La Mesa Permanente por la Justicia Laboral señaló la omisión en la revisión del salario mínimo, la criminalización de defensores de derechos laborales y diversas violaciones en el sector público, incluyendo el magisterio.
Por Fátima Cruz
Las organizaciones que conforman la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, denunciaron la situación de los derechos laborales y sindicales en El Salvador, como la omisión de la revisión del salario mínimo, la criminalización de defensores de derechos laborales y otras graves violaciones en el sector público.
«Es lamentable que a la fecha no se haga una revisión del salario mínimo tal como lo establece la ley en el artículo 159 del Código de Trabajo,» expresó Oscar Morales, de la Mesa Permanente. Destacó que, a pesar de la solicitud formal realizada en abril de 2024 al Consejo Nacional del Salario Mínimo, las autoridades no se han pronunciado, «violando así no solo el Código de Trabajo, sino también convenios internacionales suscritos por El Salvador», afirmó.
Félix Ángel Flores, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, denunció la implementación de leyes inconsultas, como la Ley de Reestructuración Municipal, que ha resultado en el despido de más de mil trabajadores. «Detrás de cada empleado despedido, hay una familia que sufre las consecuencias de estas decisiones», aseguró Flores.
En el sector magisterial, Dolores Almendares, del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Salvador, describió que existe un ambiente de acoso laboral y denunció la falta de respeto a la antigüedad y derechos adquiridos de las personas trabajadoras, tras la implementación de la nueva Ley de Reestructuración y la Ley de Transición Municipal.
Rafael Méndez, de la Mesa Permanente, mencionó que «el gobierno está saqueando de manera ilimitada los ahorros de los trabajadores», poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones y condenando a futuros jubilados a pensiones de miseria.
La Mesa Permanente exigió la libertad inmediata de sindicalistas detenidos bajo el régimen de excepción, el reintegro de los trabajadores despedidos de forma arbitraria, y el cese de los despidos masivos. Asimismo, instaron a la Asamblea Legislativa a aprobar una reforma que garantice la estabilidad laboral y el respeto a los derechos sindicales en El Salvador.