Santa Marta y Guarjila son territorios rurales, su población casi en su totalidad es campesina. Están separadas por más de dos horas de camino, pero las une una historia común: la organización comunitaria y la memoria histórica. Su población vivió en campamentos de personas refugiadas en Honduras a causa de la guerra. Ahí aprendieron a cuidarse de forma colectiva: compartían la comida, aprendían a leer y escribir en comunidad y las mujeres acompañaban y asistían a sus vecinas durante la dieta de parto, brindándoles apoyo y cuidados en esos días de resguardo. Hoy, mujeres de estas comunidades se organizan para prevenir la violencia de género y para generar espacios de encuentro y cuidado. En otra zona, igualmente rural, jóvenes de la comunidad Cristo Redentor en Ayutuxtepeque, construyen espacios cercanos para hablar de prevención de embarazo adolescente y del derecho a decidir. Redes que construyen desde la colectividad, como respuesta a una política de seguridad nacional y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022, que no ha significado una garantía de protección para las mujeres en las calles o sus hogares, donde se invierten recursos en militarización y se desmantelan programas de atención especializada, impactando con mayor fuerza en la vida de mujeres y adolescentes de la ruralidad.
Redacción: Reiny Ponce y Vilma Laínez
Fotografías: Cortesía comunidad de Santa Marta y Guarjila
Nueve mujeres se sientan en círculo con cuadernos y lapiceros en mano. Pronto, comienzan a trazar las estrategias que pondrán en marcha este año con un objetivo claro: prevenir la violencia de género antes de que toque otra puerta. Aquí, en el local donde antes funcionaba una panadería comunitaria, ellas han levantado la Casa de la Mujer de la comunidad de Santa Marta. En un territorio donde la presencia del Estado escasea, se han convertido en una red de protección para sus vecinas y para ellas mismas. Las nueve mujeres conforman la junta directiva de la Unión de Mujeres Diversas de Santa Marta, un espacio que fue fundado en 2005 por mujeres organizadas de la comunidad y sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña.
Leticia Membreño de 50 años es la presidenta de esta Unión. Fue elegida en diciembre del año pasado junto a la nueva junta directiva que liderará las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, para los próximos dos años. El sábado 21 de febrero, Leticia llega a la Casa de la Mujer para explicarnos las acciones que como organización han planificado para este 2026.
“Tenemos, por ejemplo, una caminata por la salud en el marco del Día Internacional de las Mujeres”, cuenta. Saben que la violencia de género es amplia y afecta la vida de las vecinas en casi todos los aspectos. Para luchar contra un problema tan grande, han puesto en marcha tantas estrategias como les es posible gestionar: torneos de fútbol entre mujeres jóvenes y adultas, creación de murales, clases de aeróbicos, etc.
En Santa Marta se ha identificado que las principales violencias que se ejercen contra las vecinas son: la psicológica, marcada por humillaciones y descalificaciones, seguida de la violencia sexual, acompañada de acoso y control sobre los cuerpos de las mujeres. La violencia económica y física también prevalecen. El estudio fue desarrollado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social “Santa Marta” (ADES) y mujeres de la comunidad en 2024 y advierte que estas agresiones afectan a mujeres de todas las edades.
Leticia viene de procesos formativos desde niña. Fue combatiente de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y desde que llegó a la comunidad después de vivir refugiada en Honduras no ha parado de participar en los espacios organizativos. Ha sido parte de la ADESCO de Santa Marta y de la Cooperativa de Tierras Nueva Heroica. Y aunque fue parte de las fundadoras de la Unión de Mujeres, es la primera vez que asume como presidenta.
La Unión de Mujeres está integrada por 60 santamarteñas: hay madres, sobrevivientes de violencias, jóvenes de la diversidad sexual y profesionales.
