El Salvador está a pocos meses de la cuarta evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que evalúa la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU. Las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes alternativos que destacan la necesidad de proteger el derecho al agua, los derechos laborales, el acceso a la salud y la educación, entre otros temas fundamentales.
Por: Eugenia Olán
Las organizaciones enviaron informes específicos sobre diferentes violaciones a derechos humanos, como los impactos de las industrias extractivas en el país y la contaminación en el lago de Coatepeque, en Santa Ana, y sus repercusiones en los medios de vida de las mujeres.
El documento hace énfasis en los retrocesos y frecuentes vulneraciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), que en oportunidades anteriores las organizaciones han denunciado. Los más recurrentes, afirman, son los impactos medioambientales debido a la implementación del modelo extractivista.
Un ejemplo de estos impactos son los recientes desalojos y despojos de tierra de familias habitantes del caserío El Icacal, en Intipucá, departamento de La Unión, quienes presentaron el pasado 15 de agosto un aviso a la Fiscalía General de la República por los delitos de intimidación por parte de trabajadores de la empresa Desarrollos Turísticos del Pacífico S.A de C.V., en el marco del establecimiento de Surf City 2.
Asimismo, Patricia de Cláudio, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), mencionó que se han reportado que desde 2019 más de 22,250 trabajadores despedidos del sector público en 46 dependencias gubernamentales entre ellas, el Ministerio de Cultura, que en junio despidió a más de 300 personas bajo la justificación de “promover agendas contrarias a los intereses del Gobierno”.
El pasado 18 de septiembre, un grupo de trabajadores de la Procuraduría General de la República (PGR), realizaron una denuncia pública contra el procurador general, René Escobar, por los despidos de 400 trabajadores a quienes se les pidió presentar una renuncia voluntaria, la cual será efectiva a partir del 1 de noviembre.
Estos despidos arbitrarios e injustificados en la PGR han impactado al sistema de justicia, afectando los procesos contra personas defensoras de derechos humanos y defensores del territorio. Como ha ocurrido con los cinco líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, que fueron detenidos el 11 de enero de 2023 y actualmente se encuentran bajo arresto domiciliar.
Dentro de esa línea, se encuentran las denuncias de persecución penal de los dirigentes sindicales reportados por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y que hasta la fecha cuentan con 209 sindicalistas despedidos y 59 suspendidos.
Ante este panorama, las organizaciones señalan que no ha existido espacio de diálogo y discusión entre el Estado y la sociedad civil para la comparación y homologación de la información. Resaltan la importancia de abordar los múltiples retrocesos en materia de derechos humanos que han sido registrados en los tres informes que fueron presentados al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Finalmente, hacen un llamado a investigar de manera diligente las violaciones a derechos humanos, para deducir responsabilidades y resarcir daños a familiares de personas que han sufrido procesos de criminalización a causa de su labor como personas defensoras de derechos humanos.
