Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que obligará a organizaciones y personas que reciban financiamiento del exterior a registrarse ante el Estado y someterse a controles específicos.
Por: Eugenia Olán
La tarde del martes, la Asamblea Legislativa controlada por la mayoría oficialista del partido Nuevas Ideas, aprobó con dispensa de trámite la Ley de Agentes Extranjeros, la cual impone un impuesto del 30 % sobre toda transacción financiera, transferencia o importación en especie proveniente de fondos internacionales.
La normativa, que ha generado preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y sectores internacionales, ya que obligará a personas naturales y jurídicas que reciban financiamiento desde el extranjero a someterse a una serie de regulaciones y controles por parte del Estado.
El artículo 1 de la Ley establece que su objetivo principal es «promover la transparencia» sobre las actividades de personas u organizaciones que reciben financiamiento del exterior, a quienes se les denomina agentes extranjeros. Estas medidas buscan que la ciudadanía esté informada sobre quiénes pretenden influir en la opinión pública desde fuera del país, así como proteger la seguridad, la soberanía y la estabilidad política y social de El Salvador.
Para ello, se creará el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) como una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, donde deberán registrarse de forma obligatoria personas u organizaciones que reciban fondos extranjeros.
Mientras que el artículo 8 indica que debe registrarse bajo juramento tanto en la REAX como en la Fiscalía General de la República. En caso de no hacerlo, el Estado podrá tomar medidas legales para suspender o impedir sus actividades, ya sea de forma temporal o permanente. Además, si se trata de una organización con personería jurídica, se puede incluso cancelar su inscripción legal.
El oficialismo justificó la aprobación señalando que busca prevenir injerencias extranjeras en asuntos internos y garantizar la transparencia en el uso de fondos internacionales.
En cuanto al reglamento, el artículo 20 establece que el Presidente de la República podrá aprobar cuantos Reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios, para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias.
Sin embargo, diputados de oposición y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la ley puede ser utilizada para restringir la libertad de asociación, expresión y el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos, medios comunitarios y fundaciones independientes.
La diputada Claudia Ortiz de Vamos, calificó esta Ley como una «herramienta autoritaria para la censura» y señaló que representa un debilitamiento del espacio cívico y democrático del país. Ortiz advirtió que la ley carece de criterios claros para determinar a quiénes se les aplicará el impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras.
Esta ley pone en riesgo a organizaciones que trabajan con comunidades vulnerables y abre la puerta a una criminalización del disenso. No sorprenderá, así como ustedes actúan, así como su gobierno actúa, que esos criterios se han aplicados solamente a aquellos a quienes a ustedes les convienen y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder, a los que tratan de establecer límites al abuso que ustedes generan”..
Por su parte, representantes de organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que normativas similares en otros países han sido utilizadas para perseguir a voces críticas del gobierno.
La Relatora Especial de Libertad de Asociación y Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Gina Romero, expresó su preocupación en su cuenta de X tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador. Señaló que la normativa impone un impuesto del 30 % sobre los fondos provenientes del extranjero, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de organizaciones que trabajan en áreas clave como derechos humanos, justicia, salud y cultura.
🧵1/ El Salvador vuelve a discutir un proyecto de ley que ya en 2021 fue motivo de seria preocupación internacional. Me preocupa profundamente su contenido. Aquí explico por qué. ⬇️
— Gina Romero (@Ginitastar) May 17, 2025
Por otra parte, la directora de la División de las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus, manifestó que la ley «está dirigida a impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes» y que «la deriva autoritaria avanza a pasos agigantados» en El Salvador.
El Salvador🇸🇻| La Asamblea Legislativa acaba de aprobar la Ley de Agentes Extranjeros dirigida a impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes.
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) May 21, 2025
Con esta ley, el país da un paso más en la dirección de Nicaragua.
La deriva autoritaria avanza a pasos agigantados.
Asamblea aprueba $171.8 millones en préstamos
Cuatro dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda, que incluyen la autorización de dos nuevos préstamos internacionales fueron aprobados por el oficialismo en la sesión plenaria 56.
Uno de los préstamos es con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de $100 millones para financiar el Proyecto de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador, según la Comisión de Hacienda tiene como objeto impulsar la mejora mediante la modernización de la infraestructura física y digital educativa del país.
Según la bancada oficialista, este proyecto busca intervenir 125 centros educativos en los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Vicente, beneficiando aproximadamente a 100,000 estudiantes y capacitando a 2,000 docentes en nuevas metodologías pedagógicas y herramientas tecnológicas .
En enero de este año, previo al inicio del año escolar, el Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) denunció el cierre de 19 centros escolares, principalmente en zonas rurales del país. Según la organización, estas acciones responden al contexto de recortes presupuestarios y despidos masivos en el sector educativo.
Para 2025, el Ministerio de Educación recibió un presupuesto de $1,535.7 millones, lo que representa una reducción de $31 millones en comparación con 2024.
El pasado mes de abril, el Observatorio de la Educación Pública de El Salvador del FMS actualizó la cifra a 70 centros escolares cerrados en el país por el Ministerio de Educación.
El FMS ha señalado que el Ministerio de Educación justifica el cierre de escuelas con dos argumentos: baja matrícula y proyectos de remodelación de infraestructura. No obstante, en una entrevista matutina del martes 21 de enero, la secretaria del FMS, Idalia Zúñiga, afirmó que muchas de estas escuelas han sido desmanteladas —con la remoción de techos y pisos— sin que exista evidencia de mejoras reales. Zúñiga subrayó que las comunidades afectadas han sido testigos de “promesas incumplidas” por parte de las autoridades.
Otro de los préstamos aprobados durante la sesión plenaria del martes fue el contrato de crédito suscrito con el Deutsche Bank por un monto de $71 millones, destinado a financiar la construcción de una planta de tratamiento de agua en el departamento de La Libertad.
Según la bancada de Nuevas Ideas, esta inversión busca mejorar el acceso al agua potable en una de las zonas con mayor crecimiento urbano del país, donde la demanda del recurso ha aumentado significativamente en los últimos años.
Actualmente, La Libertad enfrenta serias dificultades en el acceso regular al agua potable. Organizaciones locales han advertido sobre la contaminación de fuentes superficiales y subterráneas, así como la sobreexplotación de acuíferos debido a desarrollos habitacionales y turísticos. Además, reportan cortes frecuentes, baja presión en el servicio y deficiencias en la infraestructura de distribución.
Oficialismo niegan votos a iniciativa que buscaba castigar la represión contra protestas pacíficas
La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, solicitó una modificación de agenda para que exista una reforma al Código Penal para tipificar como delito el uso de la fuerza en manifestaciones públicas por parte de funcionarios y cuerpos de seguridad, con la creación del Art 293-A.
Esta petición responde a los hechos sucedidos la semana pasada, donde miembros de la cooperativa El Bosque realizaron una marcha pacífica por un posible desalojo. Ese día, miembros de la policía capturaron a cuatro miembros de la comunidad.
"El estado no tiene que intervenir en las manifestaciones pacíficas. Tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos de la población", expresó la diputada, su propuesta es que quien incumpla, reciba una pena de 3 a 5 años.
Durante el operativo, se registraron agresiones por parte de la Policía Militar y agentes de la UMO qué procedieron a la captura arbitraria del pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, así como del abogado de la cooperativa, Alejandro Henríquez.
Al someter la votación, los diputados oficialistas se abstuvieron al dar el voto.
