Los miedos políticos irrumpen en las políticas de atención a niñas embarazadas tras años de avances.
Aunque los embarazos en niñas y adolescentes están en marcado descenso desde hace siete años, Guatemala sigue siendo uno de los países con tasas más altas de maternidad precoz en el continente. La coordinación entre instituciones que provocó la mejora enfrenta además una nueva amenaza: el temor del gobierno de Bernardo Arévalo a confrontar a quienes, en línea con lo que ocurre en otros países, han declarado la guerra a las políticas de género y la educación sexual en las escuelas.
Por Pilar Rodríguez
Edición: José Luis Sanz
*Esta investigación fue originalmente publicado en Ojoconmipisto.
“S” dejó de asistir a clases en quinto de primaria tras quedar embarazada. Tenía 14 años. Hasta entonces sus mañanas consistían en levantarse a las siete para desayunar e ir a estudiar a una escuela pública de Cobán, Alta Verapaz. Quería ser doctora. Ahora su primera tarea es encender el fuego y tener listas las tortillas para el desayuno antes de que su hija de dos años despierte en el cuarto de lámina que ambas comparten.
“Después cada quien lava sus trastos, y de ahí me voy a limpiar mi cuarto, y a jugar un ratito con la nena, y de ahí venimos otra vez y le caliento su atol, le doy pacha, y si se quiere dormir se duerme, y si no volvemos a ir a jugar”, cuenta. También se encarga de algunas tareas del hogar familiar, que comparte con su hermana, su sobrino y su madre, y ayuda a cuidar a su sobrino de un año. La adolescencia de “S” es una sucesión de tareas, atoles y pachas hasta el fin del día.
“Me pongo a veces a lavar. No dejo que se junte mucha ropa, porque como no hay agua…“, dice. “Y a las 6, 7 ya estoy en la cama, porque como no hay luz…”.
A 45 minutos a pie por un camino de tierra está la casa de “M”. También tiene 16 años y también una hija de dos. “Me violó mi propio cuñado”, cuenta. “Yo me estaba terminando de bañar cuando él llegó, y me tocó, y ahora tengo una hija”.
Pide justicia. Repite esa palabra: “justicia”. “Lo que me hizo no es bueno”, dice, “porque yo los ayudé. Mi hermana estaba embarazada y yo cuidaba a sus hijos, pero mi mamá se iba a lavar y yo tenía miedo”.
“M” había dejado la escuela poco antes, en cuarto de primaria. Cuenta que con 14 años empezó a menstruar y sus compañeros se burlaban de ella por llevar toallas sanitarias en la mochila, y que cuando acudió a uno de sus maestros para reclamar, para buscar resguardo, él en cambio la castigó y le dijo que no volviera a hablar del tema. Ser niña y crecer era tener que avergonzarse y callar.
Y tener miedo. “M” cuenta que su cuñado la amenazó por un tiempo con secuestrar a su hija cuando naciera, si contaba a alguien lo sucedido. Por eso no contó a su madre que estaba embarazada hasta el sexto mes.
“A veces siento que no puedo hacer más en mi vida porque ya tengo una hija. Nunca pensé que me iba a hacer eso mi propio cuñado”, lamenta.
Un problema nacional
Guatemala es el quinto país con mayor tasa de embarazos adolescentes de 15 a 19 años de América Latina y El Caribe según el Banco Mundial, con 68 casos por cada 1,000 mujeres de esa edad, 15 puntos por encima del promedio regional de 52 y solo detrás de Nicaragua, Honduras, Guyana y Paraguay.
Paradójicamente, es el mejor resultado que el país ha cosechado. El año pasado, según el Registro Nacional de las Personas (Renap), el número de nacimientos en madres de entre 10 y 19 años fue de 56 mil 889, la mayoría de ellos en los departamentos de Alta Verapaz y Guatemala. Tres años antes, en 2022, la cantidad fue de 67 mil 688. En 2018 se registraron 77 mil 700. En siete años, Guatemala ha reducido un 26.8 % los nacimientos resultado de embarazos precoces.
Ximena Aguilar, coordinadora de Incidencia Política de Incidejoven, organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos en Guatemala, reconoce esos resultados, pero matiza que es difícil saber a qué atribuirlos porque el Estado no cuenta con sistemas de indicadores y datos públicos detallados que permitan analizar con precisión la evolución del problema o sus soluciones.