Una de las actividades más simbólicas que realiza la Unión de Mujeres cada año es el encuentro deportivo de fútbol entre mujeres adultas de la comunidad. La jornada forma parte de las Fiestas de Regreso a Casa, celebradas cada 10 de octubre. Más que competir, las mujeres buscan encontrarse, reír y ocupar —aunque sea por unas horas— un espacio recreativo que históricamente ha sido dominado por los hombres.
El encuentro que anualmente se desarrolla ante la mirada de decenas de personas tanto de la comunidad como de visitantes, comienza con un minuto de silencio en memoria de las mujeres que han fallecido, ya sea a causa de la violencia de género o de enfermedades crónicas. En el del año pasado, tomadas de la mano, formaron un círculo y guardaron silencio. Luego, la presidenta de la Unión de Mujeres les recordó el sentido y la importancia del partido.
Alba Laínez, de 52 años, es una de las participantes que asiste año tras año a ese encuentro. Para ella, la actividad representa una oportunidad para salir de casa y hacer una pausa en la rutina de cuidados no remunerados diaria. “Me gusta jugar porque todo el año estamos solo en nuestros hogares haciendo oficio y siento que nos venimos a desestresar y a reír”.
Sembrando esperanza
En Guarjila, 105 mujeres que conforman la Asociación Mujeres Unidas Sembrando Esperanza se reúnen en la Casa Los Talleres, que es una casa de la comunidad que ocupan las personas para realizar sus actividades, una vez al mes para hablar, reflexionar sobre sus derechos y sobre cómo erradicar la violencia contra las vecinas de la comunidad. La asociación está por cumplir tres años de haberse constituido legalmente, pero las integrantes han participado en el tejido asociativo desde tiempo atrás. Ejemplo de ello es Juana Morales, de 56 años, quien es la presidenta de la asociación y desde niña participó en procesos comunitarios.
La asociación que preside gestiona actividades recreativas y talleres sobre valores y derechos donde siembran una certeza sencilla y poderosa: la violencia no es normal. En estos espacios, las mujeres también han llegado a hablar y cuestionar prácticas arraigadas, como los matrimonios forzados a temprana edad y la violencia cotidiana que viven algunas mujeres de la comunidad.
“Se analiza que las mujeres están levantadas a las cuatro de la mañana y el esposo o el hijo les dicen que no trabajan, que no tienen derecho a vender el maíz que cultivan. Entonces, en cada actividad tratamos un tema que va enfocando en dialogar y analizar qué cosas podemos hacer”, explica la líder comunitaria.
Para erradicar esta violencia económica y alimentaria, que son de las principales violencias que también reconocen las mujeres en esta comunidad, impulsan jornadas sobre independencia económica, soberanía alimentaria y autonomía. A través de sus redes sociales subrayan que una soberanía alimentaria liderada por mujeres fortalece su autonomía y garantiza recursos para ellas y para las nuevas generaciones.
Edith Guardado, de 39 años, participa en las actividades que se autogestionan desde Guarjila. “La Asociación ha ayudado mucho a que las mujeres en cada encuentro participen, opinen. Antes no tenían un espacio para participar”, sostiene.
La Asociación Mujeres Unidas Sembrando Esperanza entiende que la vida comunitaria solo se sostiene si involucra a todas las personas que la conforman: mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños. Invitan a los hombres a participar para que aprendan sobre lo que hablan y no reproduzcan violencias en sus casas.
Ante limitantes como las distancias geográficas donde las mujeres tienen que viajar a las cabeceras departamentales para acceder a servicios de atención especializada como el Observatorio de Violencia contra las mujeres (UNIMUJER-ODAC), crean estrategias de prevención de la violencia.
Quienes conforman la asociación también acompañan a víctimas de casos de agresión física y psicológica. Pueden actuar como mediadoras, dialogando con la persona que ejerció violencia o incluso llevar el caso hasta las autoridades y buscar medidas de protección jurídica.
