Por: Sara Hernández
Amnistía Internacional define la libertad de expresión por “el derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas, además; afirma que es esencial para nuestra educación y desarrollarnos como personas; ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos fundamentales […]”.
En nuestro país, el Art.6 de la Constitución de la República establece que: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan […]»
Tomando en cuenta esto, nos podemos preguntar, ¿realmente existe libertad de expresión en nuestro país? ¿las y los periodistas pueden crear noticias sin temor a represalias?
Cabe destacar, “la libertad de expresión va de la mano con la libertad de prensa”, este es el principio de la comunicación y expresión que a través de diversos medios logra la difusión de los hechos para crear un pensamiento crítico en una sociedad democrática. Este derecho sin duda debe ejercerse libremente y sin intervención del estado, es decir, no limitarlo a la prohibición de censura previa. Además, es indispensable para la formación de la opinión pública, pues una sociedad que no está bien informada no es completamente libre.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte Interamericana, establece que la libertad de expresión se analiza en dos dimensiones que se reclaman y se sustentan mutuamente. Por una parte, la dimensión individual, que asegura la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los demás.
Si esto lo aplicamos al contexto actual de nuestro país, ante el peligro eminente de la minería metálica, podemos ejemplificar en cómo el estado le falla a una sociedad crítica que pide a gritos parar con este circo de gobernantes burgueses, que pretenden pasar por encima del cuidado ambiental y de la salud pública, todo por sus intereses políticos en cuanto a riqueza.
Los receptores potenciales o actuales del mensaje, que en este caso sería “el estado”, tiene a su vez, el derecho de recibir las peticiones de la sociedad: derecho que concreta la segunda dimensión, la social, que permite la verdadera libertad de expresión.
Ambas dimensiones deben ser protegidas simultáneamente, pues cada una adquiere sentido y plenitud en función de la otra. Pero qué pasa cuando el estado hace caso omiso de lo que pide su gente y por el contrario trata de evitar estas peticiones centrándose en otros problemas, creando cortinas de humo para desviar la atención de la problemática de la minería, por ejemplo; justo como pasó con el caso de los animales maltratados por la comunal de Ilopango, montando un gran show del cierre de Chivo pets por supuesta “presión social” para después volver abrirlo por la misma “presión social”.
Entonces, si saben las necesidades y preocupaciones de la sociedad ¿por qué hacen caso omiso el problema de la minería?
Deberían bastar 207 mil firmas que han sido recolectadas por parte de diferentes organizaciones, colectivos sociales, comunidades unidas e iglesias para derogar la Ley de la Minería Metálica. Son más que 8 mil comentarios en facebook que, según declaró el presidente lo hicieron cambiar de opinión sobre el cierre de Chivo Pets.
Los medios de comunicación en El Salvador utilizan la libertad de prensa como método primordial para apoyarse y expresar toda la información que recopilan, aquí se incluye revelar las mentiras discursivas, la propaganda sin derecho, los fraudes electorales y todos aquellos eventos que infrinjan el bienestar del país, tal y como lo es la llegada de la minería.
A pesar de que la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos establecidos en la Constitución de la República para toda la ciudadanía salvadoreña, en los últimos años han sido fuertemente golpeados.
Para las y los periodistas cada vez es más difícil poder ejercer su profesión…
Es lamentable llegar a la conclusión de que en lugar de avanzar, el país cada día sigue cayendo en la rutina de años anteriores, donde sus gobernantes abusaron de su poder y no permitieron que el avance fuese posible para todas y todos.
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Sara Jeannette García es periodista y fotoperiodista feminista. He colaborado con diversas publicaciones enfocándose en temas críticos que afectan a las mujeres y las minorías. Mi pasión por el periodismo no sólo es informar, sino inspirar y promover un diálogo abierto sobre temas esenciales en nuestra sociedad.