Informe de organizaciones revela violencia sexual y falta de acceso al derecho de salud hacia personas detenidas en el marco del régimen de excepción. De acuerdo a los testimonios mujeres embarazadas, no recibieron controles prenatales y otras fueron víctimas de violencia sexual dentro de las cárceles.
Texto y fotografías por: Reiny Ponce
Organizaciones sociales presentaron el infome “Tres años de régimen de excepción: tortura sistemática en las cácerles de El Salvador”. Dicho documento registra 6,889 víctimas de violaciones a derechos humanos reportadas en el periodo del 27 de marzo de 2022 a 28 febrero de 2025.
En tres años se contabilizan 85 mil personas capturadas. Los agentes estatales más denunciados de posibles capturas ilegales son miembros de la Policía Nacional Civil (75 %). El porcentaje se eleva en un 82 % si se toma en cuenta la participación de miembros de la Fuerza Armada.
El 83.03 % de las víctimas son de género masculino y un 16.11 % femenino. La mayoría de personas detenidas es población joven entre los 19 y 30 años. Las víctimas indirectas del régimen son niños, niñas, adolescentes, mujeres, hijas e hijos de personas detenidas.
De acuerdo a los testimonios recopilados por las organizaciones, las mujeres enfrentaron situaciones de abuso y explotación dentro de los centros penales. Entre los hechos violatorios denunciados se encuentran el acoso sexual, abuso sexual y violencia sexual. El 9.09 % de las víctimas, tanto hombres como mujeres, han sufrido violencia sexual.
La falta de acceso a productos de higiene de primera necesidad se convierte en un medio de coerción y violencia sexual por parte de custodios. “Ellas (rusas) eran víctimas de los custodios que por sexo recibian Kotex, papel higiénico, accesorios de higiene”, relata el testimonio de una mujer defensora.
Por otra parte, el 52.94% de las víctimas manifestó que uno de los derechos más vulnerados es el derecho a la salud al negarles tratamientos para enfermedades. Las personas que estuvieron detenidas presenciaron que una de las causas de muerte dentro de los centros penales fue la falta de atención médica (83.3 %). El Servicio Social Pasionista (SSPAS) ha documentado 278 muertes, Cristosal 265, el Socorro Jurídico 375.
“Este es un esfuerzo importante de las organizaciones de documentar (...) es importante recordar que es una obligación del Estado presentar un dato homologado de las muertes que han ocurrido en el sistema penitenciario durante el régimen de excepción y realizar una investigación independiente. Es obligación del Estado determinar qué ha pasado con las muertes bajo su custodia”.
De acuerdo al informe, existe tortura psicológica que impacta en las condiciones que se encuentran las personas privadas de libertad. Las personas reportaron que de manera frecuente ocurren empujones, golpes y maltrato.
“Hay dos elementos que se utilizan como castigo. La exposición al sol durante muchas horas, generalmente esposados, en posiciones incómodas y también ejercicios excesivos, es decir, ponerles a hacer flexiones, sentadillas, subir y bajar gradas, eran parte de lo que hacían referencia los testimonios sobre castigos por parte de custodios y que muchas veces era por exigir atención médica, quejarse porque tenían sed o les dolía algo, por las condiciones en las que se encontraban. Hay diferentes patrones que se repiten en los testimonios”, comentó Verónica Reyna, directora del SSPAS.
En el caso de las mujeres, tres que se encontraban en estado de embarazo expresaron que no tuvieron acceso a controles prenatales y medicamentos.
“Las condiciones de las mujeres que se encuentran embarazadas son muy graves. Hay testimonios que han señalado que les dan medicamento que no tienen la claridad de que es, que de repente personal médico señala que han habido entre 15 y 20 abortos. Se evidencian como pérdidas debido a la falta de tratamiento”, expresó Reyna.
Uno de los testimonios del informe relata el mal trato por parte de los custodios. “Al llegar, mi compañera que iba adelante se cayó de panza y la custodio no hizo nada por recogerla. Me dijo que se levante ella sola, que yo no podía ayudarla. Ella embarazada, cómo que era gusano se retorció para poder levantarse, hasta que lo logró”.
Las organizaciones demandan al Estado salvadoreño debe garantizar la reparación integral de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Además, de la atención a la salud de las personas privadas de libertad.