“Me alegra mucho cuando veo a muchas mujeres hablando ya con mucha libertad de decir: ´Yo decido por mí”, explica Juana Morales, presidenta de la asociación. Por ahora, ella está enfocando esfuerzos en el trabajo con infancias. “A través de juegos tradicionales y croché, les voy integrando en el tema de los valores y de los derechos”, comenta. “Son pequeños y pequeñas de 9 a 14 añitos, y yo digo, ´estas son las niñas y los niños que vamos a ir tomando’. Así les digo: ´ustedes no tienen que permitir que les hagan violencia´”.
La prevención de la violencia nace en comunidad
Santa Marta y Guarjila son cantones rurales. Su población casi en su totalidad es campesina. Están separadas por más de dos horas de camino, pero las une una historia común: la organización comunitaria y la memoria histórica. Su población vivió en campamentos de personas refugiadas en Honduras a causa de la guerra. Ahí aprendieron a cuidarse de forma colectiva: compartían la comida, aprendían a leer y escribir en comunidad y las mujeres acompañaban y asistían a sus vecinas durante la dieta de parto, brindándoles apoyo y cuidados en esos días de resguardo.
Ahora, sus habitantes sobreviven de lo que siembran, de ganado, animales de corral, pequeños comercios, jornadas de albañilería y las remesas que llegan desde Estados Unidos. Santa Marta tiene una población aproximada de 2,900 personas, según datos locales, mientras que la población de Guarjila es de 2,246 personas, incluyendo el caserío Guancora.
Estos territorios se caracterizan por la autogestión de proyectos comunitarios ante el abandono estatal. Santa Marta, por ejemplo, ha reparado sus caminos vecinales con recursos propios. A pesar de que las comunidades pertenecen a municipios gobernados por el partido oficial Nuevas Ideas.
Desde 2021, las comunidades se han visto afectadas en reducciones de fondos como el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, dinero utilizado para proyectos de gobiernos locales, del 10% se redujo al 1.5%, y la centralización de los mismos en la Dirección de Obras Públicas y Municipales.Y aunque cada comunidad tiene su propio ritmo y estrategias, ambas comparten la convicción de que la protección no puede depender únicamente de instituciones lejanas. Juana cuenta que tiene que viajar desde Guarjila hasta el Centro de Chalatenango para solicitar apoyo del gobierno distrital para realizar sus actividades, sin embargo no les han brindado.
La mayoría de las acciones comunitarias que realizan nacen de sus propias vivencias como mujeres rurales: los retos de las maternidades de quienes participan, la falta de recursos para moverse de un lugar a otro, las sobrecargas de cuidado, sus enfermedades, la baja escolaridad, etc.
Con la autogestión identifican necesidades y, con los recursos limitados que tienen, les dan respuesta. Por ejemplo, la caminata grupal que han planificado surge de darse cuenta de cómo algunas de ellas padecen enfermedades crónicas y no cuentan con espacios propios donde hablar de lo que les sucede. “Por estar siempre enfocadas en el quehacer del hogar, nunca nos damos ese espacio, nunca nos damos tiempo para salir a estas actividades”, explica.
Para Leticia, estas acciones ayudan a que, en grupo, las vecinas se atrevan a nombrar la violencia que viven o presencian. «Hay mujeres que sí han logrado identificar que los derechos de las mujeres nos pertenecen y los tenemos que defender”, detalla.
La estrategia nacional frente a la estrategia comunitaria
Estas dos organizaciones, al trabajar directamente en el territorio, tienen acceso especial al tejido comunitario local. Y por ello, logran construir diagnósticos específicos para su comunidad, como en el caso de Santa Marta.
En El Salvador se registraron entre los años 2019 y 2022, último que generaron reporte: 93,593 hechos de violencia contra mujeres, de acuerdo con el Informe de Hechos, Estado y Situación de la Violencia contra las mujeres 2022. El documento, sin embargo, presenta cifras desagregadas por departamento, no por zonas urbanas y rurales, lo que impide dimensionar con precisión cuántos de estos delitos ocurren en comunidades alejadas de la capital, espacio donde se concentran la mayoría de los servicios de atención especializada
En el país las instituciones estatales no publican datos oficiales sobre hechos de violencia contra las mujeres desde el 2022, incumpliendo el artículo 30 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres que establece que el Sistema Nacional de Datos es el encargado de procesar estadísticas e información sobre estos hechos.
