Entregan demanda de amparo constitucional para detener la construcción del relleno sanitario en la comunidad San Francisco Ángulo, ya que es un Sitio RAMSAR, de recarga hidrográfica y de memoria histórica.
Por Redacción
La comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, presentó una demanda de amparo constitucional para detener la construcción del relleno sanitario en su territorio, debido a que vulnera sus derechos constitucionales: la vida, la salud, acceso a la justicia y a un ambiente sano.
La población se opone a la construcción de este proyecto debido a las implicaciones en la salud y al medio ambiente afectando a más de 100 familias de la comunidad San Francisco Angulo.
“Es una zona que no es adecuada, es una tierra esponjosa, estamos en la parte alta de las faldas del volcán, de donde inician los nacimiento de los ríos. Tenemos el Río Salamar que es el único que nos queda”, comentó Félix Laínez, presidente comunitario.
El proyecto afectará la salud de los y las habitantes y contaminará el agua tanto superficialmente como en subterráneo. Debido a que es una zona de recarga hídrica de la Región Estero de Jaltepeque, donde las comunidades abastecen sus sistemas de agua y, en temporada de lluvia, el agua se traslada a las quebradas del Río Salamar hasta la cuenca del Río Guayabo.
El relleno sanitario se ubica dentro del Complejo Jaltepeque, un sitio RAMSAR y reconocido como la segunda extensión más grande de agua salobre y humedales intermareales arbolados de El Salvador, que incluye diversidad de ecosistemas marinos y costeros.
Inés Dávila, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, señaló que la comunidad, especialmente las mujeres, vivieron una situación similar cuando en 2007, la municipalidad introdujo un vertedero de basura, lo que provocó una plaga de moscas afectando en el trabajo de cuido, en la salud de las mujeres y de su familia.
En el 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos emitió una medida cautelar y señaló que el espacio no era adecuado. Sin embargo, el proyecto ha seguido, impulsado por la Asociación de Municipios Los Nonualcos, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), la empresa CYEEMSAL y la Alcaldía de San Vicente Sur.
Por otro lado, la zona donde se construye el relleno sanitario forma parte de la memoria histórica de las comunidades, ahí ocurrió la masacre de San Francisco Angulo, el cual no ha sido debidamente investigada.
“En el sitio donde están haciendo la terracería se encuentran todavía personas que fueron asesinadas y que fueron enterradas”, afirmó Dávila.
También, la comunidad denunció las amenazas e intimidaciones por parte de la empresa, con la intención de criminalizar la defensa de su territorio. La empresa colocó carteles de “aviso preventivo” donde señalan las sanciones penales por delitos de desórdenes públicos, amenazas, ocupación violenta de espacios comunales, habitaciones o de trabajo, y limitación ilegal a la libertad de circulación.
