El Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero, presentó su renuncia a través de una carta que data del pasado 15 de mayo, sin aclarar las razones de su retiro más allá de motivos personales y de un cierre de ciclo.
Por Krissia Girón
En su carta, Guzmán afirma haber sido testigo de “una transformación histórica”, observando cómo el país transitó “del caos a la esperanza”. Sin embargo, su renuncia se da en medio de la captura de tres personas defensoras de derechos humanos, las cuales han causado preocupación a nivel nacional e internacional.
De hecho, Guzmán publicó el anuncio de su renuncia en redes sociales 39 minutos después de la captura y desaparición de Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos y abogada de Cristosal.
Andrés Guzmán fue nombrado comisionado el 24 de mayo de 2023. De nacionalidad colombiana, es abogado experto en tecnología, con especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York.
Durante 16 años, fue un alto ejecutivo de Adalid Corp, empresa dedicada a la seguridad de la información y que fue contratada por la Defensoría Colombiana para implementar un “Laboratorio forense de inteligencia digital”, denunciado por organizaciones de ese país por espionaje.
Durante su paso por El Salvador, el ahora ex comisionado cuestionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando conflicto de interés y falta de transparencia en sus informes, ya que aseguró que este organismo internacional y fundación Cristosal, una de las fuentes del informe sobre derechos humanos en El Salvador, tenían la misma fuente de financiamiento.
Además, en julio de 2023, Guzmán rechazó de forma contundente que en El Salvador existan casos de tortura en las cárceles y persecución a periodistas, pese a testimonios de sobrevivientes y familiares de personas detenidas plasmados en informes de diferentes organizaciones, como Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, Movir, entre otros.
En una entrevista brindada a la Prensa Gráfica, Guzmán dijo que habían 107 mil personas privadas de libertad y de esta cifra algunos se tienen que morir de algo. Estas declaraciones fueron fuertemente criticadas por defensores de derechos humanos.
Durante una audiencia virtual destacó que “no hay una sola denuncia de agresiones contra periodistas en la Fiscalía General de la República ni en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador ha reportado solo en 2024 más de 700 agresiones a la prensa, entre restricciones al ejercicio periodístico, violencia digital, seguimiento y acoso a periodistas. Entre algunos casos se encuentran la detención del periodista comunitario Victor Barahona y el allanamiento a la casa de la periodista de Radio Bálsamo, Mónica Rodriguez, en 2024.
En una de sus últimas entrevistas, el ex comisionado dijo que la violencia contra las mujeres se puede prevenir enseñándoles boxeo, “Me dan ganas de montar acá (en El Salvador) programas para que las niñas empiecen a boxear”.
Estas declaraciones demostraron un profundo desconocimiento sobre la problemática y una alarmante falta de sensibilidad, señalaron activistas feministas y expertas en Violencia Basada en Género (VBG).
Reacciones a su renuncia
Durante la sesión plenaria de este día, algunos diputados compartieron sus opiniones sobre la renuncia de Guzmán. Francisco Lira, diputado de Arena, se refirió a la renuncia de Guzman y calificó su papel como la tapadera que ha ocultado las violaciones a derechos humanos de los salvadoreños y salvadoreñas.
“No hizo nunca un pronunciamiento sobre las capturas de personas inocentes bajo el régimen de excepción y de las más de 400 personas que murieron bajo custodia del Estado”.
Por su parte, la diputada de Vamos, Claudia Ortíz, calificó de nefasto el papel de Guzmán. “El cargo de comisionado presidencial fue un cargo creado de manera artificial para generar una percepción de que había una preocupación por los derechos humanos en El Salvador, en estos últimos dos años no hubo un proceso para todas las personas inocentes que fueron privadas de libertad bajo el régimen de excepción”.