“Si tuviéramos, por ejemplo, datos del acceso de las y los adolescentes a métodos anticonceptivos, o indicadores de programas estatales, podríamos triangular datos, pero toda esa información no está disponible”, menciona.
Aguilar explica también que si Guatemala es uno de los países de la región con más embarazos precoces debido a una combinación de factores, como los altos niveles de violencia sexual, tasas altas de pobreza, el inicio temprano de las relaciones sexuales y falta de educación integral en sexualidad y de acceso a métodos anticonceptivos.
El estudio de FLACSO-UNFPA Me cambió la vida, publicado en 2015, mostraba un país en el que la vida sexual de las adolescentes iniciaba alrededor de los 15 años. Las parejas de las madres adolescentes tenían en promedio siete años más que ellas.
“Entre las barreras estructurales que tiene Guatemala, está que es un país profundamente machista y patriarcal”, dice Aguilar. “Esto genera conductas violentas normalizadas en la cotidianidad de las niñas y adolescentes y que se profundizan en contextos de pobreza y desigualdad”.
De acuerdo con los mismos datos del Renap, 33 mil 54 de los nacimientos en 2025 fueron de madres de entre 10 a 17 años. De ellas, 2 mil 611 tenían entre 10 y 14 años. En cuanto a los padres, solo el 17.3 % (5,714) consta que eran también menores de edad. En el 22 % de los casos no hay registro de la edad o la identidad del padre.
“Guatemala tiene un marco político y legal relativamente favorable para la prevención de embarazos en niñas y adolescentes”, dice aun así Aguilar. “El problema es que no se implementa, el Ejecutivo tiene el respaldo legal para implementar cambios, pero continúa la inacción”.
Se refiere, entre otros, al Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes (Planea), impulsado en 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, por el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y que hasta el año pasado se había renovado sin falta cada tres años.
Planea establece acciones coordinadas entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el de Educación (Mineduc), el de Gobernación (Mingob), el de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), con acompañamiento del Conjuve y apoyo de organismos internacionales.
Alejandro Silva, médico encargado del área de salud en el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), explica que la muerte materna y el embarazo adolescente deben entenderse bajo el análisis de “cuatro demoras”: desconocimiento, restricciones en la autonomía de niñas y adolescentes para decidir sobre su cuerpo, barreras económicas, geográficas y culturales, y acceso limitado a servicios. “El embarazo es el resultado final de múltiples condiciones sociales”, dice. “Si queremos cambiarlo, hemos de intervenir en articulación interinstitucional desde todos los niveles”.
Por eso resulta preocupante que Planea no se renovara a mediados de 2025, como estaba previsto. Y que la coordinación y recursos que proporciona el plan hayan estado en suspenso.
El miedo del gobierno Arévalo
José Chávez, técnico del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) y miembro de la Mesa Nacional del Planea, destaca que el plan reconocía el carácter multicausal del problema e incluía mesas de trabajo a nivel nacional, departamental y municipal.
En 2020, de hecho, Planea se integró al Gabinete de Desarrollo del Ejecutivo y se consolidó la Mesa Técnica de Prevención del Embarazo en Adolescentes, lo que permitió incidencia y coordinación interinstitucional de alto nivel. Y en 2023 incorporó un eje estratégico más: la prevención de la violencia sexual con mayor participación de la Secretaría contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas (SVET).
El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MSPAS, Edgar González Barreno, atribuye el descenso de los nacimientos precoces en los últimos años a las estrategias de anticoncepción por parte del ministerio, los Espacios Amigables y al crecimiento urbano.
En Cobán, el municipio con tasas más altas después de la capital, la cifra de nacimientos en menores de 20 años fue de 1 mil 23 en 2020 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en 2024 se había reducido a la mitad: 512.
Para González, Planea proporciona al MSPAS “un marco de acción importante para las intervenciones”. Los Espacios Amigables, la información que se proporciona a los adolescentes, la consejería en los servicios de salud, toman estructura del Plan.
Quizá por ello entre las organizaciones de sociedad civil implicadas en la prevención de embarazos precoces fue una sorpresa que el programa no siguiera.
