El foro público “Estándar y regulación del secreto profesional y atención de las emergencias obstétricas en El Salvador” señaló los marcos normativos que establecen el secreto profesional y el deber del sistema de salud para atender de manera profesional para salvaguardar la vida a las mujeres que sufren una emergencia obstétrica, resultado de la sentencia de la Corte IDH en el caso Manuela vs El Salvador.
Por: Ana Gómez
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto realizó el foro público: “Estándar y regulación del secreto profesional y atención de las emergencias obstétricas en El Salvador”. Con el objetivo de compartir a la población los marcos normativos del secreto profesional y los derechos de mujeres y personas gestantes.
También, el foro se dirigió a personas que trabajan en el área de salud, para que hagan cumpliento del secreto profesional y brinden una atención sin estigmas ni discriminación.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso Manuela vs El Salvador proporcionó lineamientos que reforzaron normas ya existentes y creó precedentes para que el sistema de salud realice una atención profesional y técnica sin criminalizar ni juzgar a mujeres que sufren una emergencia obstétrica.
En el panel de Anabella Menjívar, abogada, presentó “El protocolo para el abordaje de atenciones en el período preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y emergencias obstétricas desde una perspectiva de derechos humanos” el cual es parte del estándar que ha dictado la CIDH por el caso de Manuela.
Cualquier profesional de salud tiene la obligación de cumplir con este protocolo, que tiene el fin de salvaguardar la vida de las mujeres embarazadas y el feto, garantizando el derechos a la privacidad, a una atención humanizada y secreto profesional.
“En el caso de mujeres que padezcan emergencias obstétricas, la prioridad siempre será la atención médica de calidad” afirmó Anabella Menjívar. La atención rápida y profesional debe ser la prioridad del personal de salud, no deben emitir comentarios con sentido religioso, con estigmas o señalar un acto delictivo.
Esta mención se hace en referencia a los casos de mujeres procesadas y criminalizadas por emergencias obstétricas desde los hospitales, donde el personal médico ha priorizado la denuncia antes de la atención médica, sometiéndolas a procesos penales que han resultado en penas de hasta 50 años de prisión.
Como fue el caso de Manuela, explicado por el el Doctor Juan Cabrera, donde el secreto profesional no fue respetado por las personas que la atendieron en el centro hospitalario, pese a que llegó en condiciones graves y con síntomas graves de cáncer, decidieron llamar a la fiscalía acusándola de un aborto. Además, el personal de salud brindó declaraciones en contra de Manuela y remitió el historial médico a la fiscalía.
El secreto profesional no es un término nuevo para el sistema de salud, en el artículo 37 y 38 del Código de Salud lo menciona con la esencia de la profesión, es un secreto que puede ser explícito o implícito, es decir a partir de la relación del paciente con el profesional.
Ambos panelistas señalaron los derechos de las mujeres embarazadas y personas gestantes como pacientes, y el deber del personal de salud, tanto del sector público como privado de respetar en todo momento el secreto profesional y actuar de manera profesional.
El foro se dio en el marco cierre del curso Las Emergencias Obstétricas desde la Perspectiva Médica y el Derecho Internacional, impartido y organizado por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista, Proyección Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Centros de Estudios de Género de Universidad de El Salvador.
“Salimos de aquí con una visión renovada, con herramientas prácticas y con la convicción de que la justicia reproductiva es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa”, expresó Fabiola Guillén, graduada del curso.