La Resistencia Feminista junto a organizaciones de la sociedad civil marcharon en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, denunciando los retrocesos democráticos, falta de garantía derechos y un alto a la violencia contra las mujeres. Además, demandaron un aumento al salario mínimo. Las madres de personas capturadas en el marco del régimen de Excepción también exigieron la libertad para sus hijas e hijos.
Texto y fotografías: Reiny Ponce
En un multitudinaria marcha realizada desde el Parque Cuscatlán hacia la Asamblea Legislativa, la Resistencia Feminista y organizaciones de la sociedad civil marcharon para visibilizar un mes de activismo feminista. Demandaron un alto a la violencia contra las mujeres, denunciaron los retrocesos democráticos en El Salvador, los despidos injustificados y llevaron una propuesta para el aumento al salario mínimo ante el Ministerio de Trabajo.
Delia Cornejo, de la Resistencia Feminista, denunció la violencia invisibilizada que hay en contra las mujeres por parte del Estado. “No hay estadísticas de violencia. Hay violencia en las casas, en las calles, en los centros de trabajo, hubo una gran violencia contra las mujeres en los centros de votación, en las Juntas Receptoras de Votos. Entonces, también marchamos por esa violencia invisibilizada”.
Para las organizaciones, los retrocesos en materia de derechos de las mujeres son evidentes, como la educación con perspectiva de género ya que, afirman, se ha eliminado “olvidando que tenemos una Ley de Igualdad, una Ley Especial para una vida libre de violencia y esto nos preocupa porque ya veníamos denunciando cierre de espacios organizativos para las mujeres, disminución de proyectos y presupuesto, y vemos que la tendencia va a continuar igual o peor”, expresó Delia.
Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, destacó las repercusiones en las comunidades al no hablar sobre la educación sexual integral. Esto se refleja en altos índices de embarazos adolescentes, convirtiéndose en un obstáculo para su proyecto de vida y para su salud.
También, Murillo exigió un sistema de justicia accesible para todas las mujeres. “Este día nos hacemos presentes para que haya acceso de justicia para las mujeres. Somos más del 50% de la población que vivimos excluidas, marginadas y discriminadas, los sectores rurales, las mujeres campesinas son las que más enfrentan estas situaciones de discriminaciones. Demandamos un sistema de justicia para las mujeres, mejores condiciones, empleo digno, la garantía de la educación y la salud.
Por otra parte, expusieron que las mujeres ganan el 16% menos en salarios en comparación a los hombres. En ese sentido exigieron un aumento al salario mínimo del 25% para la zona urbana y rural, y el 27% para los sectores de maquila y del hogar remunerado, esta propuesta fue entregada en la Asamblea Legislativa al Consejo Nacional del Salario Mínimo.
De acuerdo a las estadísticas de la Población Económicamente Inactiva de 2022, las mujeres representan el 52.0 %. “Nos colocan en esta categoría por dedicarnos al trabajo reproductivo, asumiendo que aportamos al crecimiento del PIB”, de acuerdo a un comunicado emitido por las organizaciones.
Asimismo, expusieron la violencia laboral y los despidos injustificados de mujeres. “Hasta el año pasado había unos 16 mil despidos, de esos no tenemos datos de cuántas son mujeres, pero entendemos que hay muchas mujeres jefas de hogar, también en las municipalidades han habido despidos desde antes que se constituyeran los 44 municipios. En ese sentido, los despidos van a seguir este año en las municipalidades, pero se avecinan otros despidos”, manifestó Cornejo.
Otra de las demandas fue un alto a la continuidad del régimen de excepción que viola los derechos de las personas, por parte del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR). Las madres que tienen hijas e hijos capturados en este contexto, exigieron libertad y justicia.
Ana Ponce es madre de Yojani Yaneth Munguía Ponce, capturada hace un año y nueve meses en el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 en el país. Afirma, que el lugar donde está su hija, no tiene garantía de ninguno de sus derechos.
Si es el día de la mujer mi hija no merece estar donde está, pagando un delito que no cometió. Tengo un año y nueve meses de no saber nada de ella, no sé en qué condiciones de salud está. Ella es madre de una adolescente de 16 años, un niño de 8 y uno de 6 años. El lugar donde ella está le están violentando todos los derechos. Presenté las pruebas que demuestran que es libre de todo lo que la acusan”.
Pero Ana comparte la misma historia que Ana García, madre de Ricardo Ernesto Martínez García. Su hijo fue capturado hace dos años bajo el régimen de excepción. Hasta el momento no tiene información sobre su estado.
“Aquí ando la carta de libertad pero no lo he visto, he preguntado por él y no me dicen nada, no sé por qué sigue detenido. Yo me uní a marchar porque tal vez así tenemos eco y nos ayudan. Yo entregué los arraigos pero no ha servido de nada. Siento que es una injusticia lo que el gobierno está haciendo porque daña a la gente más pobre porque yo no tengo dinero para que lo saquen, apenas consigo dinero para el paquete”.
Hasta diciembre de 2023, la cifra de personas capturadas bajo el régimen de excepción ascendía a 75 163, de acuerdo a la Policía Nacional Civil.