Fotografía: cortesía Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora
Organizaciones indígenas, campesinas y sindicales de El Salvador y Mesoamérica alertan sobre el avance del extractivismo y las políticas que están devastando los territorios y medios de vida de las comunidades locales. Exponen que diversos proyectos están desplazando a las poblaciones rurales en beneficio de grandes corporaciones, agravando la explotación laboral y perpetuando la discriminación.
Por Fátima Cruz
En un esfuerzo para detener el despojo territorial que afecta a las comunidades indígenas y campesinas en El Salvador y Mesoamérica, LA Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (Milpa), ASEAL y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio desarrollaron el Conversatorio Plan de Despojo de Bienes Comunes en la Región Mesoamericana. En el mencionado se discutió cómo el avance del extractivismo y las políticas neoliberales están socavando los derechos y los medios de vida de las comunidades locales.
Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, expresó su preocupación por el creciente peligro que enfrentan las comunidades: «No solo estamos luchando por la tierra, estamos defendiendo la vida en todas sus formas. Esta amenaza no es solo para nosotros sino para toda la región y el planeta», señaló.
Para Angel Flores, de Milpa, explicó el propósito y la importancia de la unión de diversos sectores: «Nuestro movimiento es único porque combina la lucha por los derechos laborales con la defensa de los territorios ancestrales. Hoy en día, los trabajadores del campo están siendo convertidos en jornaleros explotados, mientras pierden sus tierras a manos de grandes corporaciones», afirmó.
«Las mujeres enfrentan una triple discriminación: por ser mujeres, por ser trabajadoras del campo y por ser indígenas. Es fundamental que esta lucha también incluya sus derechos y su reconocimiento», agregó Flores.
El despojo de tierras en El Salvador no es un fenómeno nuevo. Según los participantes, se está viviendo un «tercer ciclo de despojo», que inició con la reforma agraria de 1881, cuando las tierras comunales fueron eliminadas. «Hoy, los proyectos extractivistas, como el corredor logístico, están desplazando a nuestras comunidades para beneficio de grandes empresarios», expresaron.
Al respecto de las actuales políticas, consideran que el gobierno salvadoreño facilita la explotación de los recursos y el desplazamiento de comunidades rurales. Proyectos como la Zona Económica Especial en Oriente y la exploración de minerales en el Golfo de Fonseca han sido señalados como parte de un modelo económico extractivista que prioriza los intereses empresariales sobre los derechos de las comunidades.
«La lucha sigue y cada vez es más urgente que nos unamos para defender nuestros territorios y nuestros derechos, no solo para nosotros sino para las futuras generaciones», finalizaron.