Las organizaciones señalaron los retrocesos en educación, economía, salud y empleo, la consolidación de un gobierno autoritario e inconstitucional y el empoderamiento de las condiciones de vida. Hicieron el llamado a la población para que tome acción y haga cumplir sus derechos.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto con otras organizaciones presentaron un balance de los 7 años del gobierno de Nayib Bukele en el que resaltaron el retroceso de la democracia y las condiciones de vida de la población.
Uno de los principales señalamientos fue la consolidación de un gobierno inconstitucional con el aval de los demás órganos e instituciones del Estado, que además han respaldado la continuidad del régimen de excepción y las violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones afirmaron que la población ha sido la más afectada. Entre 2019 y 2026, el costo de vida aumentó un 30%, lo que ha generado que más de 138 mil personas cayeran en pobreza extrema.
“La población enfrenta desempleo, bajos salarios y el constante incremento de los precios de alimentos, energía, vivienda y servicios básicos”, dijo el bloque.
Asimismo, señalaron la eliminación de los programas sociales dirigidos a la juventudes, mujeres, agricultores, veteranos y veteranas. El Doctor Rafael Aguirre, del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISS) añadió el retroceso en programas de visitas y asistencia comunitaria, lo que afecta en el acceso a la atención en salud.
“Hay un abandono completo de la vigilancia sanitaria y de la vigilancia epidemiológica que debe de existir como de una forma profesional y que lleve a la protección y al resguardo de la salud de la población salvadoreña” agregó Aguirre, ante el aumento de casos de rubéola, paperas, epidemias de sarampión y otras enfermedades.
El Bloque mencionó la caída productiva del sector agricultor y de la industria, las cosechas de maíz y frijol han registrado niveles bajos en la última década, el despojo de tierras y el aumento de la deuda pública aumentó en $14,500 millones de dólares.
También, puntualizaron la persecución en contra de personas defensoras y periodistas, y la falta de acceso a la justicia para las personas capturadas arbitrariamente.
“En este país, la seguridad no cubre a las personas que hacen mucho uso de su derecho ciudadano a la libre expresión”, comentó Rafael Paz Narvaez, del Bloque.
Las organizaciones hicieron el llamado a la población a la búsqueda de mejores condiciones de vida digna y tomar la dirección a un futuro mejor.