Por: Amanda Libertad Castro
El 16 de enero de 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de El Salvador. Mi memoria alberga ese recuerdo como ningún otro a mis 12 años, lo recuerdo con alegría y con la familia junta, la misma familia que congeló su duelo por el crimen de desaparición forzada. Ese día marcó mi identidad con una banda sonora que no he podido dejar de escuchar, aunque a veces he querido, más allá de toda esa algarabía, para quienes perdimos a seres queridos en la guerra, para quienes crecimos con la ausencia como forma cotidiana de la vida, la paz nunca fue un punto de llegada, sino una promesa frágil, incompleta, siempre condicionada.
Soy hija de la guerra. Mi historia, como la de miles en este país, está hecha de silencios impuestos, de búsquedas interminables y de una verdad que el Estado nunca quiso enfrentar. Desde ese lugar escribo hoy, a más de treinta años de la firma de los Acuerdos, en un contexto que duele y alarma: el de un país donde se habla de “logros” y “desarrollo” mientras se vacían los cimientos mismos de la democracia, donde se invoca el orden para justificar el autoritarismo, y donde la violencia estatal vuelve a ser normalizada.
Los Acuerdos de Paz prometían algo más que el fin de la guerra. Prometían verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Prometían la desmilitarización de la vida cotidiana, la construcción de instituciones democráticas, el irrestricto respeto a los derechos humanos. Prometían que nunca más el Estado sería una maquinaria de terror contra su propia población. Pero esa promesa nunca fue integrada plenamente en la sociedad salvadoreña. Los Acuerdos quedaron, en gran medida, en el papel: nominales, simbólicos, desactivados.
El Estado salvadoreño no hizo —ni quiso hacer— el trabajo profundo que implicaba honrar esos compromisos. No hubo una política sostenida de memoria. No hubo voluntad real de juzgar a los responsables de crímenes de guerra. La impunidad se institucionalizó y el olvido se administró como política pública. Las víctimas fuimos empujadas a “superar” sin verdad, a “reconciliarnos” sin justicia, a callar para no incomodar.
Hoy, ese abandono histórico de los Acuerdos se manifiesta. Vivimos en un país donde el Estado de Derecho es inexistente, donde las libertades se suprimen en nombre de la seguridad, donde se criminaliza la pobreza, se persigue la disidencia y se normalizan las violaciones de derechos humanos. Un país donde la corrupción es rampante y el poder se concentra sin controles, mientras el discurso oficial insiste en que todo está mejor.
Pero ¿mejor para quién?
Quienes más sufren son las mismas de siempre: las personas pobres, las comunidades excluidas, los cuerpos racializados, las mujeres, las juventudes de los territorios históricamente abandonados. Las víctimas de ayer y las víctimas de hoy se parecen demasiado. Cambian los nombres de los responsables, cambian un poco los uniformes, cambian los discursos y se masifican, pero la lógica de la violencia estatal persiste.
La memoria, en este contexto, no es un ejercicio nostálgico. Es una práctica política urgente. Recordar los Acuerdos de Paz no es rendirles homenaje vacío, sino confrontar lo que no se cumplió, lo que se traicionó, lo que se dejó morir. Recordar es incomodar. Recordar es negarse a aceptar que la violencia sea el precio inevitable de la gobernabilidad. Desde una mirada feminista, la memoria también es cuerpo, es herida y es experiencia vivida. Las mujeres: Madres, hijas, compañeras; hemos sostenido la memoria cuando el Estado la negó. Hemos buscado a nuestros seres queridos, hemos denunciado, hemos acompañado, hemos tejido verdad en medio del silencio. Y hoy seguimos siendo las primeras en alzar la voz frente a la repetición de las lógicas autoritarias.
Este gobierno, como otros antes, pero con más vigor, habla de paz mientras destruye sus condiciones. Habla de seguridad y valores mientras reinstala el miedo. Habla de futuro mientras clausura la posibilidad de un pasado justo. Los Acuerdos de Paz, lejos de ser una guía viva para la democracia, han sido arrinconados, olvidados, vaciados de contenido. Y cuando se los menciona, es muchas veces para deslegitimarlos, para relativizarlos, para decir que ya no importan.
Pero sí importan. Importan porque son el recordatorio de que este país ya vivió las consecuencias de un Estado sin límites. Importan porque nos enseñan que la violencia no resuelve las causas estructurales de la desigualdad. Importan porque las deudas del pasado son las crisis del presente. Importan porque sin memoria no hay paz posible.
Como constructora de memoria, me niego a aceptar que el olvido sea el destino, me niego a aceptar que la paz sea reducida a un eslogan, me niego a aceptar que se criminalice a las nuevas generaciones como si la historia no nos hubiera enseñado nada. La memoria es una forma de resistencia. Y hoy, resistir es nombrar lo que ocurre, aunque incomode, aunque tenga costos. Conmemorar los Acuerdos de Paz en este contexto no es celebrar. Es exigir. Es denunciar. Es recordar que la paz verdadera no se construye con cárceles masivas ni con silencios impuestos, sino con justicia social, con derechos garantizados, con instituciones que respondan a la gente y no al poder.
La Brújula y su espacio feminista impulsa junto a otras y no permite que la memoria sea secuestrada por el discurso oficial, ni que la historia sea reescrita para justificar el autoritarismo. Hoy, más que nunca, necesitamos una memoria incómoda, feminista, sensible y entrañable. Una memoria que no se conforme con recordar, sino que exija transformaciones reales, una memoria viva. Porque los Acuerdos de Paz no fracasaron solos: fueron abandonados y su abandono tiene responsables. La paz sigue siendo una tarea pendiente, una tarea que se hace en colectividad y para eso la memoria es nuestra brújula.