Fotografía/ Reina Ponce
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- presentó la investigación denominada: “Desaparición de Personas en El Salvador”, la presente recopila datos y análisis de los años 2014 al 2019. El objetivo del estudio, según un comunicado emitido por la institución, es sensibilizar a la sociedad salvadoreña sobre la alarmante dimensión del fenómeno y sus diversos impactos, llamar al Estado salvadoreño para que cumpla con sus obligaciones de brindar seguridad a la población, asimismo buscar a los desaparecidos y desaparecidas e identificar sus restos, investigar y castigar a los perpetradores, reparar integralmente a las víctimas y sus familias.
Los resultados muestran que, desde la evidencia empírica, la desaparición de personas es un crimen que inicia con la privación de libertad, seguido del ocultamiento del paradero y destino final la víctima, irrumpe como práctica criminal en la posguerra desde hace casi dos décadas. En este sentido, la desaparición surge inicialmente como modalidad criminal entre las pandillas por su funcionalidad para generar impunidad penal, pero prolifera con posterioridad, como un eficaz mecanismo para ocultar homicidios en el marco de acuerdos políticos con fines de rentabilidad electoral, explica el documento.
- Declaraciones por Jeannette Aguilar/ Investigadora y Consultora.
- Video por Reina Ponce
Además, plantea que la poca investigación de la mayoría de desapariciones y el desinterés político mantienen estadísticas favorables a los gobiernos de turno.
Bajo la lógica de las teorías de economía del crimen, la baja probabilidad de castigo penal que ha existido en este delito versus los diversos beneficios logrados por los perpetradores, han incentivado su uso y convertido a esta ominosa práctica, en un atractivo delito…, muestra el comunicado –
En el caso de las niñas y mujeres las desapariciones se centran como objeto de venganza: mujeres desaparecidas por sus parejas, que muestran relación con feminicidios, explica la investigación.
La investigación muestra que el cuerpo de las mujeres es utilizado como un medio de venganza y para marcar territorios.
Jeannette Aguilar, investigadora y consultora, junto al comité de familiares han encontrado algunas características compartidas en un segmento de las desapariciones. En primer lugar explica que son hechos planificados, existe una alta probabilidad que los cuerpos de las víctimas hayan sido enterrados en cementerios clandestinos, hay participación de personas conocidas (entorno familiar, laboral o comunitario), en muchos casos la desaparición ha sido realizada por miembros de pandillas pero ha sido ordenada por un tercero, (en muchos casos se trata de un familiar o persona cercana como novios).
- Declaraciones por Jeannette Aguilar/ Investigadora y Consultora.
- Video por Reina Ponce
Por otro lado, la invisibilización y negación oficial de las desapariciones durante un largo tiempo afectan a la población, principalmente a los sectores en condición de exclusión y vulnerabilidad. – La postura negacionista que ha prevalecido entre distintos gobiernos respecto a su existencia, dimensión e impactos, profundiza el aislamiento, el temor y el ostracismo en el que suelen quedar las familias luego del trágico hecho-, explican.
En este caso, la institución sostiene que no existe un registro único de personas desaparecidas, en gran medida por el desinterés de visualizarlo, y que los existentes muestran que en la actualidad la cifra supera las estimaciones de personas desaparecidas durante el conflicto armado. Respecto a las cifras, mencionan que el quinquenio anterior registros oficiales de la Fiscalía General de la República contabilizaron más de 20 000 denuncias, debido a esto su dimensión trasciende a múltiples impactos tanto en sus familias, comunidades y otros, mismo que puede catalogarse como una emergencia humanitaria que debe abordarse.
Asimismo, hacen énfasis en que los últimos años las cifras de desapariciones han superado a las de los homicidios reportados por las autoridades. Conforme a esto explican que no deben desestimarse los subregistros que es plausible que este haya ido en incremento en el último lustro debido al creciente temor y desconfianza de muchas víctimas hacia la Policía, añaden en el comunicado.
