Por Reiny Ponce
El Observatorio de Violencia de Ormusa registra 14 feminicidios y muertes violentas de enero a mayo de este año. La mitad de ellos cometidos por sus parejas o ex parejas que se suicidaron posterior a los hechos, dejando en la impunidad los crímenes y sin reparación para las familias.
Silvia Juárez, coordinadora del Programa por una vida libre de violencia de Ormusa, manifiesta que la violencia continúa por los sistemas de opresión relacionados a las desigualdades que consideran a las mujeres con una humanidad de segunda categoría y que al minimizarlas, se les condena a enfrentar desigualdades o violencias, y socialmente se legitima que las mujeres deben vivir en esas condiciones. “Al no considerar esa igualdad se subestiman sus necesidades a través de las políticas de seguridad, protección y presupuestos públicos”.
De acuerdo al monitoreo de medios de la organización existe un alza en comparación al mismo periodo del 2023. En ese año se registraron 10 feminicidios cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. Mientras que enero a mayo de 2024 la organización contabiliza 14, siendo marzo el mes en el que han ocurrido más feminicidios, 4.
Las estadísticas del observatorio muestran que siete feminicidios fueron cometidos por parejas de las víctimas y siete muertes violentas cometidas por otros agresores. Cinco de ellos se suicidaron luego de cometer el crimen, dejando los casos en la impunidad.
Juárez expresa que los suicidios seguidos de los femicidios es una práctica donde los hombres se abstraen de enfrentar la justicia. “El respeto a la vida de las mujeres es una obligación, y por lo tanto, (ellos creen que) no vale enfrentar la ley si creen que moralmente deben hacerlo. Ese mensaje plasma un sistema indolente que no trabaja por erradicar las violencias contra las mujeres. En El Salvador, ni el machismo ni la misógina son políticas de seguridad consideradas para la mujeres y en la medida que estén disociados, los hombres seguirán entendiendo que aunque en la ley está prohibido, moralmente deben hacerlo y, por lo tanto, las mujeres seguirán perdiendo la vida”.
La abogada feminista, Karen Rivas, explica que el suicidio del feminicida tiene como efecto directo la imposibilidad del acceso a la justicia para la víctima, pero tiene víctimas indirectas como hijas e hijos o familiares cercanos, que desde el Estado se les debe resolver la reparación por la afectación a sus derechos como lo establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en su artículo 15.
“Es necesario no perder de vista y retomar el hecho que el feminicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres que viven en una sociedad patriarcal. Siendo necesario implementar programas de prevención encaminados primordialmente a desaprender roles y estereotipos de género que representan el origen de la violencia contra las mujeres”.
