A un año de su segundo mandato, marcado por la inconstitucionalidad, Nayib Bukele profundiza un modelo autoritario basado en el régimen de excepción.
En este periodo, se han aprobado leyes regresivas como la Ley General de Minería Metálica, que abre la puerta a la explotación de recursos naturales y con ello riesgos ambientales, la Ley de Agentes Extranjeros, que busca controlar y silenciar a organizaciones de sociedad civil y medios independientes. Mientras tanto, las violaciones a derechos humanos se han intensificado y miles de personas han sido trasladadas al CECOT, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y condiciones inhumanas.
13 acciones y medidas que retratan el primer año de su mandato inconstitucional
1. Despidos en salud y educación luego de la Marcha Blanca. En octubre de 2024, trabajadores del sector salud y educación exigieron el cumplimiento del escalafón salarial, el gobierno de Nayib Bukele respondió con despidos masivos en ambos sectores. Estas acciones han sido ampliamente condenadas por organismos nacionales e internacionales que califican como una violacion a los derechos laborales y libertad de expresión.
2. Aprobación de Ley de Minería Metálica. En diciembre del 2024, Bukele envió a la Asamblea Legislativa la Ley General de Minería Metálica que derogó la prohibición y con la que la minería ha recuperado su estatus de legalidad.
3. Aumento de retenes policiales y militares en el marco de manifestaciones sociales. Desde la llegada de Bukele y ante la movilización de personas que se manifiestan en contra de las medidas de seguridad implementadas, el alto costo de la canasta básica, la regulación del escalafón para médicos y docentes, la derogación de la Ley de Minería Metálica y otras violaciones a derechos humanos. Se han implementado retenes policiales y militares en las principales vías de acceso de San Salvador, con el objetivo de impedir el paso de lxs manifestantes a las marchas convocadas por organizaciones de sociedad civil.
4. A mediados de diciembre de 2024, el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI para acceder a financiamiento por más de 1.4 mil millones de dólares, a cambio de eliminar la obligatoriedad del uso del bitcoin en el ámbito privado y reducir su uso en el ámbito público. La Ley bitcoin fue una de las banderas de su gobierno.
5. En febrero de 2025, en el marco del régimen de excepción, el gobierno aprobó reformas legales que permiten trasladar a menores de edad a cárceles para adultos, exponiéndose a mayores riesgos de abuso. Desde la implementación del régimen de excepción, más de 3,000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos, muchos sin vínculos aparentes con las pandillas. Estos menores han sido sometidos a condiciones deplorables en detención, incluyendo hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuados, así como contacto limitado con abogados y familiares.
6. Desde marzo de 2025, más de 260 migrantes, incluidos al menos 50 venezolanos, han sido deportados de EEUU a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad. Estas deportaciones se basaron en la Ley de Enemigos Extranjeros, sin órdenes judiciales ni notificación previa a las familias o abogados.
7. El gobierno salvadoreño ha rechazado la liberación de Kilmar Abrego, citando la política de mano dura contra las pandillas y la falta de evidencia de su estatus legal en EE. UU. Kilmar Abrego García fue deportado a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de contar con una orden judicial que prohibía su deportación debido a amenazas de pandillas en su país natal. La administración de Trump reconoció que su deportación fue un «error administrativo».
8. Hasta abril de este año, solo el 55% de las personas encuestadas respondió positivamente a su gestión. La baja en la calificación estaría relacionada con el rechazo de la población hacia los proyectos mineros y el encarcelamiento de deportados de EE.UU. en el CECOT.
El Centro de Opinión Pública (COP) presentó la encuesta que evidenció una tendencia de disminución de la popularidad del presidente de la República, Nayib Bukele.
La baja en la calificación estaría relacionada con el rechazo de la población hacia los proyectos mineros y el encarcelamiento de deportados de EE.UU. en el CECOT. El 63% de las personas encuestadas expresaron estar nada de acuerdo con la aceptación de deportados en el CECOT.
Otras encuestas también han respaldado estos datos.
- El IUDOP (Diciembre de 2024), reflejó que el 60% de la población salvadoreña rechaza la Ley General de Minería Metálica.
- El Estudio de Humor Social y Político del Centro de Estudios Ciudadanos (CEC), registró que el 48.73 % de la población no apoya la idea del Presidente Bukele de implementar la minería metálica en el país.
9. La represión a la libertad de expresión se ha intensificado, con acoso y cibervigilancia en medios críticos al gobierno. La APES presentó un informe donde registran más de 789 casos de agresiones contra periodistas.
Bajo el gobierno de Nayib Bukele, las agresiones a periodistas se han intensificado de forma sistemática, especialmente contra medios independientes. La APES ha documentado y denunciado las campañas de desprestigio desde cuentas oficialistas, bloqueos de acceso a la información pública, agresiones a fotoperiodistas, vigilancia ilegal con el uso de software Pegasus contra más de 30 periodistas.
10. Mayo de 2025, La investigación del medio salvadoreño El Faro reveló las negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas, evidenciando que estos pactos comenzaron en 2014, cuando Bukele era candidato a la alcaldía de San Salvador. La investigación incluye testimonios de líderes pandilleros como Carlos Cartagena López, alias «Charli de IVU», quien afirmó que funcionarios cercanos a Bukele, como Carlos Marroquín, ofrecieron favores y protección a cambio de apoyo electoral. Esas elecciones permitieron su reelección inconstitucional y la mayor legislación del partido de Nuevas Ideas.
11. Criminalización y encarcelamiento de defensores de derechos humanos. Durante este año se ha intensificado la represión contra activistas y defensores de derechos humanos. El caso de la abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción de CRISTOSAL, Ruth López, ha sido señalado por las organizaciones internacionales como represalia por su labor crítica hacia el gobierno. Asimismo, Fidel Zavala, vocero de UNIDEHC quién fue arrestado tras denunciar torturas en centros penitenciarios y trasladado a una prisión.
A estas capturas se suman las del líder comunitario en la Cooperativa El Bosque y Alejandro Henriquez, abogado de esta comunidad, que mientras buscaban apoyo de Bukele para no ser desalojados de sus tierras fueron fuertemente reprimidos por la policía militar. Esta última acción ha sido considerada como una muestra real de la cara del régimen.
El abogado de la cooperativa El Bosque y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henriquez y el pastor y líder comunitario José Angel Perez que fueron capturados luego de realizar una marcha pacífica ante el posible desalojo de la comunidad El Bosque.
12. La renuncia del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, fue anunciada el pasado 15 de mayo, sin aclarar razones de su retiro más allá de motivos personales y cierres de ciclo. Su gestión se caracterizó por defender las políticas Bukelistas aunque estas atenten contra los derechos de la ciudadanía. Guzmán no se pronunció ante la ola de violaciones a derechos humanos que diferentes organizaciones han documentado desde la implementación del Régimen de Excepción.
13. El 20 de mayo de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que otorga al Ejecutivo nuevas facultades para controlar organizaciones y medios independientes, imponiendo un impuesto del 30% sobre sus ingresos y exigiendo su registro en la RAEX, institución que a discreción decidirá entre otras atribución preocupantes, a qué organización se le otorga o no el registro. Sin el registro ninguna organización o persona natural podrá ejercer su labor.
