A cuatro años de la implementación del régimen de excepción en El Salvador, la organización Socorro Jurídico Humanitario presentó un informe que documenta graves violaciones a los derechos humanos, abusos contra mujeres privadas de libertad incluyendo violencia sexual, abortos forzados y prácticas crueles en los centros penitenciarios.
Por. Redacción
Socorro Juridico Humanitario (SJH) ha dado seguimiento a las violaciones a derechos humanos de personas privadas de libertad bajo custodia estatal, lo que le ha permitido identificar patrones sostenidos a lo largo de sus distintos informes. Según el Informe de muertos en prisiones de El Salvador durante 4 años del régimen de excepción, las muertes comenzaron a registrarse desde los primeros meses de la medida. En paralelo, ha documentado hechos de violencia contras las mujeres privadas de libertad.
“Existen violaciones sexuales por parte de los custodios de los centros penitenciarios y algunas mujeres a raíz de ello han resultado embarazadas estando en prisión, donde no existe ningún tipo de visita”.
El régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuido a pandillas y ha sido prorrogado de forma continua desde entonces, con la suspensión de garantías constitucionales como el derecho a la defensa y el debido proceso.
Hasta la fecha reportan 91,000 personas detenidas desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 20 de marzo de 2026, mediante el decreto de régimen de excepción que ha sido prorrogado 48 veces.
Para junio de 2022, la organización ya contaba con el registro de 41 personas fallecidas en centros penitenciarios, y en julio de ese mismo año surgieron denuncias sobre la existencia de fosas comunes. “Posteriormente, entre enero y febrero de 2024, la filtración de archivos evidenció una base de datos con casos de personas que habrían muerto por falta de atención médica en el sistema carcelario”, mencionó Ingrid Escobar, Directora SJH
En el informe se detalla que las principales causas de muerte son la negligencia médica 31.9 % y las muertes violentas 30.3 %. Un 4.6 % corresponde a enfermedades terminales, mientras que en el 32.5 % de los casos no hay información concluyente.
Fuente: Elaboración de Socorro Juridico Humanitario
En cuanto a los lugares donde ocurrieron, el 64.3 % se registró en hospitales, el 28.5 % en centros penales y el 3.6 % en viviendas, tras liberaciones recientes. El informe añade que, de las 500 personas fallecidas, 18 murieron recién liberadas y 25 fallecieron pese a contar con orden de libertad.
Estos datos se inscriben en un contexto que ya ha sido documentado por distintas investigaciones. Un reportaje publicado por este medio en 2023 sobre el hacinamiento en la Granja Penitenciaria de Izalco documentó que las mujeres embarazadas privadas de libertad han enfrentado complicaciones graves de salud, incluyendo abortos, muertes fetales y fallecimientos de sus hijxs al nacer, asociados a las condiciones de detención, torturas y altos niveles de estrés. Este escenario evidencia el incumplimiento del Estado salvadoreño de estándares internacionales sobre la protección de mujeres en contextos de encierro.
Asimismo, Escobar advirtió que el hacinamiento en las cárceles ha incidido en la muerte de cuatro bebés que permanecían en los centros penitenciarios junto a sus madres. Según explicó, las causas estarían relacionadas con la acumulación de bacterias, infecciones como la sarna y la falta de atención médica oportuna, lo que derivó en complicaciones como neumonía.
Otro de los hallazgos señalados es que el 94% de las personas fallecidas no tenía vínculos con pandillas, mientras que el 6% correspondía a personas que pertenecían o habían pertenecido a estos grupos.
El informe también advierte sobre la captura de personas adultas mayores y de trabajadores organizados. Entre estos 19 sindicalistas detenidos, de los cuales 4 son mujeres y 15 hombres.
Ante estos hallazgos, la organización hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que realice inspecciones en centros penitenciarios y documente las condiciones de las personas privadas de libertad.
A nivel internacional, organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado preocupaciones por denuncias de detenciones arbitrarias, tortura y debilitamiento del debido proceso en el marco del régimen. En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al Estado salvadoreño a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas.
El informe concluye que, a cuatro años de su implementación, el régimen de excepción deja un saldo de graves violaciones a derechos humanos que, según la organización, continúan sin investigación ni sanción.