Chávez, del OSAR, considera que Planea ha sido una estrategia importante para posicionar la prevención de embarazos en niñas y adolescentes en la agenda pública, especialmente a nivel departamental y municipal.
“Ha permitido la articulación interinstitucional, el impulso de acciones de formación con personal de salud, educación, Policía Nacional Civil, Mides y otras instancias clave”, evalúa. Insiste en que el Plan está “basado en acciones estratégicas que cuentan con evidencia científica y estándares internacionales como la Educación Integral en Sexualidad”.
Reconoce que el Plan tiene áreas de mejora, como el cumplimiento de indicadores, la asignación de presupuesto o el monitoreo, pero cree que se han hecho esfuerzos por fortalecer estos aspectos. “Desde nuestra experiencia, las acciones a nivel local muestran interés por generar estrategias de prevención aunque persisten desafíos estructurales”, cuenta.
Francisco Cabrera, viceministro Técnico de Educación del Mineduc, difiere: para él, Planea es un instrumento “deficiente, que no se sostiene de manera técnica”. “El plan no abona nada al trabajo específico de las instituciones, no ayuda a encauzar acciones, ni define rutas nuevas”, asegura. “Ha habido demasiado ruido por un documento que ni siquiera aporta en los casos donde se han vulnerado derechos”.
Chávez responsabiliza a la presidencia de Arévalo de la no renovación del plan. Asegura que la coyuntura política y el debate sobre la educación integral en sexualidad, reabierto en todo el continente por sectores conservadores e impulsado hace dos años en Guatemala por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), ha influido, sobre todo, en las posturas del Mineduc.
El 21 de noviembre de 2024, el sindicato se manifestó ante el Congreso y denunció que el Mineduc supuestamente había modificado los libros de texto para el ciclo 2025 para “propagar ideología de género”. El ministerio lo desmintió, pero en los meses siguientes, según Chávez, comenzó a impulsar ajustes al documento de Planea, como la eliminación de términos que incluso durante las administraciones de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei contaron con el aval del Ejecutivo.
“Es un retroceso”, afirma Chávez. “El año pasado el documento fue sometido a revisión adicional y se ajustaron ciertos conceptos y términos. Por ejemplo, si el texto decía ‘educación integral en sexualidad’ se iba a quitar o a cambiar por ‘formación para la vida’. Hubo discusión sobre conceptos como ‘sexualidad’ y ‘género’ que forman parte de estándares técnicos y de obligaciones ya asumidas por el Estado, como garantizar la educación en salud sexual y reproductiva”.
El viceministro Cabrera lo niega. Asegura que el ministerio de Educación solo solicitó cambios en las fuentes citadas en el documento. “No eran recientes, y tenían estadísticas de hace más de cinco años”, dice.
Un alto funcionario de la administración de Arévalo confirma, sin embargo, que la “única razón” por la que Planea ha estado en suspenso casi un año es el miedo del Mineduc a sus opositores. “La educación sexual es importante”, dice, “pero se presta para aumentar el asedio por parte del conservadurismo politizado hacia el ministerio”.
“El Mineduc tiene muchas luchas que cuidar”, dice el alto funcionario, quien pidió anonimato por no ser un vocero autorizado, pero se mostró contrario a la postura del Ejecutivo en este tema. “Por esto, el Mineduc ha mantenido un bajo perfil, para evitar malinterpretaciones o tergiversaciones sobre la temática de sexualidad y género”, dice, y describe este conflicto como “la muralla” más grande para la renovación de Planea.
El viceministro González, del MSPAS, también confirma que el clima político afectó la renovación: “Influyó sin duda. Al final, el gobierno también tiene que escuchar las voces de todos. No necesariamente tiene que incorporarlas, pero sí tener un proceso de escucha para hacer sus planteamientos”, dice.
Aguilar, de Incidejoven, recalca que no existe razón técnica para el retraso de Planea. “Las distintas instituciones tratan de evadir la responsabilidad: Salud dice que el atraso es decisión del Mineduc, y el Mineduc no da información sobre eso”, denuncia.
