El Salvador enfrenta una alarmante realidad de violencia sexual que afecta especialmente a niñas y mujeres. El informe presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), que abarca los años 2019 – 2023, muestra cómo las políticas y planes de seguridad del gobierno han priorizado el combate al crimen sobre la protección integral de los derechos de las mujeres y niñas.
Por: Eugenia Olán
En la última década, El Salvador ha figurado entre los países más violentos del mundo debido a su elevada tasa de homicidios. Esta situación alcanzó un punto crítico el 26 de marzo de 2022, cuando el país vivió el día más violento del siglo con un total de 62 asesinatos en tan solo 24 horas.
Las políticas de seguridad pública, como la “mano dura,” la “súper mano dura,” el Plan Control Territorial, y el actual régimen de excepción, han sido implementadas en respuesta a esta crisis. No obstante, cada una de estas estrategias ha estado enfocada casi exclusivamente en reducir la violencia provocada por grupos criminales, dejando de lado otras formas de violencia que también afectan gravemente a la población.
En este contexto, la violencia sexual ha sido prácticamente ignorada como un problema prioritario, ya que las principales estrategias de seguridad han omitido abordar delitos como la violación, el estupro, la agresión y el acoso sexual. Esta falta de atención persiste incluso ante la existencia de otros hechos como la posesión y difusión de pornografía, las exhibiciones obscenas y los embarazos en niñas y adolescentes.
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA) mencionó que pese a toda las medidas de seguridad implementadas por el regimen de excepción se han evidenciado casos donde los perpeturadores de violencia sexual contra niñas son los mismos agentes de seguridad.
Esto es alarmante porque ya no solo se escapa desde el ambito de prevención que deberia de cumplir el Estado, sino que tambien cuando son ejecutados por los mismos funcionarios o miembros de seguridad y es importante no verlos como casos aislados, sino como parte de una problematica sistematica que tenemos en nuestro pais y que lamentablemente se invisibilizan”. destacó
El informe sobre hechos de violencia sexual en El Salvador 2019 y 2023 revela que El Salvador experimentó un notable incremento en los procesos judiciales relacionados con violencia sexual, con una tendencia al alza en el procesamiento de estos delitos. Durante este periodo, se iniciaron 10,295 casos, de los cuales 6,984 avanzaron a la etapa de instrucción, mostrando un aumento significativo especialmente entre 2021 y 2023.
Datos presentados Informe de Violencia Sexual en El Salvador 2019-2023
Asimismo, dentro de los resultados se evidencia que los hechos de violencia sexual tienen a ocurrir en su mayoria en el interior de la vivienda de las víctimas. Según el informe, el 75% de los hechos son cometidos por personas conocidas, parejas o parientes con consanguinidad y por afinidad. Sin embargo, la problemática también ha presentado indicios de ser cometida en otras esferas como instancias públicas y privadas hasta espacios virtuales.
Pese a todo esto, algunas medidas que se han tomado en cuanto a la regulación de leyes, están las reformas legislativas durante este período en cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal en 2022, introducidos principalmente las reformas al artículo 106 del Código Procesal Penal para fortalecer las garantías para las víctimas de violencia sexual, asegurando su protección, asistencia especializada, y el uso de medios tecnológicos para evitar la revictimización. Además, se ha hecho indispensable la declaración anticipada para las víctimas, según las reformas al artículo 305.
Las reformas al Código Penal incluyeron un aumento en las penas para los delitos de violación, con un incremento de 6-10 años a 8-12 años de prisión, y se introdujeron agravantes que pueden aumentar aún más las penas. Estas modificaciones representan un avance en la protección legal, pero no abordan de manera integral las causas estructurales de la violencia sexual.
Decreto Legislativo n°528 de 2022 con las reformas al artículo 106 del Código Procesal Penal
Aunque El Salvador ha suscrito compromisos internacionales de protección a la mujer como la Convención Universal de Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará, el informe revela que las políticas estatales no han abordado de manera efectiva la violencia de género. En lugar de implementar programas preventivos y de apoyo, las autoridades han centrado sus esfuerzos en la seguridad pública desde una perspectiva punitiva, minimizando así la atención a las víctimas y sus derechos fundamentales.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece en su articulo 2 que los Estados partes deben desarrollar una politica para a eliminar la discriminación hacia las mujeres. Espeficicamente en el inciso b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer y el inciso c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
Sin embargo, en El Salvador este enfoque restrictivo y orientado exclusivamente a hechos delictivos ha dejado a muchas niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad. El informe destaca la falta de recursos y programas de apoyo para las víctimas de violencia sexual y las deficiencias en los servicios de asistencia y protección, perpetuando así un contexto de impunidad y desprotección.
Dentro de los hallazgos principales a lo largo del estudio, los cuatro hechos con los indices más altos de incidencia son: violación 39%, agresión sexual 20.5%, acoso sexual 15.8% y el estupro 15.8%, constituyendo en ese sentido más del 90% de los delitos en contra del derecho a la libertad sexual.
Otro hallazgo que se evidencia es que en los registros de violencia sexual reportados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no se evidencia la problematica de embarazos en niñas y adolecentes. Este aspecto únicamente es reflejado en las estadísticas públicas, en este caso, provenientes del Ministerio de Salud, las cuales presentan un promedio de 11,161 víctimas por año en el periodo de 2019-2022.
La cifra más alta registrada en estos años se dio de enero a diciembre de 2020 donde se registraron 57,317 inscripciones de mujeres embarazadas de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL). Del total de inscripciones (2020), 12,781 fueron niñas y adolescentes, dando un promedio de 35 casos diarios.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos recomienda reforzar las acciones encaminadas a prevenir, atender y proteger a las condiciones en vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes, asi como a las mujeres victimas de violencia sexual ya que son las poblaciones que muestran mayor indice de afectación.
Asimismo, a las instituciones publicas trasparentar los registros sobre hechos de violencia sexual a fin de envidenciar la gravedad de la problematica en todos los niveles de la sociedad para estimular la concientización y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia sexual.