Pese a que se conoció que los soldados que detuvieron a un grupo personas en Mizata, amenazándolos con aplicarles el régimen de excepción, el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, negó que dicho régimen esté relacionado a los hechos. La Fiscalía decretó reserva del caso.
Por: Eugenia Olán
En los últimos días de septiembre, se dio a conocer el caso de violación a una niña de 13 años en Mizata, donde el sargento Hector Ovidio Alvarado Rivera es responsable directo, junto a cinco soldados, a quienes se les atribuyen los cargos de lesiones y amenazas con agravación especial.
El portavoz de la Fiscalía General de la República en la audiencia preliminar del 30 de septiembre, mencionó que los soldados amenazaron a los familiares de la menor con aplicarles el régimen de excepción.
Por su parte, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, en declaraciones a los medios negó que el régimen de excepción estén relacionados a los hechos, “elementos malos siempre hay en toda sociedad”.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República decretó reserva del caso.
En el informe “Podemos detener a quien queramos” Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el “régimen de excepción” en El Salvador, presentado por Human Rights Watch y Cristosal, mencionan que desde que se adoptó el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en comunidades de bajos ingresos, arrestando a más de 58,000 personas, incluidos más de 1,600 niños y niñas.
Asimismo, las cinco organizaciones que brindan atención a víctimas del régimen, en sus informes resaltan que hay un patrón coincidente: El principal victimario es la PNC y en segundo lugar la FAES, según testimonios de los casos atendidos.
La diputada Claudia Ortiz mencionó que la Fuerza Armada no es la encargada de la seguridad pública, pero que exista un régimen de excepción les permite que ellos patrullen de manera solitaria sin supervisión incluso de la Policía Nacional Civil.
Ante los hechos de los seis soldados, señaló que “Esto tiene todo que ver con el régimen de excepción, en el sentido que se le están dando a los elementos de la fuerza de seguridad carta abierta para ejercer su poder sin límite. Es un riesgo que los elementos de autoridad no tengan contrapeso y contraloría en las calles”.
Para la diputada Anabel Belloso, es evidente el nulo interés que tiene este gobierno en acompañar a las víctimas y que se puede observar desde la disminución presupuestaria etiquetadas en la atención a víctimas de violaciones.
Sin embargo, para el presupuesto 2024, Seguridad y Defensa tendrá una asignación de $866 millones.
La atención a las víctimas un tema pendiente en esta administración
Hasta la fecha, la única pieza que se ha presentado en cuanto a protocolos de atención a víctimas fue la iniciativa a la Ley de Responsabilidad Integral del Estado salvadoreño con las personas víctimas de feminicidio y víctima indirecta del feminicidio, que surge del acompañamiento que diferentes colectivas feministas han hecho con familiares de víctimas de feminicidios.
Otra de las piezas presentadas es la reforma al Código Penal “Niñas no madres”, que tiene como objetivo brindarle a las niñas y adolescentes la oportunidad de interrumpir el embarazo cuando sean sobrevivientes de violencia sexual.
Esta iniciativa nace a partir de los reportes del Instituto de Medicina Legal donde realizó el reconocimiento médico de 2,019 delitos sexuales en contra de niñas y adolescentes, de las que el 60% eran menores de 14 años y el 17% reportó un embarazo.
Por otra parte, el observatorio de la Fiscalía General de la República detalló que al cierre de 2022 se reportan 1,387 denuncias por violaciones en menor incapaz y 1,520 por estupro, totalizando 2,907 casos.
En El Salvador, el aborto se convirtió en delito sin excepción, incluso en los casos de violación sexual, y donde se obliga a las niñas y adolescentes a llevar a cabo una maternidad forzada y condenandolas a la pobreza y violencia.
Estas iniciativas aún están pendientes de revisión por parte de las y los legisladores.