Fotografía/ tomada de internet
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Women’s Link Worldwide presentan informe Respuesta estatal al COVID-19: sin enfoque de género. Miradas desde El Salvador. En el documento se denuncia la falta de un enfoque de derechos humanos, de género, y el incumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño. La investigación analizó 43 decretos expedidos para mitigar los efectos de la pandemia relacionados con la salud sexual y reproductiva y el acceso a la justicia, además incluye datos proporcionados por personal de salud e información de prensa.
El informe se presenta en el marco de la campaña “Que el tapaboca no te calle”, cuyo objetivo es visibilizar los impactos de la pandemia en la vida de las mujeres y la situación de derechos humanos durante la emergencia del COVID-19. El mismo reveló que ningún decreto contiene disposiciones para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como las niñas y adolescentes, las migrantes, las mujeres con discapacidad, embarazadas y lactantes, adultos mayores, las que están privadas de la libertad; mujeres que viven con VIH, rurales y mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Asimismo, muestra que las medidas públicas de contingencia al COVID no correspondieron a la más de la mitad de la población que representan las mujeres en El Salvador, al no implementarse con una mirada holistica y con enfoque de género.
Entre los hallazgos también se encuentran la falta de visibilidad de la función del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que los -servicios esenciales- (mencionados en decretos) no estaban relacionados con la protección de derechos humanos sino con actividades comerciales e industriales y que entre marzo a julio la medida principal fue restringir el derecho fundamental de la libertad de transito, última que impidió el acceso a derechos reproductivos y a la justicia.
La investigación constató, por ejemplo, que la atención ginecológica y obstétrica fue interrumpida y se suspendieron los servicios de ultrasonografía y exámenes de laboratorio. De acuerdo a cifras del Ministerio de salud, entre abril y mayo del 2020, las atenciones ginecológicas se redujeron un 80% con respecto al año 2019. Asimismo, las organizaciones consideran preocupante la ausencia de datos oficiales sobre mortalidad materna, pues los boletines epidemiológicos únicamente contienen información estadística asociada al COVID-19.
“Esto no quiere decir que las mujeres no hayan necesitado atención, sino que no se abordó de forma expresa las necesidades de las mujeres relacionadas con la salud sexual y reproductiva, como citologías, que son esenciales para prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino; controles por embarazo y atención posparto, mamografías o citas para adquirir métodos anticonceptivos”, afirmó Angélica Rivas Monge, del equipo de coordinación de la Colectiva Feminista para el Desarrollo local.”
Panelistas coincidieron que las autoridades no previeron el aumento del riesgo para las niñas y mujeres y que no se establecieron canales adecuados para denunciar ni para protegerlas adecuadamente.
Según datos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (IDEMU), en el 2019 se brindó atención legal, psicológica y social a 3.731 mujeres y, en el 2020, a 2.561. Esto quiere decir que durante el periodo de confinamiento (marzo a junio) las atenciones se redujeron en un 56%, en comparación con el mismo periodo del año pasado, citan ponentes.
En el mismo sentido, explican, que la Fiscalía también proporcionó datos en los que evidencia una disminución en las denuncias por casos de hechos de violencia contra la mujer pero negó el acceso a información sobre el vínculo entre los agresores y las mujeres víctimas, aduciendo que no tiene esa información.
Adicionalmente, preocupa que en el país en el 2020, según Fiscalía, se han presentado 223 feminicidios, 3.172 casos de violencia sexual, y 4.173 de violencia física contra las mujeres, una institución como la Fiscalía no cuente con lineamientos y protocolos, planes y estrategias implementados para brindar servicios a las mujeres que enfrentan violencia durante la emergencia causada por el COVID-19, menciona el documento.
Para Alberto Brunori, representante de la OACNUDH para América Central, mencionó que en materia de política publica las medidas que no contemplaron una perspectiva de género tienen como resultado la profundización de las desigualdades entre mujeres y hombres.
“ Los Derechos Sexuales y Reproductivos y el acceso a la justicia ambas son de importancia primordial y afectan de forma significativa al disfrute efectivo de los derechos de las mujeres y niñas”, expresó.
Por otro lado, José Apolonio Tobar, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, sostuvo que la pandemia representó un impacto mayor para las mujeres en todos sus grupos etareos, desde la tarea de cuidos, trabajo en casa y violencia, otros.
El procurador explica que el Estado salvadoreño esta obligado a asumir e implementar políticas que aporten a la construcción de igualdad y no profundización de la desigualdad entre mujeres y hombres. “En el estudio se analizaron las consideraciones especificas a mujeres en condiciones adicionales de vulnerabilidad y derechos humanos vinculados a la prestación de servicios esenciales y observancia del marco normativo nacional, también profundiza al derecho en salud sexual y reproductiva y a la justicia.”
Mencionó que respecto al primero, ningún decreto retomo disposiciones adicionales sobre condiciones de vulnerabilidad de las mujeres como migración, niñez, adolescencia, discapacidad, privación de libertad, identidad de género, mujeres rurales y otras condiciones por las que no se atendieron las discriminaciones múltiples hacia las mujeres (las únicas mencionadas y de manera insatisfactoria) fueron mujeres embarazadas, adultas mayores, mujeres con enfermedades degenerativas y crónicas, mujeres con discapacidad. “Se retomo un concepto de vulnerabilidad a quienes estaban con una probabilidad aumentada de contagio del virus por lo que se retomo un enfoque sanitario pero este no hace referencia ni responde a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ni al mecanismo a nivel nacional para el avance de los derechos de las mujeres ”, comentó.
En este mismo sentido, Marcia Aguiluz, abogada de Women’s Link World Wide, explica que El Salvador es parte de tratados internacionales, desde hace muchos años, en el que se comprometió a combatir toda forma de discriminación, entre ellos la Convención para la Eliminación de las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles). En este caso, en los decretos emitidos no existen referencias de las obligaciones internacionales que se han asumido en tema de derechos humanos, ni en temas de derechos de las mujeres. “La conclusión de este análisis es que se pensó como medida central un confinamiento, y entendemos la situación de crisis, pero no se deja de lado que se olvidaron de las necesidades de más de la mitad de la población. En nuestra opinión, se están violentado tratados que eventualmente podrían ser demandados en espacios internacionales porque hay compromisos que el Estado NO está cumpliendo”, enfatizó.
Recomendaciones
Las organizaciones, según lo analizado, recomendaron al Estado salvadoreño:
- Incluir el enfoque de género e interseccional en la respuesta estatal a la crisis; focalizar intervenciones para la prevención y atención de violencias basadas en género; consultar a las organizaciones de mujeres e incluir al ISDEMU en el diseño de lineamientos y políticas.
- Garantizar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean declarados esenciales y se facilite la información y el acceso por los medios que sean necesarios, y asegurar la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.
- Ampliar la capacidad institucional para recibir y procesar denuncias de violencia, sin interrupción.
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