La información se ha clasificado en reserva, confirma el Informe Anual 2022-2023 de ORMUSA. Las estadísticas del sitio web de la FGR entre los años 2022 y 2025 reflejan categorías sobre violencia como “intolerancia familiar”, pero en ninguna se hace referencia específica a la violencia diferenciada por género que experimentan las mujeres. Eso, a pesar de que la memoria de labores de dicha institución del 2024 al 2025 registra más de 8 mil delitos de violencia contra las mujeres. Algo similar sucede con la Policía. La memoria de labores de la Policía Nacional Civil refleja únicamente datos sobre homicidios de 2024. Y el Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer tampoco brinda información diferenciada. En sus memorias de labores tienen estadísticas sobre atenciones de violencias, pero no se actualizan desde 2021.
El principal escenario de violencia feminicida es el área rural, de acuerdo con una investigación de El Diario de Hoy que retoma estadísticas hasta 2022. El 39.2 % de los casos se registraron en estos territorios, en comparación al 32.2% registrado en las zonas urbanas. Y al consultar fuentes de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz (ORMUSA) se alerta sobre la persistencia de la violencia feminicida en áreas rurales y las barreras que enfrentan las mujeres para denunciar de forma oportuna, como la distancia hasta las instituciones estatales y la limitada presencia policial en algunas comunidades.
El régimen de excepción, la estrategia de seguridad salvadoreña, aprobado en marzo de 2022, una medida que se enfocó en el control de grupos criminales, no garantiza la seguridad de las mujeres en las calles o sus hogares. Así lo han advertido organizaciones feministas que sostienen que la lógica punitiva se ha concentrado en la captura de presuntos integrantes de estructuras criminales, mientras las mujeres continúan sin mecanismos efectivos de protección, solo en 2025 ORMUSA registró 26 casos de feminicidios. Los hechos de violencia contra las mujeres siguen ocurriendo, pero se invisibilizan bajo una narrativa de seguridad nacional.
Mientras se invierten recursos en militarización se desmantelan programas de atención especializada. El del Instituto del Desarrollo de la Mujer también se vio afectado con los recortes presupuestarios como se visibiliza en los presupuestos entre los años 2020 y 2021 del Plan Nacional de Igualdad 2021-2025.
La falta de gobernanza con enfoque de género también ha sido criticada por la agrupación Resistencia Feminista recientemente en conferencia de prensa. Ellas hacen referencia al desmantelamiento de servicios y políticas públicas que fueron conquistas históricas del movimiento de mujeres “atención especializada en salud, presupuestos para programas o acciones para prevenir la violencia, programas para mujeres rurales y jóvenes, políticas con enfoque de género, acciones para la población LGBTIQ+ y la defensa integral de los derechos humanos”.
A estos retrocesos se suman los recortes de fondos con los que las organizaciones de mujeres sostenían la prevención de la violencia en las comunidades, tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) en 2025, estableciendo obligaciones para las organizaciones. Las dos asociaciones eran apoyadas por instancias que han sido afectadas con recortes de fondos de la cooperación internacional.
En Santa Marta, para garantizar el desarrollo de las actividades programadas para este año, han reforzado el cobro de cuotas atrasadas que como socias aportan anualmente. También hacen cenas benéficas de recaudación de fondos o tardes alegres para vender platillos típicos. Tareas que ahora son necesarias para hacer sus actividades de autocuidado y formación, pero que, ahora, implican más carga de trabajo. En Guarjila, algunas de las actividades planificadas para este año se realizarán sin fondos, otras con el apoyo de proyectos que vienen gestionando con organizaciones sociales.
