Un año de retroceso para las mujeres, el primer año de gobierno de Nayib Bukele

Equipo editorial 

Los derechos de las mujeres en El Salvador han sido siempre disputa y moneda de cambio para algunos políticos. A pesar de eso en los últimos años se lograron avances relevantes a favor de las mujeres desde marcos jurídicos, mecanismos de protección y programas especializados. Cambios logrados por las organizaciones de mujeres y feministas, la academia, sectores profesionales y, porqué no decirlo, diputadas y diputados a favor de las mujeres. 

Durante los gobiernos del FMLN uno de los programas símbolo fue Ciudad Mujer que promovía la participación laboral, la atención integral de la salud de las mujeres, con énfasis en la salud sexual y reproductiva y acciones de prevención de la violencia contra la mujer. El programa era ejecutado por la hoy extinta Secretaría de Inclusión Social. Actualmente este programa sigue en funcionamiento al mando de María Chichilco como dependencia de el Ministerio de Desarrollo Local, así lo dio a conocer a través de un tuit el mandatario.

Era razonable que las nuevas autoridades quisieran trasladar en un segundo plano uno de los proyectos insignia de su actual oposición, a pesar de que el Plan Cuscatlán contemplaba su continuidad y mejora. Pero esto no debería de importar porque seguro iniciarían con su propuestas contempladas en su equipo de trabajo de Bienestar Social para garantizar y alcanzar la igualdad y equidad de género real, y que aseguraría el pleno ejercicio y garantías de los derechos de las mujeres como principio y no como meros discursos electorales.

Sin embargo, hoy se cumple el primer año del gobierno de Nayib Bukele y al hacer una revisión de los compromisos en materia de derechos de las mujeres nos encontramos con retrocesos, el primero fue las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal 2020 donde hubo reducción en las unidades presupuestarias en los servicios de atención integral y especializados a mujeres que enfrentan Violencia y mejoramiento de la capacidad  del ISDEMU, así como también la eliminación  de la línea de trabajo de atención a víctimas y equidad de género de la unidad presupuestaria de justicia e iniciativas legislativas del ramo de Justicia y Seguridad Pública que tenían como objetivo fortalecer las acciones institucionales a fin de consolidar la atención a víctimas de delitos y la transversalización y visualización del enfoque de género.

A esto se le suma la poca claridad de estrategias para prevenir la violencia contra la mujer y feminicidio en este periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, donde se han cometido 24 feminicidios entre 16 de marzo al 28 de mayo y se reporta un incremento del 70% de los casos de violencia contra la mujer en comparación con el año 2019, según el Observatorio de Violencia de ORMUSA, mientras el rol del ISDEMU es pasivo ante las necesidades de las mujeres. 

El primer gobierno en ser paritario (constituido por igual número de mujeres y hombres) fue uno de sus lemas en campaña, a pesar de ello pareciera que las mujeres no tienen voz y protagonismo en las tomas de decisiones siempre observamos a sus ministros y secretarios privados brindado información y respondiendo ante la población, también recordemos que han sido dos mujeres removidas de sus cargos en el Ministerio de Salud e ISDEMU. A esto le sumamos los señalamientos de violencia y expresiones de odio contra la mujer de funcionarios de su gabinete como el ministro de trabajo, secretario de prensa de la presidencia y asesor de seguridad nacional.

Hasta el momento el gobierno no ha dado a conocer los planes de trabajo de las instituciones en materia salud sexual y reproductiva, derechos económicos, fortalecimiento de mecanismo de igualdad de género, fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y educación inclusiva como se contemplaba en su plan de gobierno o brindar  una respuesta a sectores económicos informales afectados por la pandemia del covid-19 que principalmente son mujeres. 

A un año evidentemente no se esperan cambios extraordinarios, pero sí se esperaba que no existan retrocesos sobre todo para sectores que durante los últimos años han trabajado para tener espacios de participación y reivindicación de sus derechos fundamentales. También reconocemos que avanzar a una sociedad más justa para todas las personas es un deber de todos y todas, pero es necesario tener claridad del rol fundamental que tiene el Ejecutivo en el correcto cumplimiento de las leyes y garantizar una vida digna para las mujeres por lo que es necesario que el presidente rinda un informe de su primer año y rectifique en las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres.