Diversas organizaciones sociales y cientos de personas salieron a las calles para exigir justicia frente a múltiples problemáticas que afectan a los sectores más vulnerables del país. Entre las demandas, se destacaron las denuncias por el desfalco de la cooperativa COSAVI, violaciones a los derechos laborales, desalojos de tierras ancestrales y detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
Redacción: Fátima Cruz
Fotografía: Ana Gómez
El 15 de septiembre, El Salvador conmemoró 203 años de su constitución como Estado-Nación y diversos sectores de la sociedad civil salieron a las calles de San Salvador para denunciar los problemas que más les afectan, entre ellos se encuentran ahorrantes de la cooperativa COSAVI -quienes exigen la devolución de sus fondos bloqueados tras un desfalco millonario-, personas trabajadoras que denuncian despidos arbitrarios, desalojos forzosos, detenciones injustas durante el régimen de excepción, pidiendo soluciones inmediatas y el fin de las violaciones a los derechos humanos.
Uno de los bloques estaba conformado por familiares de víctimas del régimen de excepción, quienes exigieron la liberación de personas detenidas arbitrariamente. Entre ellas, Dilia Romero, madre de un joven encarcelado, demandó justicia. “Marcho por la libertad de mi hijo y de muchos como él, que son inocentes. No pueden seguir destruyendo a nuestras familias”, afirmó Romero.
Ella expresó que el régimen, instaurado para combatir el crimen organizado, ha derivado en arrestos injustificados, afectando a personas inocentes y dejando a familias en la incertidumbre. “Mi hijo fue detenido sin razón y ha pasado meses en prisión sin un juicio justo”, agregó Dilia, resaltando el impacto emocional y económico en su familia.
Asimismo, el Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción, Bajo Lempa, denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades ante las solicitudes de investigación sobre los detenidos. “Hemos presentado 134 casos a la Corte Suprema de Justicia y 52 a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero no hemos recibido respuesta alguna. Están ignorando nuestros llamados mientras nuestros familiares siguen encarcelados sin motivo”, señaló un miembro del comité.
Uno de los casos más alarmantes es el de José Durán Mata Alvarado, detenido desde abril de 2022. A pesar de tener dos resoluciones judiciales que ordenan su liberación, sigue en prisión. “No entendemos por qué no lo liberan. El director del penal simplemente lo retiene”, denunció el comité.
Por otra parte, Lisiados de Guerra también participó en la marcha, exigiendo que se respete su derecho a la salud integral, un beneficio amparado por la ley. “Pedimos que se cumpla con la ley de salud para los lisiados de guerra. Es un derecho que nos pertenece y no podemos seguir permitiendo que se atropellen nuestros derechos”, declararon a través de su posicionamiento en las bocinas.
Ana Cecilia, una pensionada afectada por el colapso financiero de la cooperativa COSAVI, marchó por primera vez en su vida. “COSAVI tiene 230 millones en sus estados financieros, pero la Superintendencia del Sistema Financiero ha incautado el dinero y el 60% de estas personas que van marchando están afectadas porque no pueden sacar un dólar de su dinero ahorrado. Somos en su mayoría personas de la tercera edad y personas pensionadas como mi persona de las cuales hemos trabajado toda nuestra vida», afirmó.
La crisis en COSAVI ha dejado a muchas personas sin acceso a los ahorros de toda una vida. “Para poder tener un retiro digno, para no ser carga de otras personas y nos hemos visto en este penoso incidente en el cual ni la Asamblea Legislativa ni presidencia quieren escuchar nuestras peticiones. Exigimos que sean beneficiadas las personas de la tercera edad y los pensionados, que devuelvan nuestro dinero”, agregó Ana Cecilia.
Sonia Urrutia, secretaria general de la Federación Sindical y miembro del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, también se sumó a las protestas, denunciando despidos masivos y violaciones a los derechos laborales.
El Bloque de Resistencia exigió aumentos salariales, mejores condiciones laborales para los maestros y un alto a los desalojos de tierras y vendedores. “Por el momento hay 23.000 personas despedidas arbitrariamente, no se ha realizado el debido proceso y ahí hay una demanda y exigencia. Estas familias que han quedado sin un empleo han perdido sus casas, han dejado de enviar a sus hijos a la universidad, de enviar a sus hijos al colegio a raíz de la grave violación hacia los derechos laborales.”, afirmó Urrutia, destacando los impactos familiares debido a los despidos.
Comunidades indígenas y campesinas de Flor de Mangle y sus alrededores, en La Unión, marcharon en defensa de sus tierras, en las que se construirá el nuevo aeropuerto. “Esta construcción va a destruir nacimientos de agua y afectará nuestras cosechas. Somos 70 familias que dependemos de estas tierras para sobrevivir”, denunció un agricultor de la zona.
Los residentes también señalaron que el gobierno está incumpliendo las promesas de compensación económica, ya que aseguró pagar el terreno y la construcción de sus viviendas. “Nos ofrecen montos injustos por nuestras casas y tierras. Hemos vivido aquí por generaciones, y ahora nos quieren desalojar sin pagar lo que corresponde”, lamentó.
El impacto ambiental es otra de las principales preocupaciones de las comunidades ancestrales. La construcción del aeropuerto podría afectar el ecosistema costero y agrícola. “Vivir de la Madre Tierra es nuestra forma de vida. Sembramos maíz, pipián, árboles frutales y todo eso está en peligro”, advirtió.