De manera extraoficial, Incidejoven ha escuchado de diversas fuentes que “la lectura del presidente de la República y la ministra de Educación es que es políticamente arriesgado asumir actividades relacionadas con la prevención de embarazos, principalmente la educación integral en sexualidad”.
“Es un miedo irracional e injustificado”, dice. “Pareciera que en el Ejecutivo pesa más la voluntad de un sindicato cooptado que su propia responsabilidad de asegurar los derechos de las niñas y adolescentes”.
El viceministro González dice que es en todo caso un debate superado y asegura que el presidente Arévalo ya dio su visto bueno al nuevo documento de Planea, que está listo para su firma y presentación. Aún no hay fecha oficial para que eso suceda.
Caminos truncados
Cuando supo que estaba embarazada, “S” empezó a tener problemas para concentrarse en clase. Cuenta que le preocupaba lo que dirían sus papás y no quería alterar a su padre, que sufría diabetes e hipertensión. Decidió mantenerlo en secreto.
Seis meses después, mientras acarreaba agua para lavar la ropa, como cada día, rompió la fuente. Su hermana mayor, que tenía entonces 24 años y un hijo de seis, fue quien la acompañó al centro de salud. Ese mismo día dio a luz a un bebé prematuro.
El impacto de la maternidad precoz en la vida de las niñas y adolescentes es demoledor. De acuerdo con un estudio de UNFPA publicado en 2020, en Guatemala quienes fueron madres entre los 10 y 19 años tienen cuatro veces menos acceso a educación superior (el 2.1%) que quienes postergan la maternidad (el 9%). El 63.6 % de quienes fueron madres en la adolescencia solo completaron la primaria.
El ausentismo escolar opera además como un círculo vicioso: “Las niñas más vulneradas, más afectadas por la violencia sexual, son las no escolarizadas, porque no tienen información”, dice Carmelina Chocooj, representante de OSAR en Alta Verapaz.
Esta brecha educativa se traduce en ingresos más bajos: las mujeres que fueron madres adolescentes ganan en promedio 29 % menos que quienes tuvieron hijos en la adultez. El estudio cita datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, según la cual una mujer con primaria completa gana un promedio Q16 mil 321 al año, mientras que una con posgrado puede alcanzar los Q114 mil 266, siete veces más.
Además, según UNFPA, el Estado pierde alrededor de US$210 millones al año por efectos asociados al embarazo adolescente.
Tras ser madre, “S” todavía asistió un ciclo a la escuela, pero después se dedicó a tiempo completo a la crianza, e incluso trabajó durante cuatro meses en casa de una vecina, limpiando y cocinando a cambio de Q400 semanales. Con ese dinero ayudó al tratamiento de su padre, que falleció hace un año por complicaciones de la diabetes.
“La psicóloga del centro de salud me dice que estudie en el plan de fin de semana”, dice “S” con tono de anhelo. Aún sueña con volver a la escuela, “Me dice la psicóloga: ‘Tu hija te va a llegar a encontrar ahí. Van a estudiar juntas’, y la verdad es que yo sí quiero estudiar con ella, ayudarla a que se enfoque en sus estudios”, dice la adolescente, que ahora se imagina graduándose al mismo tiempo que su niña.
Seguir, pese a todo
La implementación formal de Planea aporta recursos, campañas de socialización y más alcance de las estrategias aisladas de cada institución. Pero aun estando suspendido, instituciones públicas y privadas han seguido el trazo del plan.
Chocooj afirma, por ejemplo, que, mientras el miedo congela al gobierno de Arévalo, las iniciativas de educación sexual son bien recibidas por la mayoría de padres de familia en Cobán. “Por eso la sociedad civil está formando a maestros en el tema”, dice.
También en instituciones públicas el trabajo continúa. La psicóloga Eugenia Chacón lleva 20 años en la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz (DRISS), donde está a cargo de políticas de salud mental. Recuerda que, cuando llegó al sistema de salud público, ya existían los “Espacios Amigables”, una estrategia de promoción de salud sexual y reproductiva que forma parte del acuerdo “Prevenir con Educación», suscrito en 2008 por los ministerios de Salud y de Educación.
