Fotografía: FESPAD
Familiares de personas desaparecidas, junto a organizaciones de derechos humanos, urgen a las autoridades salvadoreñas a retomar las investigaciones de casos archivados, exigiendo justicia y transparencia en el proceso. A pesar de algunas acciones, denuncian la falta de respuestas concretas y el desgaste emocional que enfrentan.
Por Fátima Cruz
Familiares de víctimas de desapariciones en El Salvador, junto a la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), han intensificado sus esfuerzos para buscar justicia en los casos de sus seres queridos. Entre las acciones emprendidas se incluyen brigadas de búsqueda, pegado de afiches, y la presentación de solicitudes formales a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se retomen casos previamente archivados.
“Es indispensable que la Fiscalía defienda los intereses de las víctimas retomando estos casos para dar con el paradero de nuestros seres queridos e identificar a los responsables,” afirmó Carmen Argueta, del Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador (COFADES), cuyo hijo desapareció el 4 de agosto de 2021.
«Mi hijo tiene 11 años de desaparecido y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta,» expresó Martínez de Landaverde. Afirma que, tras la desaparición de su hijo, ha buscado en instituciones, hospitales y en Medicina Legal, agotando todos los recursos a su disposición. A pesar de sus esfuerzos, incluida la interposición de recursos de amparo, no ha habido avances significativos en la investigación. «Interpusimos un amparo, pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta. Ya son 11 años esperando a mi hijo, esperando que regrese a nuestra familia,» añadió con visible angustia.
Landaverde lamentó la situación, subrayando la injusticia de no obtener respuestas por parte de las instituciones encargadas de investigar los casos de desaparición. «Creo que no es justo que nos tengan así, sin una respuesta. Es una espera interminable y dolorosa» expuso.
Las organizaciones han presentado solicitudes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), solicitando su intervención para que las instituciones competentes actúen con diligencia. “Hace casi dos años presentamos 12 casos a la PDDH, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta de los casos,” señaló Sandra Chapoy, quien ha pasado casi tres años sin saber del paradero de su hijo, desaparecido el 11 de septiembre de 2021. A familiares se les ha negado información, afirmó.
Además, se han interpuesto demandas de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero los avances han sido limitados. “De los cuatro amparos presentados, la CSJ solo resolvió parcialmente uno, ordenando a la Fiscalía reabrir las investigaciones. Sin embargo, aún no tenemos respuestas concretas sobre el paradero de las víctimas ni se ha identificado a los responsables,” agregó Argueta.
Las familias, que también forman parte del Bloque de Búsqueda y otros colectivos como Fe y Esperanza, explican que enfrentan desesperación y el desgaste emocional en su búsqueda por la justicia. “Como madres vivimos agotadas, es un desgaste físico, mental y emocional, y no tenemos ninguna respuesta,” dijo Sandra, destacando el papel crucial de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación en mantener viva su búsqueda.
La desaparición de personas en El Salvador es una crisis de derechos humanos que afecta tanto a las víctimas directas como a sus familias. A pesar de los esfuerzos de los familiares y las organizaciones de la sociedad civil, muchas de estas desapariciones, tanto las ocurridas durante el conflicto armado como las recientes, permanecen en la impunidad.
Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en el primer trimestre de 2023 se reportaron 132 personas desaparecidas, lo que representa un incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos casos se suman a los 6,443 reportados entre 2019 y junio de 2022, de los cuales la mayoría de las víctimas no han sido encontradas, según FESPAD.
En este contexto, solicitan acciones urgentes a las autoridades responsables. En primer lugar, instan a la Fiscalía General de la República a defender los intereses de las víctimas, retomando las investigaciones de los casos de personas desaparecidas para esclarecer su paradero e identificar a los responsables, de modo que las familias puedan finalmente obtener justicia.
Asimismo, hacen un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que vele por el respeto y garantía de los derechos humanos, resolviendo la solicitud presentada por doce familias de víctimas de desaparición. Además, exhortan a que esta institución promueva acciones ante las instancias correspondientes para asegurar que estos casos no queden en la impunidad.
También, piden a la Corte Suprema de Justicia que emita, con la mayor prontitud, resoluciones fundamentadas sobre las demandas de amparo interpuestas. Expresan que es crucial que la Sala contemple una valoración integral del entorno de cada caso, con el objetivo de sentar un precedente en el país, generando condiciones de seguridad jurídica y justicia para las víctimas de desaparición.
Finalmente, hacieron un llamado al Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión a que realice las diligencias necesarias para que las instituciones de justicia se comprometan a localizar a las personas desaparecidas, investigar y sancionar a los responsables. Y que se brinde atención integral a las familias de las víctimas y se reparen los daños causados por estos crímenes. “Nuestros hijos no son cifras, son personas valiosas que merecen ser encontradas,” concluyeron familiares luego de expresar sus solicitudes.
