“… ninguna de las reseñas clásicas describe su carrera periodística ni su única novela titulada –Cuando los hombres fuertes lloran (1976) – … Tampoco los libros de historia informan de su quehacer como columnista y directora del suplemento “Hablemos” de El Diario de Hoy a partir de 1960”.
Referencia del escritor Rafael Lara-Martínez sobre Carmen Delia de Suárez, primera mujer graduada en la licenciatura de periodismo en la Universidad de El Salvador en 1975.
Por Celia Medrano
En El Salvador las mujeres que ejercen el periodismo enfrentan cotidianamente discriminación en razón de su género, como el no ser reconocida como escritora o novelista, hasta diferentes tipos de violencias. La normalización de este contexto puede socavar la capacidad de las mujeres para ejercer su labor periodística, el poder informar de manera independiente y sin miedo.
Cuando quién protagoniza acciones de violencia de género contra las mujeres periodistas es el mismo Estado, son actores estatales, sus voceros o seguidores, no solo se enfrenta un contexto de normalización de la violencia contra un periodismo independiente ejercido por una mujer, sino que se persigue atemorizar y acallar la labor informativa y educativa que realizan mujeres dedicadas al periodismo. El Estado incluso persigue que mujeres periodistas, que las considera fuera de la alineación oficial, tengan temor de ejercer no solo su derecho y deber de informar, sino también su derecho a emitir su opinión. En muchos casos, lo ha logrado.
En la investigación “Mujeres periodistas en primera línea: desafíos de la Libertad de Prensa en El Salvador”, fueron documentados 33 casos de violencia contra mujeres periodistas. Algunas de las periodistas entrevistadas aseguraron que tomaron la decisión de abstenerse de opinar sobre temas controversiales para evitar represalias tanto a través de redes sociales y vocerías estatales, como el escalamiento hasta agresiones físicas, no solo dirigidas a ellas, sino también contra su entorno familiar y social.
Durante la mencionada investigación, se recogieron testimonios de periodistas que plantearon que sus familiares o amistades que trabajaban en oficinas gubernamentales habían recibido llamados de atención de sus superiores en los que se les advertían posibles repercusiones si continuaban publicando opiniones críticas al gobierno por parte de la periodista. A otra periodista se le hicieron llegar mensajes en los que se daba a entender que su familiar, que era funcionario estatal, sería despedido si continuaban sus publicaciones en el medio digital para el que laboraba.
En el Informe “Violencia digital basada en género dirigida hacia mujeres periodistas”, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 655 ataques virtuales en un periodo de tres meses contra 10 de las mujeres periodistas más agredidas en redes sociales. Las cuentas con mayor nivel de alcance en sus ataques son encabezadas por influenciadores que apoyan al partido gobernante, así como en la frecuencia la característica principal es el anonimato en el alcance. El 17.5% de todos los comentarios contra mujeres periodistas son de carácter sexual.
Los casos cada vez son más y con mayor gravedad. La APES también ha denunciado el aumento de la hostilidad y amenazas contra los periodistas mientras realizan coberturas e investigaciones en el contexto del estado de excepción. En 16 de 82 casos registrados desde marzo 2022 hasta diciembre 2023 las hostilidades y amenazas han sido contra mujeres.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) plantea frecuentemente la importancia de proteger los derechos de las mujeres periodistas en su labor, reconociendo los desafíos únicos que enfrentan y la necesidad de garantizar su seguridad y libertad de expresión. La CIDH insta a los Estados a adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia contra mujeres periodistas.
Es fundamental no callar este tipo de agresiones. La denuncia constante y documentada de los acosos y amenazas es una de las herramientas más eficaces de que las mujeres periodistas pueden echar mano para evidenciar la violencia que se ejerce contra su labor. Poco a poco se va ganando terreno, visibilizando casos y agresores, obligando al Estado a asumir su responsabilidad, no solo de abstenerse de protagonizar este tipo de violencia, sino también de prevenirla y garantizar la protección de mujeres que se desempeñan en el ya de por sí difícil ámbito del periodismo y la comunicación social.
Celia Medrano es reconocida por su labor en la defensa de derechos humanos; de profesión es periodista y especialista en administración gerencial, incidencia y políticas públicas. En 2020 formó parte de la lista de cinco personas para presidir la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo la única mujer. Ha sido parte de organizaciones de sociedad civil e instituciones del Estado y es consultora en derechos humanos.