Los Espacios Amigables son reuniones periódicas que se realizlan en centros de salud o comunitarios, en las que se habla de derechos sexuales y reproductivos, anatomía reproductiva de hombres y mujeres, menstruación, eyaculación, fecundación y, en ocasiones, del machismo y la violencia de género. “Se coordinan con el Consejo Comunitario de Desarrollo (cocode) de cada territorio”, explica Chacón.
La psicóloga insiste en que Planea facilitaría la coordinación intersectorial, aunque, con o sin su oficialización, el MSPAS y otras entidades siguen aplicando protocolos de atención y prevención.
La gobernadora departamental de Alta Verapaz, Dilia Margarita Có Coy, concuerda: una estrategia oficial garantizaría financiamiento y asignación de personal, pero el trabajo no se detiene por la falta de apoyo del Ejecutivo. “Que Planea se oficialice impondría a todas las instituciones la obligatoriedad de atender esta situación”, dice. “Pero también tiene que ver con la voluntad política”.
Quizá por eso en algunos municipios del departamento –como Carchá, Senahú, Chisec, Cahabón, San Cristóbal y Chamelco– se han formado mesas mensuales de trabajo con el alcalde y la Dirección Municipal de la Mujer.
En Cobán esa coordinación no ha sido fácil. En abril de 2025, organizaciones de sociedad civil –entre ellas OSAR– propusieron a la municipalidad crear una mesa interinstitucional para atender los embarazos de niñas y adolescentes, junto a la Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. La comuna no respondió.
Con exceso de diplomacia, Có Coy confirma que, con la alcaldía de Cobán, la búsqueda de coordinación para reducir los embarazos precoces “aún está en proceso”. Admite que ha sido “complejo” trabajar con la cabecera porque “no siempre se comprende la necesidad de contar con una estrategia estructurada”. Pone como ejemplo que Cobán no cuente con un rubro presupuestario destinado a programas específicos para niñas y jóvenes de 10 a 19 años.
Irma Poou, a cargo de la Dirección Municipal de la Mujer, Género, Familia, Niñez y Adolescencia en Cobán, lo reconoce: “No tenemos presupuesto para programas de prevención de embarazo”.
El presupuesto total de la Dirección Municipal que encabeza Poou será en 2026 de Q1 millón 119 mil 948.31. Cuando se le pregunta a qué destina este monto, usa palabras como “gestión” y “capacitaciones”, pero termina por admitir que no existen programas municipales para prevenir los embarazos precoces. Esto, a pesar de que Cobán tiene 49 mil 541 jóvenes de entre 10 y 19 años y de que, en 2024 y 2025, el municipio encabezó las cifras de nacimientos en madres de estas edades en Guatemala: 1 mil 851 el año pasado.
“En Cobán hemos contabilizado 491 comunidades, no podemos llegar a todas”, se justifica Poou. “Por esto sumamos esfuerzos con otras instituciones, como Salud. A veces no cuentan con vehículos y nosotros los gestionamos”.
En realidad, el 95.75 % de su presupuesto de 2025 –que fue de Q988 mil 413– se gastó en salarios y gastos administrativos.
Chocooj, representante de OSAR en Alta Verapaz, cuenta que, después del desplante de abril, volvieron a solicitar reuniones con la municipalidad y finalmente se programó una para el 21 de enero de 2026. Poou la canceló más tarde por “falta de tiempo”. Chocooj acusa a la alcaldía de desatender a cualquiera que no sean las empresas a las que adjudica obras de infraestructura en el municipio. “Ahí siempre están de la mano”, insinúa.
El 25 de noviembre pasado, durante la marcha del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Cobán, cientos de manifestantes gritaban: “Si no es obra gris, no les interesa”.
“Nosotros no podemos hacer infraestructura”, refuta Poou, e insiste: “Solo dedicamos el presupuesto a las capacitaciones”. Se refiere a la compra de alimentos, y el pago a quienes dan las charlas de prevención que organiza la municipalidad. Alega que en 2025 se celebraron en el municipio cuatro ferias de salud y prevención del embarazo.
Sobre la razón por la que no atendió en abril a las organizaciones, dice: “No tengo la menor idea”. Sobre la reunión frustrada de enero, sostiene que estaba ocupada y surgieron “otras actividades programadas”.
