Durante una audiencia virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones nacionales e internacionales alertaron sobre el grave deterioro del estado de derecho en El Salvador, marcado por la persecución sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Por: Redacción
Durante la audiencia pública “El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos”, diversas organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y otras, denunciaron ante la CIDH un patrón sistemático de represión y hostigamiento estatal.
Este patrón incluye amenazas, detenciones arbitrarias, confiscación de bienes, campañas de desprestigio y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas, jueces independientes y periodistas.
Uno de los puntos más preocupantes que se destacó fue la ausencia de representantes del Estado salvadoreño en la audiencia, un hecho que, según las organizaciones, refleja la falta de voluntad para dialogar y rendir cuentas ante instancias internacionales de derechos humanos.
Irene Cuéllar, de Amnistía Internacional, advirtió que el patrón de represión en El Salvador inicia con mensajes estigmatizantes y acoso digital, lo cual sienta las bases para una posterior persecución judicial y vigilancia estatal. Cuéllar recordó que, entre otras prácticas de hostigamiento, se ha documentado el uso del software espía Pegasus contra al menos 30 periodistas, así como auditorías fiscales desproporcionadas como mecanismo de presión y desgaste hacia voces críticas.
Las organizaciones presentaron un panorama alarmante sobre el hostigamiento y la criminalización en El Salvador. En 2024, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos documentó 533 casos de agresión contra personas defensoras de derechos humanos, la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años.
Además, se reportaron casos contra mujeres defensoras, quienes han sido víctimas de desalojos forzados, vigilancia digital, campañas de desprestigio y desplazamiento de sus territorios. Solo en el primer semestre de 2025, el número de agresiones aumentó drásticamente, pasando de 205 casos en todo 2023 a 960.
A esta situación se suman 18 casos documentados de criminalización de sindicalistas, quienes han sido perseguidos judicialmente por ejercer su derecho a exigir condiciones laborales justas y dignas.
Durante la audiencia, las organizaciones también denunciaron la creciente normalización de la prisión preventiva automática y la reserva judicial extendida, una figura legal que impide el acceso a información y limita gravemente el derecho a la defensa. Esta situación fomenta condiciones de incomunicación, tortura y vulneración del debido proceso.
Como el caso de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, acusados sin pruebas claras. A estos se suman los de la abogada Ruth López y el constitucionalista Enrique Anaya, ambos víctimas de campañas de odio y amenazas públicas por su trabajo de denuncia frente a violaciones constitucionales y abusos de poder.
La representante de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció los impactos de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), señalando que esta normativa fue enviada por el presidente al pleno legislativo sin consulta pública ni estudio técnico previo, y que fue aprobada en menos de dos horas tras su ingreso, sin ningún debate sustancial. “El proceso legislativo exprés evidencia la intención de imponer un marco legal restrictivo sin participación ciudadana ni transparencia”. agregó.
Según las organizaciones, la LAEX establece un régimen altamente punitivo y ambiguo que afecta no solo a organizaciones sociales, sino también a periodistas, profesionales independientes, personas consultoras y a la cooperación internacional. Imponiendo un registro obligatorio para quienes reciben financiamiento del extranjero. Además, les obliga a presentar informes periódicos ante la Fiscalía General de la República, lo que incrementa los riesgos de criminalización y vigilancia directa.
Entre sus artículos más preocupantes se encuentra el Artículo 24, que establece que la omisión de inscripción en el registro conlleva multas, además de la suspensión de actividades y la posibilidad de que el Estado inicie procesos penales por considerar la actuación como "agente encubierto"
“La tendencia es clara: se persigue a toda voz crítica”, alertan las organizaciones.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) argumentó que, desde 2020, al menos 130 personas han salido de El Salvador por razones políticas, como consecuencia directa de la persecución y criminalización ejercida desde el Estado contra voces críticas. “En los últimos meses, este patrón se ha intensificado, con 80 nuevos casos de exilio forzado, de los cuales 47 corresponden a periodistas que enfrentaban riesgos inminentes por su labor informativa e independiente”.
Señalaron que el exilio no solo representa una ruptura en la vida profesional y personal de quienes lo enfrentan, sino que además tiene graves consecuencias psicosociales y familiares, particularmente para quienes se han visto obligados a abandonar sus comunidades, redes de apoyo y espacios de incidencia.
En este marco, Angélica Cárcamo, representante de la Red Centroamericana de Periodistas, recordó que, en 2022, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por la criminalización de periodistas, hasta la fecha no existe una respuesta institucional.
La persistencia del silencio oficial refuerza la percepción de que en El Salvador se ha instalado una política de Estado para silenciar, perseguir o expulsar a quienes ejercen el derecho a informar y defender derechos humanos”
Por otra parte, el representante de la Organización de las Naciones Unidas, recordó que el espacio cívico debe ser libre y participativo y que la LAEX representa una grave amenaza al derecho de asociación.
Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, enfatizó la importancia de salvaguardar la participación activa de la ciudadanía en contextos donde persisten las graves restricciones. Señaló con preocupación el cese de operaciones de la organización Cristosal, así como la persecución sistemática contra periodistas independientes.
La CIDH cerró la audiencia con un llamado a respetar los estándares internacionales de derechos humanos, subrayando que las democracias no se sostienen sin libertad de expresión y participación activa de la sociedad civil.