Ayer el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, (OUDH) presentó el – Informe especial sobre la situación de derechos humanos en el marco de la emergencia por COVID19-. Este documento expone que los centros de contención fueron lugares donde se violentaron más derechos humanos. Además, el monitoreo muestra que entre los derechos violentados se encuentra el riesgo al que expuso a las mujeres a la violencia machista, durante la cuarentena obligatoria, la situación de los varados y varadas en el exterior , restricción a la prensa a información pública, se violaron de derechos al personal de salud y derechos económicos, sociales y culturales (trabajo, agua, educación y otros).
El informe fue elaborado mediante el monitoreo de distintas fuentes publicas de información: redes sociales, medios de comunicación, organizaciones sociales, instituciones, funcionarios, organizaciones internacionales y nacionales, personas afectadas, defensores de derechos humanos y otras. La investigación se realizó en el lapso del 21 de marzo al 24 de agosto y se cuenta con 8 mil registros de información (medios de comunicación) y 50 mil ampliando con las otras fuentes. El informe hace una recopilación y selección de 10 temáticas más recurrentes en derechos humanos. En este sentido, -el observatorio pretende aportar a la sociedad una herramienta para enriquecer y construir la memoria histórica y generar un análisis de la misma-, explica Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y coordinador general del OUDH.
Cortesía: Observatorio Universitario de Derechos Humanos
El informe presenta que durante marzo a agosto se realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y abusos de la Policía Nacional Civi (PNC) y Fuerza Militares (FAES), se definen de esta forma ya que no tenían fundamentos legales según resoluciones de la Sala de lo Constitucional; la falta de condiciones entre ellas de alimentos, asistencia medica a otras enfermedades, traslados injustificados de centros de contención a otros, falta de acceso a medidas de higiene, falta de conocimiento de información de pruebas de COVID realizadas afectó a más de 16 mil personas que estuvieron en centros de contención; hubo poca respuesta a los y las varadas desde la atención de los consulados; hubo restricciones a periodistas a la información pública y se registran obstaculización y a traques contra medios y periodistas además del manejo centralizado de las pruebas; durante la pandemia fue preocupante la falta de protección el sector salud que denunciaban no contar con insumos a tiempo, falta de capacitaciones y falta de protocolos claros; relativo a los centros penales fue alarmante porque estos ya están alejados desde su propia naturaleza y refleja el indicio de la falta, del fallo o de la inexistencia de los protocolos de bioseguridad por los casos positivos que de dieron, mencionó Escalante.
Conferencia de prensa: Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Por otro lado, los registros explican que durante la 21 de marzo y 13 de mayo la Fiscalia General de la República reportó 158 casos de violencia intrafamiliar, las mujeres se encontraban en sus hogares y no podían salir debido a las medidas gubernamentales tomadas. En el tema de feminicidios, entre marzo a junio, la Mesa Tripartita reportó 37 muertes violentas de mujeres y ORMUSA reportó 44, estos datos reflejan que el problema de la violencia feminicida continuó en la pandemia. Según el monitoreo los homicidios se mantuvieron a la baja pero del 24 al 28 de abril hubo un punte con 85 muertes, en este lapso existían dos politicas gubernamentales operando: la cuarentena obligatoria y Plan Control Territorial ante esto los académicos cuestionan el repunte y apuntan a indagar más sobre este tema.
En el caso de las mujeres todos los centros de investigación resaltan que las mujeres han sido uno de los sectores más afectados (junto con niños, jóvenes y ancianos) por la sobre carga de trabajo, nos solo del trabajo sino del cuido, que recaen específicamente en las mujeres, y cargas por la violencia, manifiesta P. José María Tojeira, director del Idhuca.
Además, se identifico que en zonas del país hubo escasez de agua, en algunos lugares hasta 22 días, vulnerando el derecho al agua que también era necesario para cumplir con las recomendaciones sanitarias de lavado frecuente de manos. En este mismo caso, se le impidió a una asociación comunal distribuir agua a 321 familias ya que se estaba implementando el Cerco Sanitario en La Libertad, indicó coordinador general del OUDH.
Respecto a la confrontación, el desgaste institucional y la transgresión de poderes. En el informe se analiza que durante la pandemia no solo hubo problemas sanitarios sino también de institucionalidad. Escalante explica que estos se alimentaron principalmente por declaraciones del Organo Ejecutivo contra el Organo Legislativo, la Sala de lo Constitucional, Derechos Humanos y Fiscalia General de la Republica, y la respuesta de algunas de estas instituciones ante los señalamientos de funcionarios. Asimismo, se menciona la respuesta de lenta de instituciones para responder a la pandemia y algunos órganos han renunciado, unos más que otros, al principio de colaboración entre sí que la Constitución de la República reconoce. Para Escalante la población está sufriendo de inseguridad jurídica debido a esta confrontación y desgaste que afecta la convivencia social armónica.
Según P. José María Tojeira, director del Idhuca, enfatiza que:
…las violaciones a derechos humanos en la pandemia continuan los patrones de violación de derechos que se han dado en los años anteriores… que han afectado a sectores más vulnerables en un momento de enfermedad, de reclusión en el hogar, de medidas complejas que se toman en el Estado. Estás violaciones repetidas creemos que responden a una falta de cultura de derechos humanos que viene desde tiempos de la guerra. Los derechos humanos no es una prioridad en el país, hay otras prioridades como el poder, la economía e intereses particulares partidarios etc. Este problema hay que superar la cultura de derechos humanos debe ser parte del patrimonio nacional.
Conferencia de prensa: Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Tojeira explica que ante la violación de derechos humanos el OUDH ha realizado una serie de recomendaciones y entre estas se encuentran:
Cesar de ataques directos entre funcionarios del órgano ejecutivo al legislativo. Es importante una responsabilidad ya que refuerza la cultura autoritaria en el país ya que impide el diálogo y la reconstrucción del país.
Cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional para garantizar vivir en un estado de derecho y acelerar los procesos legales para emitirlas.
No instrumentalizar la situación de crisis con fines electorales. La pandemia es un problema serio y no hay que usarlo para objetivos particulares.
Garantizar el acceso a información publica ya que se limitó por ejemplo a quienes estaban en centros de contención, y en otros ámbitos. Es necesario eliminar el hostigamiento gubernamental al periodismo investigativo.
Por ultimo, se invita a la sociedad civil a continuar reflexionando sobre el contexto en el que el país se encuentra, a seguir las medidas de bioseguridad y dar seguimiento a las recomendaciones para el respeto de los derechos humanos.
Solicitan investigar a los responsables de violaciones a derechos humanos
El OUDH pide que se se investigue y se deduzcan las responsabilidades legales a los que ordenaron, permitieron y ejecutaron las acciones violatorias de derechos humanos de la población durante la emergencia. Asimismo, exhorta a la Fiscalía General de la República mayor dedicación a la investigación y de persecución a denuncias relacionadas a violaciones de derechos humanos. Por otro lado, piden a las autoridades tomar medidas de NO repetición de abusos y violaciones.
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