Asegura que, aún así, su oficina “da seguimiento” a los casos de embarazo precoz de los que recibe noticia, y gestiona apoyo económico con otras instituciones. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) impulsa, por ejemplo, el programa “Vida”, que otorga un estipendio de Q1 mil 500 mensuales para niñas menores de 14 años embarazadas o que ya hayan sido madres, que hayan denunciado ante el Ministerio Público ser víctimas de violencia sexual, y cuyo caso haya sido judicializado.
Según datos del MSPAS, entre enero y noviembre de 2025 hubo 339 denuncias por agresión sexual en Alta Verapaz. En Cobán fueron 46.
Coordinación, el talón de Aquiles
Silva, de UNFPA, insiste en que uno de los mayores retos es que todos los actores entiendan que la responsabilidad es compartida.
Las municipalidades, afirma, pueden desempeñar un doble rol: articular actores locales y financiar intervenciones, desde la implementación de casas maternas —espacios donde mujeres que viven lejos pueden alojarse antes del parto—, como la que administra la municipalidad de Camotán, en Chiquimula, hasta la construcción de infraestructura vial, que reduce tiempos de traslado en caso de emergencia obstétrica.
“Una carretera no solo sirve para trasladar productos; también puede salvar vidas”, explica.
La gobernadora de Alta Verapaz señala que, en materia de educación sexual integral, los cocode juegan un papel clave, porque a través de ellos cada municipalidad identifica las comunidades en las que se imparten charlas sobre prevención de embarazos y violencia sexual. Los líderes comunitarios reciben capacitación y luego la socializan. Los módulos abordan infecciones de transmisión sexual, riesgos del embarazo, tipos de violencia, rutas de denuncia, economía del cuidado y uso de anticonceptivos.
“Es conocimiento que se transfiere a municipalidades, MSPAS, Mineduc y centros educativos”, dice Có Coy. “Aunque aún está pendiente evaluar su continuidad”.
A “S”, después del parto, una de las enfermeras que la acompañó durante el embarazo le recomendó empezar a inyectarse la Depo-Provera, un anticonceptivo cuyos efectos durante entre uno y tres meses para compensar la rápida pérdida de peso que experimentó durante el embarazo. Hoy continúa inyectándose.
Según el Decreto 21-2004, Ley de modificación a los impuestos de bebidas, el 15 % del impuesto de distribución de alcohol debe destinarse a salud reproductiva, y al menos el 30 % de ese monto debe utilizarse específicamente para la compra de anticonceptivos, con el fin de atender la demanda de alrededor de 2 millones de mujeres a nivel nacional. Así lo establece el Decreto 32-2010, Ley para la Maternidad Saludable.
Pero el Monitoreo a la Ejecución de Presupuesto Específico para Salud Reproductiva 2025, efectuado por OSAR, indica que en 2025, del total de Q125 millones 363 mil recaudados, se ejecutó solo un 71.75 %. No se utilizaron Q35 millones 414 mil 457.31 que se trasladaron al fondo común.
Además, el monitoreo anticipa que la Depo-Provera podría entrar en desabastecimiento total este marzo de 2026, ya que el año pasado no se realizó la compra de anticonceptivos que se había hecho de forma continua entre 2009 y 2024 mediante un convenio con UNFPA.
Silva, del Fondo de Población, explica que el mecanismo facilita compras internacionales con estándares de calidad y precios favorables, y asegura que se encuentran en negociaciones con el Ministerio de Salud para redefinir el convenio.
El viceministro González Barreno culpa a un retraso administrativo del UNFPA que, supuestamente, impidió al ministerio ingresar a tiempo el pago por los anticonceptivos. “Esto generó un atraso en el nuevo convenio”, dice.
Asegura que el problema se resolverá en aproximadamente tres meses; que, pese al bajo nivel de inventario, no se ha llegado al desabastecimiento; y que se está tratando de solventar la situación mediante compras directas a nivel local, que son más caras pero garantizan la prestación.
También afirma que se han habilitado mecanismos de adquisición adicionales a través de la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica.
“Hasta ahora solo hemos comprado condones”, admite el funcionario. De acuerdo con el portal de transparencia Guatecompras, de enero de 2025 a febrero de 2026 el MSPAS solo ha efectuado una compra de ese anticonceptivo: 24 mil unidades de la marca VIVE, adquiridas por Q30 mil de Suplidora Hospitalaria, S.A.
