Por Redacción
Representantes del Foro Nacional de Salud (FNS) y de organizaciones aliadas rechazaron la recién aprobada Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, al considerar que constituye “una amenaza de privatización” y un retroceso en el derecho a la salud en El Salvador.
De acuerdo con el FNS, la junta directiva de la nueva red estará integrada únicamente por funcionarios nombrados desde Casa Presidencial, sin representación de gremios médicos, sindicatos, universidades ni comunidades.
“El Ministerio de Salud está sometido a esta Red Nacional de Hospitales como un integrante más de la junta directiva. El ministerio de salud no será el rector entonces ¿qué papel está jugando? Desde hace tiempo está ejerciendo un rol donde no garantiza la política pública de salud sino que hace lo que mandata Casa Presidencial. Por ejemplo, la Ley Nacer con Cariño se dirige desde Capres cuando debe ser el Ministerio de Salud quien debe garantizar, la reducción de la muerte materna, la reducción de la muerte neonatal, no es desde CAPRES”, dijo Morena Murillo del Foro Nacional de Salud.
Las organizaciones alertaron que la ley establece un régimen especial de adquisiciones sin controles de transparencia, abre la contratación directa de empresas privadas y permite condiciones más favorables para personal extranjero que para el salvadoreño. Además externaron que dentro de las instituciones públicas de salud existe un amedrentamiento hacia el personal.
“En este momento existe una gran represión al interior del Ministerio de Salud ya que a todos los trabajadores se les ha prohibido que puedan denunciar la falta de medicamentos, la falta de insumos. No le pueden decir al paciente no hay. Tienen que sustituir un medicamento por otro aunque no sea el idóneo para el tratamiento para la enfermedad”, expresó Silvia Navarrete de SITRASALUD.
Las organizaciones denunciaron que la normativa fragmenta el sistema nacional de salud, compromete la formación académica y somete a médicos residentes y becarios a contratos de exclusividad. “Aunque la palabra privatización no aparece escrita, el contenido de la ley habilita concesiones y tercerizaciones que convierten la salud en un negocio y no en un derecho humano. El gobierno presenta esta ley como modernización, pero en realidad constituye un modelo opaco, excluyente y privatizador”, advirtió el Foro.
Las organizaciones cuestionaron que la normativa debilite la rectoría del Ministerio de Salud y afecte la autonomía universitaria al someter la formación académica a la nueva red. Además, denunciaron que se establecen sanciones severas contra el personal de salud, lo que consideran un mecanismo de control autoritario.
Las organizaciones sociales hicieron un llamado a la población, universidades, sindicatos y comunidades a mantenerse vigilantes y a defender un sistema público de salud universal, gratuito y con justicia social.