La organización que defendió abiertamente la despenalización del aborto en El Salvador anunció su disolución legal este 23 de febrero de 2026. Tras más de dos décadas acompañando a mujeres criminalizadas y enfrentando un contexto cada vez más restrictivo, la Agrupación Ciudadana deja de existir como ONG y renace como La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas.
Por: Redacción
“ No podemos ni queremos renunciar a esta lucha”, afirmaron en su comunicado. La nueva etapa —explican— busca sostener el trabajo desde el activismo, la empatía y la solidaridad construida durante más de 20 años, articulando esfuerzos más allá de las fronteras nacionales.
Mariana Moisa, antropóloga feminista y parte de la ahora Movimienta, expresó que esta transición busca ampliar el alcance político del trabajo: “Nuestras luchas siguen siendo urgentes, no es algo que solo ocurra en El Salvador; la justicia reproductiva debe ser en toda la región. Si bien enfrentamos contextos difíciles, nuestro horizonte está en la solidaridad y la fuerza que nos une como movimiento”.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto cierra así una etapa histórica en el país. Durante más de 20 años fue la voz más firme y visible en la defensa pública del derecho a decidir, en un Estado donde el aborto está penalizado en todas sus circunstancias desde 1998.
En su comunicado final, la organización recordó que logró la libertad de 80 mujeres encarceladas tras sufrir emergencias obstétricas y que su trabajo contribuyó a transformar imaginarios colectivos en torno al aborto, instalando el debate en la esfera pública nacional y aportando a discusiones internacionales.
La lucha también llegó al sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en dos ocasiones al Estado salvadoreño por violaciones a derechos humanos en casos relacionados con la penalización absoluta del aborto, reconociendo que esta afecta de manera desproporcionada a mujeres en situación de pobreza.
Sobre su figura legal, la organización explicó en el comunicado: “Obtuvimos la personería jurídica con el objetivo de que el Estado reconociera que la lucha por la despenalización del aborto es legítima, justa y no debe ser criminalizada”. Sin embargo, en 2023 —ya como asociación legalmente constituida— presentó formalmente su solicitud de disolución ante el Ministerio de Gobernación, al identificar un contexto adverso para organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, señalaron que ese escenario se profundizó en 2025 con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa que, según la organización y diversas instancias de derechos humanos, limita la libertad de expresión y criminaliza el trabajo de asociaciones que defienden derechos. Ante esta nueva regulación, decidieron no inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) y avanzar hacia su disolución definitiva como ONG.
En su pronunciamiento también advirtieron que en los últimos años se ha agudizado la persecución contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, lo que evidencia un retroceso democrático que impacta directamente las luchas feministas y de derechos sexuales y reproductivos.
La organización agradeció a quienes acompañaron su trayectoria y aseguró que seguirá conectando causas locales, regionales y globales. “Nuestras existencias no serán borradas por decretos”, concluye el comunicado.
