Diferentes organizaciones junto con iglesias históricas manifestaron su rechazo de la reactivación minera, denunciaron la criminalización a los líderes de Santa Marta e hicieron el llamado de unirse en la recolección de un millón de firmas.
Por Ana Gómez
Fotografía: Fátima Cruz
Iglesias históricas y diversas organizaciones del movimiento social reiteraron su rechazo a la reactivación de la minería metálica y llamaron a la población a sumarse a la defensa del agua, la salud y la vida.
La prohibición de la minería metálica en el país quedó sin efecto el pasado 23 de diciembre, cuando el partido de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la Ley General de Minería Metálica.
Las organizaciones cuestionaron que no incluyeron estudios técnicos que validen la derogación de la prohibición y reactivación de la minería metálica; y tampoco tomaron en cuenta la opinión de la mayoría.
Según la encuesta realizada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la mayoría de la población no apoya la minería:
- El 60% de la población piensa que el país no es apropiado para hacer minería,
- El 70% sabe que la explotación minera causa daños al medioambiente,
- El 91% dice que no trabajaría en una mina y
- El 95% considera peligroso vivir cerca de una mina
Además, denunciaron la criminalización y persecución judicial contra los líderes comunitarios de San Marta y ADES, que se someterán nuevamente a juicio a partir del 3 de febrero en Ciudad Delgado.
Peter Nataren, representante de ADES Santa Marta expresó públicamente que las comunidades podrían enfrentar conflictos sociales ante la posible presencia de las empresas mineras junto con la fuerza armada, ya que el gobierno se ha dedicado a fortalecer este rubro.
También señaló que son empresas estadounidenses con mayor interés, principalmente en la exploración del torio, material radioactivo que se utiliza para la industria nuclear. Sin embargo, ante la falta de información no es posible conocer los datos reales de las negociaciones con estas empresas.
“La información en este país se ha puesto en reserva por 5 años, no podemos acceder a lo que han firmado en la alianza para investigar el torio” amplió Peter Nataren.
Ante la reactivación de la minería metálica, diferentes organizaciones, colectivos e iglesias iniciaron la campaña de “SÍ a la Vida, NO a la Minería» con la recolección de un millón de firmas y pidieron que la población se sume a esta y otras acciones.
Medidas “para silenciar las voces de la población”
En conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele anunció el pago de las facturas de luz y agua que se cobran en el mes de enero, como una forma de aliviar los gastos de la población; y reafirmó la puesta en marcha de la minería metálica.
Amalia López, representante de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, lo señaló como “una medida populista”, ya que solo el 44.3% de la población tiene acceso al servicio de ANDA, de acuerdo a los resultados del Censo poblacional de 2024, el resto se abastece de otras fuentes privadas, comunitarias o municipales.
La pobreza continúa en aumento, donde los salarios no alcanzan para cubrir la canasta básica, “la gente del sector informal gana menos de $223 al mes”, dijo López.
Sin embargo, diferentes sectores de la población que conocen los impactos de la minería metálica, se han manifestado en contra de la decisión del gobierno.