“Lamentablemente muchas niñas y adolescentes quedan embarazadas; ni siquiera saben cómo sucedió”, cuenta Eugenia Chacón, y explica que las víctimas de violencia sexual suelen presentar trastornos de estrés agudo, estrés postraumático o trastornos de adaptación. Junto a problemas de sueño, alimentación, ansiedad y recuerdos recurrentes también atienden casos de depresión y trastornos mentales mayores.
“Hemos tenido casos de niñas violadas por maestros, por pastores, por vecinos, por papás, que desconocen lo que les pasó”, dice. “No saben nombrar la violencia sexual”.
“En Alta Verapaz contamos con rutas de denuncia contra maestros agresores, o contra personal de salud y funcionarios públicos”, dice la gobernadora Có Coy. Señala que hay afiches al respecto en escuelas y centros de salud, pero que el acompañamiento a las víctimas –así como la gestión de transporte, alojamiento u otro tipo de apoyo– recae en las Direcciones Municipales de la Mujer, que no reflejan claramente esas acciones en el presupuesto municipal.
“Al no existir un rubro específico, estas acciones quedan invisibilizadas”, alerta. “Contar con un plan permitiría crear una asignación concreta para la atención y la prevención de la violencia sexual”.
En 2025, el Ministerio de Educación diseñó el programa “Cuida”, enfocado en la prevención de violencia, y el Programa de Protección Especial de Estudiantes Víctimas de Violencia (Proesvi), orientado a la atención y seguimiento de todo tipo de casos, desde racismo hasta violencia sexual y otras formas de violencia física. Su objetivo es garantizar que las víctimas no abandonen sus estudios.
“M” no recibió atención de “Cuida” ni ayudas del programa “Vida”. Tampoco ha oído hablar de los Espacios Amigables. Aún espera que se investigue su violación y cría a su hija sin más asistencia que la de su familia. Cada 15 días camina al centro de salud para recibir atención médica y psicológica, pero no en su idioma: el q’eqchi’.
Cómo romper el ciclo
“S” asegura no haber escuchado tampoco sobre las ferias en Cobán de las que habla Poou, ni haber recibido en las escuelas del Mineduc o en alguna clínica del MSPAS capacitación o educación sobre su cuerpo. “Me hubiera gustado que me enseñaran cómo protegerme si llegaba a tener relaciones íntimas”, dice ahora. En clase, antes de su embarazo, nunca se habló de anticonceptivos o formas de evitar un embarazo.
“Hasta que ya tuve a la nena fue que la maestra nos empezó a explicar qué es lo que teníamos que hacer, cuáles sonlos métodos de una mujer”, explica.
En casa tampoco se tocaba el tema. Su madre cuenta que a ella nunca le hablaron de sexo. Creció con su abuelo y su madre, y recuerda que, a partir de los 14 años, no se le permitió salir sola “por ser mujer”. Aquella instrucción es lo más parecido a educación sexual que recibió.
Conoció al padre de “S” a los 19, un día que caminaba de regreso a casa. “Me dio miedo que un hombre me hablara, y entonces corrí”, cuenta. “Pero mi mamá me dijo que ya estaba grande y que ya era hora de que me casara”.
“Me casé llorando. Pensé que mi mamá tal vez ya no me quería. Por eso me casé”, dice esta mujer de 57 años, cuya vida ha consistido en cuidar a sus dos hijas y a su esposo. No volvió a trabajar.
La historia de “S” tiene paralelismos con la de su madre. Conoció al padre de su hija cuando tenía 14 años y él, según le dijo, 16. Se conocieron “muy poco”, dice la adolescente. Con él fue su iniciación sexual.
Llevaba un mes saliendo con el joven cuando dejó de tener la menstruación y decidió hacerse una prueba de embarazo. Le hizo saber a su pareja que serían padres y él dejó de inmediato de contestar sus mensajes. Fue a buscarlo cerca de donde le dijo que vivía, pero quienquiera a quien preguntaba le respondía que “se había ido”. Nadie le dijo cuándo ni adónde. No volvió a saber de él. Desde entonces, el padre de la hija de “S” es un fantasma.
