Aseguran que la persecución está dirigida en contra de 9 personas del Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha del Pueblo Ancestral (MILPA), quienes han liderado la lucha en contra del despojo de sus tierras.
Por: Redacción
El Movimiento Indigena para la Integración de la Lucha del Pueblo Ancestral (MILPA) denunció la amenaza de criminalización y persecución judicial a líderes y lideresas.
Según la información obtenida por MILPA, la Fiscalía General de la República ha solicitado información de 9 personas que son reconocidas por encabezar la lucha en contra del desalojo de sus tierras.
Además, son 6 personas defensoras del derecho a la tierra que han sido capturadas por el Régimen de Excepción. En 2023, Oscar René Martínez fue capturado, es líder de la comunidad Nuevo Amanecer, La Unión, y fundador de MILPA. Él se opuso a la construcción del megaproyecto del Aeropuerto el Pacífico.
MILPA mencionó que la FGR solicitó en la alcaldía de La Unión Sur, información de personas que son parte de las 7 familias que fueron demandas por usurpación de tierras de la comunidad La Agencia y que en julio de este año, el juzgado de Intipucá emitió un fallo a favor de las familias, otorgando su derecho a la tierra.
Marilyn Vanegas, lideresa de Caserío La Agencia, La Unión Sur, y directiva de MILPA seccional La Agencia, denunció que el pasado 23 de julio, agentes que se identificaron como parte de criminalística y afirmaron ser enviados por la fiscalía, llegaron a la comunidad La Lima para realizar una inspección a las vivienda de las 7 familias.
MILPA les pidió ver la autorización para realizar la inspección, pero sólo presentaron un documento en digital. “Le dijimos que lo reglamentario es llevar la hoja, pero no lo hicieron. Cuando nos negamos a darle la información de los compañeros, llamaron a la policía”, narró Vanegas. Los agentes policiales tomaron los documentos de los integrantes de MILPA y revisaron los datos personales.
Ángel Flores, coordinador de la Filial Oriente de MILPA, explicó que en los últimos dos años 45 comunidades, principalmente de la zona costera, enfrentan amenazas de desalojo a manos de grupos empresariales y particulares; y que la institucionalidad del Estado ha facilitado el proceso de despojo de sus tierras.
Marilyn Vanegas, lideresa de Caserío La Agencia, La Unión Sur, y directiva de MILPA seccional La Agencia, denunció que el pasado 23 de julio, agentes que se identificaron como parte de criminalística y afirmaron ser enviados por la fiscalía, llegaron a la comunidad La Lima para realizar una inspección a las vivienda de las 7 familias.
MILPA les pidió ver la autorización para realizar la inspección, pero sólo presentaron un documento en digital. “Le dijimos que lo reglamentario es llevar la hoja, pero no lo hicieron. Cuando nos negamos a darle la información de los compañeros, llamaron a la policía”, narró Vanegas. Los agentes policiales tomaron los documentos de los integrantes de MILPA y revisaron los datos personales.
Ángel Flores, coordinador de la Filial Oriente de MILPA, explicó que en los últimos dos años 45 comunidades, principalmente de la zona costera, enfrentan amenazas de desalojo a manos de grupos empresariales y particulares; y que la institucionalidad del Estado ha facilitado el proceso de despojo de sus tierras.
Uno de esos casos ha sido en la Playa El Icacal, “La empresa Desarrollo Turístico del Pacífico actualmente pretende adueñarse de más de 11.5 km de área de la playa, lo cual ha sido habitado por más de 80 años por 80 familias que constituyen la comunidad de Icacal”, señaló Flores.
Agregó que los conflictos por la tierra van en aumento con 18 comunidades de los distritos de Jucuarán, Chirilagua, Intipucá, Conchagua, El Carmen y La Unión.
MILPA afirmó que se están utilizando entidades de gobierno para criminalizar a personas defensoras de la tierra y territorio. “Las autoridades de gobierno no están apoyando a las comunidades, sino que están a favor de estas personas acaparadoras de tierra que nos quieren dejar en la calle” afirmó Vanegas.
Criminalización de personas defensoras
Las demás organizaciones que acompañaron la denuncia de MILPA, solicitaron la libertad de Ruth López, Ángel Pérez, Alejandro Henríquez y demás presos políticos.
“Tenemos alrededor de 60 personas confirmadas en condición de prisión política, perseguidos por defender el derecho a la tierra, los derechos laborales, la libre expresión y los derechos políticos de la ciudadanía salvadoreña” dijo Rafael Paz Narvaéz del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.
Las organizaciones afirmaron que existe una instrumentalización del Estado para criminalizar, encarcelar, y dilatar proceso con el fin de silenciar las voces y las resistencias ante los interés extractivistas en el país.
Además, rechazaron la ampliación de 3 años más para detención provisional de personas capturadas por el Régimen de Excepción, cuyo fin es desmoralizar a las familias de víctimas inocentes que exigen su libertad.