Para Silvia Juárez, coordinadora del Programa para una Vida Libre de Violencia de ORMUSA, con estos retrocesos se “incumple la Constitución al no garantizar a las mujeres igual ciudadanía plena, (ni) presupuestos equitativos basados en las necesidades específicas de las mujeres”. La especialista en violencia de género considera que la organización territorial debe ser uno de los ejes que más se potencian. Sin embargo, en organizaciones como estas hace falta inversión estatal.
La líder comunitaria de Santa Marta, Leticia, cree saber la razón de los obstáculos que organizaciones como la suya enfrentan: “Estos son grupos que están despertando pensamiento, abriéndole la mente a las mujeres”.
¿Cómo se ven afectadas las niñas ante los retrocesos?
Las cifras evidencian la relación entre embarazo adolescente y violencia sexual que ocurre en el país. Aunque las comunidades como Santa Marta y Guarjila sigan trabajando en prevenir la violencia, los departamentos a los que pertenecen, Cabañas y Chalatenango, siguen siendo afectados por embarazos forzados y violencia sexual. De acuerdo al Mapa de embarazos del UNFPA de 2025 los grupos más afectados por embarazos rondan las edades de 15 a 17 años. En Chalatenango el 37% de casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes derivó en embarazo mientras que en Cabañas un 40%.
El doctor Mario Iraheta, representante del UNFPA en El Salvador, advierte que la vulnerabilidad es mayor en zonas rurales y territorios con altos niveles de exclusión social. “Esto indica que las respuestas deben ser cada vez más focalizadas y adaptadas a las realidades específicas de cada territorio”, señala.
De acuerdo con el Observatorio de Violencia de la Organización Salvadoreña de Mujeres por la Paz (ORMUSA), entre junio de 2024 y mayo de 2025 se registraron 8,000 casos de violencia sexual, lo que refleja la magnitud de esta problemática en el país.
Además, las niñas y adolescentes en El Salvador continúan enfrentando problemáticas para acceder a una educación sexual integral. En 2022 el Ministerio de Educación pidió retirar material relacionado con educación sexual y violencia de género de las escuelas públicas.
Para Mayra Bolaños, coordinadora del Programa de derechos sexuales y reproductivos de ORMUSA, los principales retos que enfrenta el país incluyen los cambios en la currícula educativa, la falta de presupuesto para programas de prevención del embarazo adolescente, la reducción de la cooperación internacional y la disminución de acciones de prevención de la violencia.
La investigación “Maternidades forzadas en adolescentes y jóvenes (estudio de casos)”, elaborada en 2019 por Las Mélidas, señala que el embarazo en adolescentes constituye un fenómeno que vulnera directamente la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos de las mujeres. A esto se suma la penalización absoluta del aborto en el país desde 1997, un tema que continúa generando controversia y limitando las opciones de las jóvenes.
Ante la falta de información pública, se realizaron solicitudes de acceso al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación sobre niñas y adolescentes embarazadas que estudiaban en centros escolares y desertaron a causa de un embarazo. Sin embargo, hasta el cierre de este texto no se obtuvo respuesta. Tampoco hubo información sobre inscripciones prenatales de niñas y adolescentes ni sobre casos de embarazos derivados de violación o estupro entre los años 2024 y 2025.
Sembrando saberes
En otras comunidades de San Salvador, las propias jóvenes también han decidido organizarse para prevenir la violencia, hablar sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazos. Un ejemplo es la Colectiva Guardianas de Ayutuxtepeque.
Cada primer fin de semana de cada mes, quince mujeres jóvenes de la comunidad Cristo Redentor en Ayutuxtepeque se reúnen en la casa de una de sus integrantes para planificar sus actividades. Colocan sillas, forman un círculo y toman café, escuchan sus problemas, las necesidades y buscan soluciones para resolver las problemáticas que viven las niñas, adolescentes y jóvenes.
La comunidad, Cristo Redentor, se encuentra en la capital, San Salvador; es una zona rural, vulnerable, donde han vivido violencias. Son jóvenes madres, pero a partir de sus vivencias decidieron organizarse para que las niñas, adolescentes y jóvenes de su comunidad construyeran proyectos de vida y conocieran sus derechos.
