En Honduras investigar el caso de una mujer desaparecida significa recorrer un laberinto de burocracia, corrupción e inoperancia que inevitablemente termina llevando a los familiares a un callejón sin salida.
Por Fátima Villalta
El 2024 cerró con la cifra de 231 asesinatos de mujeres, un número bastante inferior al de los 380 ocurridos el año anterior. En cambio, los reportes sobre desapariciones de mujeres han ido en aumento, pero hay múltiples razones por las cuales esta crisis no recibe la atención que merece. Esta situación además podría ser la otra cara de la moneda detrás de los datos triunfalista del gobierno de Xiomara Castro: el descenso de los femicidios en el país.
El primer obstáculo para denunciar la desaparición tiene que ver con la imposibilidad de las instituciones para coordinarse y generar una cifra única. La abogada feminista, Alejandra Flores Mejía, fue investigadora del informe sobre desapariciones de mujeres realizado por el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras (CDM); para hacer su trabajo, Flores tuvo que recurrir a las denuncias registradas en distintas instituciones de gobierno.
Al cotejar los datos de cada oficina fue evidente cómo las cifras varían de forma drástica entre instituciones. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Emergencia 911 tiene números más altos a diferencia de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y cuando se trata de los casos que llegan hasta el Ministerio Público las cifras descienden. Esto se debe, en parte, a que muchas familias no llevan sus casos hasta instancias superiores o hacen las denuncias correspondientes.
“Muchas veces lo que pasa es que la persona aparece o tal vez la familia no siguió con el procedimiento, entonces, no llegó a la fiscalía, no llegó al Ministerio Público, no llegó ni siquiera la DPI. No se sabe si [las mujeres] aparecieron, si no aparecieron, si aparecieron muertas, no hay absolutamente nada.” dice Alejandra Flores, quien además señala que un segundo obstáculo al momento de denunciar tiene que ver con el recelo de los funcionarios por catalogar un caso como desaparición.
Para la abogada, esta suspicacia tiene que ver con la lógica machista y patriarcal que rige la sociedad hondureña donde si una mujer desaparece, de forma inmediata se culpabiliza a la víctima y se prefiere tipificar la denuncia como “inducción al abandono del hogar” cuando se trata de menores de edad. Pese a que las instituciones tienen protocolos para saber cómo proceder ante posibles casos de violencia de género, muy poco de lo recomendado se hace efectivo.
Hasta agosto de 2024, el Sistema Nacional de Emergencia 911 tenía un reporte de 3,615 denuncias de personas desaparecidas sin desagregar esos datos por sexo, esa es una cifra muy superior a los 253 casos registrados por la Secretaria de Seguridad. En 2024, hasta octubre de ese año, la Dirección Policial de Investigación reportó 313 casos de desapariciones de mujeres.
Frente a esta diversidad de datos existían propuestas como Infosegura, un proyecto regional de las Naciones Unidas con apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que se dedicaba a recopilar y organizar la información proveniente de distintas instituciones relacionadas con temas de seguridad ciudadana haciéndolo con un enfoque de género.
Por desgracia, el proyecto dejó de funcionar a mediados de 2024 y en estos momentos la web se encuentra inhabilitada. De acuerdo con uno de los últimos reportes del proyecto, de 2012 a 2022 han desaparecido 9838 personas, de las cuales 38% son mujeres. El aumento en los reportes de desaparición podría estar ocultando la transformación de las dinámicas de la violencia en Honduras debido a la impunidad que hay detrás de estos casos.
Alejandra Flores señala que la enorme paradoja del tema de la desaparición de mujeres en Honduras tiene que ver con que en el país no existe una legislación adecuada para denunciar estos casos. Al no existir el delito de desaparición no existe un protocolo de acción y de investigación, ni tampoco penas adecuadas para los perpetradores; todo esto coloca a las familias de las víctimas en una situación de enorme vulnerabilidad y le garantiza impunidad a los agresores.
La desaparición de una mujer suele ser catalogada bajo el tipo penal de privación de la libertad, secuestro, inducción al abandono del hogar y en muy raros casos como desaparición forzada, una figura que se usa únicamente cuando hay agentes del Estado involucrados en el delito y se relaciona mucho más con crímenes políticos.
“Como no hay delito por desaparición, los delitos que ya son judicializados son por otros casos como inducción al abandono del hogar, si se puede desaparición forzada, pero hay muy pocos delitos judicializados por desaparición forzada. Cualquier desaparición, sepamos o no de que fue por agentes del estado, debe tomarse como desaparición.” Comenta Alejandra Flores.
Uno de los casos más mediáticos con respecto a este tema ha sido el de Angie Peña, una joven que desapareció el 1ro de enero de 2022 en las playas de Roatán, en el caribe hondureño. Su caso puso en evidencia la inoperancia de las autoridades y reveló una extensa red de trata de personas que incluía a funcionarios públicos, agentes policiales y empresarios extranjeros.
En enero de 2024, un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos presentó ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas una solicitud para que el Estado de Honduras tomara medidas concretas en la búsqueda de Angie Peña. Pese a las acciones, el caso sigue sin tener avances significativos.
En materia legal, existen dos importantes propuestas de ley que aún no han sido aprobadas por el Congreso. La primera es la Ley Especial Integral contra la Violencia hacia las Mujeres que fue entregada el 8 de marzo de 2022 a la presidenta Xiomara Castro.
La propuesta establece medidas, mecanismos y políticas integrales para la prevención, atención, sanción y reparación de las violencias que enfrentan las mujeres por razón de género; si bien no plantea una ley específica sobre la desaparición, si propone la creación de fiscalías especializadas para atender casos de delitos contra las mujeres.
Sobre esta ley, Lara Bohórquez, coordinadora del CDM, tiene muy pocas esperanzas sobre su aprobación. “La ley integral se entregó desde el 2022 a la presidenta, el 8M. Sin embargo, vemos que no hay voluntad política. Hay una apertura de derechos y el Estado no quiere garantizar esos derechos. Lo que están haciendo es cortar la Ley Integral en pequeñas leyes, como es el caso de la Ley de Alerta Morada, y quieren ir avanzando en garantizar derechos, pero sin ver todo el marco de la violencia hacia las mujeres.”
La Ley Alerta Morada, a diferencia de la Ley Integral, busca de forma específica activar un mecanismo de alarma cuando se denuncia la desaparición de una mujer o una niña y crear un Sistema Nacional de Mujeres Desaparecidas.
Esta ley fue entregada a la Comisión de Género del Congreso Nacional que hizo un acuse de recibido, aún no se sabe en qué estado se encuentra. Para Bohórquez, el clima de campaña de cara a las elecciones presidenciales en noviembre de 2025 entorpece la posibilidad de que alguna de estas leyes sea discutida de forma sería.
“Todo está medio detenido y ahorita que es como año electoral probablemente no se avance nada y vamos a ver dependiendo en quién quede, cómo vamos a arreglar”
Como menciona la abogada Alejandra Flores: “los derechos de las mujeres se ven como una moneda de cambio. Por ejemplo, yo quiero que suceda la Ley de Justicia Tributaria pero la derecha viene y dice, «Bueno, ¿quieren esta ley o esta ley que es sobre las mujeres?» Y las cosas que son sobre nosotras siempre se ven de último”.
Mientras los políticos se preparan para dar la batalla en la próxima contienda electoral, las desapariciones de mujeres en el país siguen en aumento y sin un plan concreto para investigar y reducir las cifras.
