desaparecen y no se hace una lectura de eso”.
En el país existe un número de mujeres que no se sabe lo que pasó con ellas, los motivos de las desapariciones pueden ser diversos, dice la abogada Paola Sosa.
“Se puede decir que aunque no se contemplan como feminicidios, están vinculadas por el hecho de estar desaparecidas por razones de trata fuera o dentro del país; pueden estar secuestradas por su pareja en su hogar o lugar de habitación donde ellos tengan control sobre ellas, también puede ser que hayan sido asesinadas y estén en fosas clandestinas”.
Si bien es cierto que la misma Fiscalía cuenta con el sistema “Alerta Ángel Desaparecido”, éste solo se centra en la búsqueda de niñez y adolescencia, no en casos de personas adultas, por lo que encontrarlas es un proceso más largo para las familias al no contar con un sistema que les respalde.
Para conocer más detalles, se solicitó una entrevista con la coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, niñez, adolescencia, LGBTI y grupos vulnerables de la Fiscalía, sin embargo no se obtuvo respuesta.
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