Según el estudio, la gran mayoría de familiares consultados experimentaron la estigmatización, la revictimización y la indiferencia de quienes tienen la obligación de protegerlos, auxiliarlos y actuar con la debida diligencia frente a hechos tan graves. Esto supone un grave incumplimiento del Estado salvadoreño en materia de protección de los derechos humanos y de la obligación de perseguir, investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de personas. El irrespeto, la hostilidad, la descalificación y el trato poco considerado hacia los angustiados familiares por parte de policías y fiscales, contravienen todas las directrices internacionales en materia de búsqueda, localización e investigación de las personas.
- Declaraciones por Jeannette Aguilar/ Investigadora y Consultora.
- Video por Reina Ponce
Esperanza Tobar, representante del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia en El Salvador, realizó un enfático llamado a todas las instituciones involucradas son el proceso de búsqueda para que muestren más empatía y respeto a quienes sufren la desaparición de un ser querido, en el mismo expresó que está problemática compete a todos y todas.
En este sentido, respecto a los avances institucionales, si bien en 2019 el Estado salvadoreño dio los primeros pasos para abordar el fenómeno, con la reforma al Código Penal que reconoce la desaparición atribuida a particulares como delito, y la creación de una unidad especializada en la FGR que coordina la activación de un Protocolo de Acción Urgente para los casos recientes de desaparición, a más de un año de su adopción se advierten pocos avances sustantivos y falta de continuidad en la adopción de políticas y acciones de coordinación para su abordaje integral, menciona el comunicado.
Recomendaciones
Durante la conferencia brindada por FESPAD explicaron que aunque existen desafíos de diverso orden relacionados con los aspectos técnicos y las limitantes de recursos financieros y humanos especializados para la atención del fenómeno, los principales obstáculos en el caso salvadoreño radican en despojar de carga política electoral del tema de la violencia, de los homicidios y de las desapariciones.
Debido a esta problemática, la institución formuló 20 recomendaciones. Entre ellas se encuentran crear un registro más eficiente de personas desaparecidas y la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas
- Crear un registro nacional único de personas desaparecidas, que integre coteje y valide continuamente información de distintas fuentes oficiales, de organizaciones no gubernamentales, Comités de familiares y organismos humanitarios que atienden casos de personas desaparecidas, a fin de contar con una base estadística más completa y de personas no localizadas, que reúna información más confiable y depurada para las estrategias de búsqueda, investigación, identificación forense y atención humanitaria de las familias. Es fundamental garantizar la protección de los datos y la confidencialidad de la información contenida en este registro.
- Abordar la desaparición de personas como un desafío de Estado que involucre la participación comprometida de los tres Órganos de Estado, la FGR y la PDDH en la adopción de políticas de prevención, investigación y sanción de los responsables de la desaparición de personas y de reparación integral de los familiares.
3. Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como adecuar la legislación nacional a los contenidos de ambos instrumentos internacionales.
- Adecuar la normativa penal y la legislación nacional relacionada al tema, al marco internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
- Someter a discusión en la Asamblea Legislativa una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que contemple una definición de la persona desaparecida, una definición de familiares de personas desaparecidas, el derecho a no ser desaparecido, el derecho a ser buscado indistintamente de las causas de su desaparición y a que las víctimas reciban asistencia, atención y protección.
- Someter a discusión con la participación de organizaciones no gubernamentales y Comités de familiares, una Ley de Ausencia por Desaparición, que permita reconocer y dar continuidad a la identidad jurídica de la persona desaparecida, determinar su representación de interés y preservar sus derechos, a fin de ofrecer mayor certeza jurídica a sus familiares.
- Decretar el 31 de agosto como el Día Nacional de las Personas Desaparecidas, tal y como ha sido establecido internacionalmente y solicitado en reiteradas oportunidades por los distintos Comités de familiares de personas desaparecidas.
