Más del 75% de la población salvadoreña desconoce en qué consiste el derecho de defensa, la garantía constitucional del plazo de detención administrativa y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia desde la suspensión de estos a dos años de implementación del régimen de excepción.
Por: Eugenia Olán
El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), presentó los resultados de la encuesta “La población salvadoreña evalúa el segundo año del régimen de excepción” que fue realizada durante el mes de marzo de 2024. Los resultados dan a conocer la exposición ciudadana ante los abusos de autoridad cometidos por elementos militares o policiales y la cautela que la población salvadoreña está teniendo para expresar su opinión a otras personas sobre cualquier asunto relacionado con la implementación de esta medida.
El estudio parte desde la revisión bibliográfica de los decretos legislativos emitidos entre marzo de 2023 y marzo de 2024, en el cual mencionan que las sucesivas prórrogas del régimen de excepción sólo incluyen la restricción de tres artículos de la constitución, entre ellos el artículo 12 inciso 2 que contempla el derecho a la defensa de cualquier persona detenida; el artículo 13 inciso 2, que establece el plazo de la detención administrativa y el artículo 24, que regula la inviolabilidad de la correspondencia.
A 24 meses de vigencia, el IUDOP consultó a la población si conocen en qué consisten los derechos que actualmente continúan suspendidos por el régimen de excepción, entre ellos el derecho a la defensa, donde el 78.9% respondió que no lo conoce; mientras que un 78.8% desconoce la garantía constitucional de respetar el plazo de detención administrativa; y el 76.7% dijo no conocer el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones.
Laura Andrade, directora del IUDOP, mencionó que la población salvadoreña está en desacuerdo con que las autoridades no garantizan la asistencia de un abogado o abogada a las personas que son detenidas con el régimen de excepción, sobre todo porque no están informando la razón de la detención y rechazan que sean detenidas por más de 72 horas sin presentar una prueba que las incrimina.
Dentro de esto, se muestra que 50 de cada 100 salvadoreños expresaron su desacuerdo con que las autoridades puedan intervenir las telecomunicaciones de toda la población sin necesidad de una orden judicial, además de que las autoridades capturen a personas que ya tenían un proceso penal cerrado, ya sea por cumplimiento de una condena o porque se declaró inocente. Ante eso, 55 de cada 100 salvadoreños mencionó no estar de acuerdo".
Sobre la confianza en las instituciones públicas, el 61.9% de la población confía poco o nada en que la policía le ayudaría a aclarar su inocencia, una proporción similar -57.1%- confía poco o nada en que la Fiscalía General de la República presentaría pruebas de descargo, y cerca de la mitad 54.8% confía poco o nada en que el juez del caso lo dejaría libre.
La población calificó al régimen de excepción con un 8.13, una nota superior a las encuestas realizadas por la IUDOP en los primeros seis meses de implementación. Sin embargo, estos resultados están asociados a la exposición de la información sobre las acciones y el quehacer del Gobierno del presidente Nayib Bukele, afirmaron.
Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, mencionó que estos datos muestran que, en la medida en que aumenta la exposición de la ciudadanía a la información sobre el quehacer gubernamental, se registra un incremento en la calificación y ha permitido que imagenes de instituciones públicas mejoren su percepción como el caso de la Asamblea Legislativa.
“Según los datos, el 65.1% considera que ha mejorado el trabajo de la Asamblea Legislativa. Pero esto tiene que ver con que, en cada prórroga, los diputados tienen una narrativa con la cual buscan justificar la aprobación del régimen de excepción, y no presentar precisamente una propuesta de seguridad”, explicó el vicerrector.
La encuesta “La población salvadoreña evalúa el segundo año del régimen de excepción”, también reveló que 74 de cada 100 está siendo más cuidadoso para compartir su opinión respecto al régimen junto a otras personas. Serrano explicó que la población encuestada mencionó que emitir su opinión puede desencadenar una detención injustificada y prefiere evitar represalias o amenazas entre otras razones.
Por otra parte, la encuesta también revela la proporción de la población que ha estado expuesta a abusos por parte de las autoridades de seguridad durante este segundo año de vigencia del régimen de excepción. En cuanto a la Policía Nacional Civil, el 20.2% de las personas encuestadas manifestó haber visto a algún policía maltratar físicamente a otra persona, mientras que, 15.3% aseguró haber visto a miembros de la Fuerza Armada maltratar físicamente y verbalmente a una persona.
Los representantes de IUDOP mencionaron que es alarmante que más de la cuarta parte de la población salvadoreña ha presenciado o ha sido víctima directa de abuso de los elementos de seguridad, lo que demuestra la falta de protocolos efectivos para la protección de los derechos humanos de la ciudadanía.