En 2023 nombran a su colectiva como “Guardianas de Ayutuxtepeque”, que consolida el proceso organizativo que construyeron desde el 2015, unas participando desde su adolescencia y otras siendo jóvenes. Las Guardianas de Ayutuxtepeque han creado un proceso comunitario, construido desde la confianza y la transmisión oral de saberes. Ellas comparten experiencias, información y se dan acompañamiento, hablando sobre temas como las infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, prevención de embarazos y el acceso a la información sobre el derecho a decidir. Desde este enfoque, las jóvenes no solo aprenden, sino que también se han convertido en referentas y en apoyo para otras dentro de su comunidad.
Cuando abordan temas sobre derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazos, una noche antes salen a visitar las casas de las niñas, adolescentes y jóvenes para invitarlas a conversar. No tienen un local fijo, por lo que se rotan las casas de cada una las integrantes de la colectiva para encontrarse. Allí se sientan y les explican a las participantes los temas, sobre sus derechos.
“Les explicamos que un embarazo complica varias cosas, deja de estudiar y deja de hacer cosas. Además, las jóvenes van reflexionando y ellas deciden si quieren o no tener hijos”,
Pero estas jóvenes primero se formaron en una organización feminista y decidieron devolver el conocimiento a su comunidad mediantes reuniones, cuenta Pamela, una de sus integrantes y quien comenzó organizar a jóvenes. “Hablamos sobre el derecho a decidir, derechos sexuales y reproductivos y temas que no se ven en la escuela. En las reuniones no tenemos computadora, ni cañón, solo se habla verbalmente. Aunque tenemos dificultades para hablar sobre estos temas porque hay machismo, tampoco tenemos local y hay personas que se burlan de lo que hablamos, aun así seguimos luchando para que todas tengan conocimiento”.
Las Guardianas de Ayutuxtepeque conversan sobre temas considerados tabú dentro de la comunidad, “seguimos tratando que las más pequeñas lleguen a los talleres. Aconsejamos a otras sobre qué métodos anticonceptivos pueden usar y eso les ayuda a no tener embarazos no deseados, a evitar enfermedades, hablamos temas que no les enseñaron a nuestras mamás”, expresa una de las integrantes de la colectiva.
Las jóvenes de la comunidad acuden a las integrantes de la colectiva cuando tienen dudas o necesitan apoyo con el tema de embarazos y métodos anticonceptivos. “Una compañera ayuda a proporcionar condones, pruebas de embarazos, a gestionar espacios para pasar consulta en la clínica de la comunidad, da los talleres donde habla sobre los métodos anticonceptivos. Nosotras damos consejos, herramientas para que ellas puedan decidir. Muchas llegan nulas de conocimiento y otras conocen poquito”.
En años anteriores para prevenir la violencia en su comunidad hacían torneos de softball, tardes de películas, videos, campañas en redes sociales, participan en marchas sobre el derecho a decidir, pero se han limitado a hablar públicamente.
Ellas cuentan que siguen abordando temas sobre el derecho a decidir, derechos sexuales y reproductivos y prevención de embarazos desde el arte, usando sus voces, también teniendo encuentros para compartir un refrigerio, un café y seguir hablando sobres estos temas.
En un contexto donde los programas institucionales se reducen y el acceso a la educación sexual, prevención de la violencia es limitada, estas iniciativas comunitarias se convierten en una forma de resistencia cotidiana. Desde lo simple: una conversación, un consejo, un círculo de confianza, las jóvenes siembran conocimiento y acompañamiento para que otras puedan tomar decisiones informadas sobre sus vidas.
*Este trabajo fue realizado por medio de la Beca Zarelia- Poder Elegir, impulsada por Festival Zarelia, Fundación El Churo y Wambra.
Zarelia: www.festivalzarelia.com
Wambra: www.wambra.ec
Poder Elegir: https://www.poderelegir.org/
Churo: https://elchuro.org/