- Diseñar una estructura funcional de coordinación estratégica que integre representación de los tres Órganos de Estado, la FGR, la PDDH y los Comités de familiares, responsable de la búsqueda, localización e investigación de casos de personas desaparecidas con enfoque humanitario, que cuente con la asesoría de entidades internacionales especializadas como CICR y la OACNUDH. Esta estructura podría adoptar el mandato de un Grupo de Trabajo que enfoque sus esfuerzos en la búsqueda de las personas desaparecidas en la actualidad, que dé aplicabilidad a la ley de búsqueda y administre el registro de personas desaparecidas.
- Es preciso que este Grupo de Trabajo creado con el mandato de la búsqueda realice un mapeo y nómina de todos los posibles cementerios y fosas clandestinas existentes en el país, a fin de diseñar las estrategias de localización e identificación de las víctimas.
10.Fortalecer con recursos financieros, técnicos y humanos las iniciativas técnico científicas llevadas a cabo por el IML desde hace varios años, para la identificación forense de personas desaparecidas. Es preciso ir preparando las condiciones para que el IML pueda convertirse en el mediano plazo en un Instituto de Ciencias Forenses, con capacidades y recursos para responder a las diversas demandas relacionadas con las personas desaparecidas de la violencia actual, los desaparecidos durante el conflicto armado y las personas desaparecidas en la ruta migratoria.
- Adoptar en el corto plazo los métodos de identificación dactilar propuestos por el IML y CICR en todas las morgues a nivel nacional, para la identificación rápida y certera de cadáveres de personas no identificadas, bajo el respaldo y la coordinación con el RNPN, la FGR y la PNC.
12.Es preciso regular mediante ley y normas éticas lo relativo a los procesos de inhumación, tratamiento y medios de identificación de los restos de las personas desaparecidas. Esta normativa debe incluir regulaciones sobre el manejo y tratamiento de cadáveres no identificados en cementerios municipales.
13.Realizar un diagnóstico amplio sobre la situación de las familias de personas desaparecidas, a fin de diseñar programas de atención y reparación integral. 14.Capacitar y sensibilizar a fiscales, policías y operadores del sistema de justicia en los estándares internacionales de atención a familiares víctimas de la desaparición de personas, con enfoque humanitario.
15.Definir mecanismos de control y supervisión del desempeño de policías y fiscales en la atención e investigación de los casos y establecer procesos sancionatorios para aquellos funcionarios que incumplan con las normas y enfoques de atención a las víctimas.
16.Es preciso que el Estado salvadoreño, y particularmente el Órgano Ejecutivo, adopte medidas urgentes de prevención, investigación y sanción de elementos de la Policía y miembros de la Fuerza Armada involucrados en casos de desapariciones forzadas, considerado internacionalmente como un delito de lesa humanidad. Esto implica disponer de la colaboración interna y el respaldo institucional, para la realización de investigaciones objetivas e independientes en aquellos casos en los que agentes del Estado están involucrados en estas abominables prácticas.
17. Que el Estado salvadoreño adopte mecanismos de reparación, restitución de derechos, indemnización y atención en salud física y mental a las familias de personas desaparecidas. La implementación de un programa de reparación integral a víctimas de la desaparición tanto del conflicto armado como de la actualidad, sigue siendo una deuda del Estado salvadoreño.
18.Es preciso que la Red de Atención en Salud del Ministerio de Salud desplegada a nivel nacional fortalezca las capacidades de atención y los servicios de salud física y mental a las familias de personas desaparecidas.
19.Es pertinente establecer mecanismos de coordinación, intercambio y colaboración entre las instancias responsables de la búsqueda de los desaparecidos de la actualidad y la Conabúsqueda y la CNB.
20. Ampliar los programas de formación académica desarrollados por el IML en las áreas de especialización forense, con la Universidad de El Salvador y con universidades extranjeras, mediante convenios de cooperación.
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